Juzgado CA nº 1 de Salamanca. Sentencia de 23/3/2008. Ayuntamiento de Béjar debe adoptar de inmediato las medidas necesarias para evitar el botellón.
'Botellón' en zona de Regajo vulnera derecho fundamental a la intimidad de los recurrentes. Obligación del Ayuntamiento de pagar 6.000€ a cada uno y adoptar las medidas necesarias para evitar dicha práctica

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JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1
SALAMANCA
Procedimiento Ordinario nº 200/2006

SENTENCIA nº 135/08

  En Salamanca, a veintitrés de Marzo de dos mil ocho,
  Mª Teresa Alonso de Prada, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Salamanca, habiendo visto el presente recurso contencioso administrativo, Procedimiento Ordinario nº 200/2006, seguido ante este Juzgado contra la resolución desestimatoria del Ayuntamiento de Béjar ante la denuncia-solicitud presentada por los recurrentes en su escrito de 19-05-2006, siendo partes: como recurrentes, D. Pedro Ramón Servate Díaz y Dª Silvia María Hernández Martín, representados por la Procuradora Dª Patricia Martín Miguel y defendidos por el letrado D. Agustín Bocos Muñoz; y de otra, como demandado, el Ayuntamiento de Béjar (Salamanca) representado por la Procuradora Dª Laura Nieto Estella y defendido por la Letrada Dª Mercedes Coll Tellechea. Que versa sobre medidas protectoras a adoptar por el Ayuntamiento frente a molestias y ruidos derivados del “Botellón”.

ANTECEDENTES DE HECHO

  PRIMERO.- Por la representación procesal de los actores se presentó escrito registrado en el Decanato en fecha 11-10-2006 interponiendo recurso contencioso administrativo frente a la desestimación tácita de la denuncia-reclamación presentada por los recurrentes ante el Ayuntamiento de Béjar el 19 de junio (ha de decir mayo) de 2006 y dirigida al Sr. Alcalde de referido Ayuntamiento, en que solicitaba se adoptaran las medidas necesarias que eviten las aglomeraciones de personas, las concentraciones de vehículos y el uso incívico que se viene dando a la vía pública así como el consumo de drogas y alcohol y la emisión de ruido por encima de los niveles permitidos en el Decreto 3/1995 al amparo del art. 29.2 de la LO de protección ciudadana, art. 46.1 c) de la Ley de Bases del Régimen local, a los efectos previstos en el art. 29.1 de la LJCA.

  SEGUNDO.- Reclamado el expediente administrativo, una vez recibido, la parte actora formalizó la demanda basándose en los hechos y fundamentos de derecho que se dan por reproducidos, suplicando se dicte sentencia por la que con estimación de la demanda: Se declare no conforme a Derecho la inactividad del Ayuntamiento de Béjar ante la reclamación formulada por los recurrentes el 19 de mayo de 2006, o subsidiariamente su desestimación tácita que deberá ser declarada nula, y debiendo cesar de inmediato dicha inactividad. Se condene a referido Ayuntamiento a cumplir en lo sucesivo sus concretas prestaciones legales en materia de orden público, policía, sanidad y medio ambiente, debiendo adoptar de inmediato las medidas de policía necesarias para evitar el “botellón” en la zona del Regajo de Béjar. Que se reconozca la situación jurídica individualizada a los recurrentes de daños a su salud y violación de su derecho fundamental a la inviolabilidad de su domicilio, debiendo en restablecimiento de sus derechos indemnizables el Ayuntamiento demandado en la cantidad de 6.000 Euros a D. Ramón Servate y a Dª Silvia Hernández en la cantidad de 12.000 Euros más los intereses legales. Que se le condene al pago de las costas de este procedimiento y solicitó mediante otrosí digo el recibimiento del juicio a prueba.

  TERCERO.- Dado traslado de la demanda al Ayuntamiento demandado, por su Procuradora se presentó escrito de contestación, alegando con carácter previo la existencia de prejudicialidad penal al estar iniciado un procedimiento penal por los mismos hechos que se invocan en la demanda; inadmisibilidad del recurso por referirse a actos no susceptibles de impugnación (art. 69, c) LJCA), porque la desestimación presunta impugnada no pone fin a la vía administrativa y no resulta impugnable en vía jurisdiccional conforme al art. 25 en relación con el art. 109 Ley 30/1992; y se opone en cuanto al fondo basándose en las alegaciones que tuvo por conveniente, solicitando se dicte sentencia por la que se declare la inadmisibilidad del recurso o, subsidiariamente, se declare su íntegra desestimación por ser conforme a derecho el acto impugnado, todo ello haciendo expresa imposición de costas a los recurrentes y con lo demás que en derecho proceda, interesando mediante otrosí digo el recibimiento del pelito a prueba.

  CUARTO.- En Auto de fecha de 15-02-2007 se fijó en 18.000 € la cuantía del recurso y se recibió el pleito a prueba, formándose piezas de prueba con las propuestas por cada parte, practicándose las admitidas con el resultado obrante en autos.

  QUINTO.- Finalizado el período de prueba, se presentaron escritos de conclusiones por las partes, quedando los autos en poder de la Juzgadora para dictar la resolución procedente, declarándose en providencia de fecha actual los autos conclusos para dictar sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

  PRIMERO.- En el presente recurso se impugna la desestimación presunta de la denuncia-reclamación presentada por los actores ante el Ayuntamiento de Béjar en su escrito registrado en fecha 19 de mayo de 2006 y dirigido al Sr. Alcalde de referido Ayuntamiento, en el que después de poner de manifiesto que en la zona del Regajo de Béjar se venía produciendo desde hacía tiempo el denominado “Botellón” durante los fines de semana y principalmente en época estival, concentración de personas que generaba ruidos que hacían imposible conciliar el sueño a los vecinos hasta altas horas de la madrugada y el consumo de alcohol y drogas de forma descontrolada y por menores de edad y que allí se realizaban actos imprudentes y temerarios con los vehículos, todo lo cual impedía el derecho de descanso y a la intimidad de los vecinos de la zona, la pacífica utilización de la vía pública y alteraba la seguridad colectiva, solicitaban que se adoptaran las medidas necesarias que eviten las aglomeraciones de personas, las concentraciones de vehículos y el uso incívico que se venía dando a la vía pública así como el consumo de drogas y alcohol y la emisión de ruido por encima de los niveles permitidos en el Decreto 3/1995 al amparo del art. 29.2 de la LO de protección ciudadana, art. 46.1 c) de la Ley de Bases del Régimen local. Se pretende por la parte actora en la demanda que se declare no conforme a derecho la inactividad del Ayuntamiento demandado ante su reclamación o subsidiariamente la nulidad de la desestimación tácita mencionada, el cese de la inactividad y se condene al Ayuntamiento a cumplir las concretas prestaciones legales en materia de orden público, policía, sanidad y medio ambiente, debiendo adoptar de inmediato las medidas de policía necesarias para evitar el “botellón” en la zona de Regajo de Béjar y el reconocimiento de la situación jurídica individualizada de daños a su salud y violación de su derecho fundamental a la inviolabilidad de su domicilio, solicitando indemnización de 6.000 € a favor de D. Ramón Servate y de 12.000 € a favor de Dª Silvia como restablecimiento de sus derechos.

  La Administración demandada invoca con carácter previo la inadmisibilidad del recurso por prejudicialidad penal al existir un proceso penal pendiente como consecuencia de la denuncia de los mismos hechos que son objeto de la demanda; la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo alegando que la desestimación presunta por silencio de la solicitud de los actores se trata de un acto no susceptible de impugnación, (art. 69, c) LJCA), porque no pone fin a la vía administrativa y no resulta impugnable en vía jurisdiccional conforme al art. 25 en relación con el art. 109 Ley 30/1992; y se opone en cuanto al fondo del asunto, alegando que no resulta posible la impugnación por el cauce de la inactividad del art. 29.1 de la LJCA, que exige que de forma clara conste un acto, contrato o convenio administrativo de los que resulte de forma indubitada que la Administración esté obligada a realizar una prestación concreta a favor de una o varias personas determinadas; que la intervención solicitada consiste en adoptar medidas policiales para evitar la práctica del botellón, que no es una actividad ilícita por sí, consagrando la Constitución de un derecho de reunión y de legalidad, al que debe adecuarse la actuación de los cuerpos y fuerzas de Seguridad conforme al art. 5.1 LO2/1986; no ha existido incumplimiento de las funciones del Cuerpo de policía local ni cabe su intervención en los términos solicitados por los actores, no pudiendo pretenderse la acción policial en los términos que éstos solicitan, no estando prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en la zona de el Regajo al concurrir la excepción prevista en el art. 23.5 g) de la Ley 3/1994, que excepciona de la prohibición de consumir bebidas alcohólicas en la vía pública cuando se trate de terrazas o veladores; no cabe el reconocimiento de la situación jurídica individualizada con resarcimiento de daños y perjuicios, porque tal situación no ha sido alterada en virtud de un acto o disposición municipal que se invalide, la causa directa de los perjuicios alegados por los recurrentes no derivan de un acto o disposición municipal sino de la propia celebración del botellón, que no puede imputarse a la responsabilidad de la Administración, la cual tanto antes como después de la solicitud de los actores ha ejercido una actividad constante dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias y porque tal pretensión de resarcimiento no ha sido formulada en vía administrativa.

  SEGUNDO.- En primer lugar procede poner de manifiesto que independientemente de que existiera incoado un procedimiento penal en virtud de querella formulada por los hoy recurrentes frente al Sr. Alcalde del Ayuntamiento demandado que por aquel entonces era D. Alejo Riñones, por supuesto delito de prevaricación ambiental por una conducta omisiva y deliberada de desatención ante las peticiones de los querellantes y otras personas para solucionar los problemas del ruido e higiene, que se producen en la zona del Regajo por el llamado “botellón”, tal prejudicialidad ha desaparecido durante la tramitación de la causa puesto que se ha dictado auto de 10-04-2007 por la Audiencia Provincial de esta ciudad desestimando el recurso de apelación interpuesto por los querellantes -hoy demandantes- frente al auto de sobreseimiento libre y archivo dictado por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Béjar de 18 de diciembre de 2006 en aquel procedimiento penal (vid. doc. 16 de la demanda y copia del auto de la Audiencia Provincial aportado por la Administración demandada en su escrito registrado en este Juzgado el día 27-04-2007).

  TERCERO.- En cuanto a la causa de inadmisibilidad invocada por la Administración demandada, conviene precisar en primer término cuál es el acto o actividad administrativa objeto de impugnación en el presente recurso, pues si bien en la demanda la parte actora invoca como tal la inactividad de la Administración demandada ex art. 29.1 de la LJCA, lo cierto es que en el escrito de interposición del recurso, en que la parte actora individualiza el acto objeto de impugnación delimitando al mismo tiempo, el objeto del recurso, cita como acto impugnado la desestimación presunta frente a la solicitud de los recurrentes presentada ante la Administración en fecha de 19 de mayo (por error se dice junio en dicho escrito) de 2006, acompañando al escrito de interposición la solicitud mencionada reseñada en el antecedente de hecho primero de esta sentencia. Siendo ello así, es evidente que no puede admitirse y supondría una desviación procesal pretender luego en la demanda impugnar la inactividad ex art. 29.1 de la LJCA instando las pretensiones conforme al art. 31.2 según se solicita en la demanda con carácter principal (vid. fundamento de derecho quinto y pretensión principal ejercitada en el suplico), teniendo establecido la Jurisprudencia al respecto, entre otras, en la STS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, de 18 de Marzo de 2002 que es en el escrito de interposición del recurso, en el que la parte actora, tiene la carga de individualizar el acto objeto de impugnación delimitando, al mismo tiempo, el objeto del recurso, de forma que éste no puede alterarse ya en el escrito de demanda, salvo en los casos de ampliación del recurso que autoriza el artículo 36.1 de la LJCA y dice: “Debe existir, como señala jurisprudencia constante de esta Sala, una concordancia obligada entre los escritos de interposición y el de demanda. El escrito de interposición del recurso, al concretar los actos administrativos referidos a la materia litigiosa, expresa el objeto preciso sobre el que ha de proyectarse la función revisora de este orden de jurisdicción contencioso-administrativa, ya que marca los límites del contenido sustancial del proceso (sentencias de 22 Ene. 1994, 2 Mar. 1993, 30 Mar. 1992 y 11 Sep. 1991, entre otras muchas). Si se alteran los actos impugnados en el momento procesal ulterior de la demanda se incurre en desviación procesal, que acarrea inexorablemente la inadmisibilidad del recurso frente a ellos”. Así se ha pronunciado también la STS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, S de 5 de Julio de 2004 después de analizar los artículos 57 y 69 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956 vigente en la fecha en que se interpuso el recurso contencioso-administrativo objeto de casación, que regulaban el escrito de interposición del recurso y la demanda, y que tiene su correspondencia con los arts. 45.1 y 56.1 de la LJCA vigente, al establecer que “...debe darse entre ambos una estrecha correlación, consistente en que la demanda no puede referir la impugnación a actos o disposiciones no mencionadas en el escrito de interposición. Por consiguiente, la fijación del acto objeto del recurso se hace en el escrito de interposición y ninguna norma procesal permite cambiar el objeto del proceso en la demanda”.

  No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que en la demanda subsidiariamente se pretende la anulación de la desestimación tácita, siendo la resolución presunta el acto inicialmente impugnado en el escrito de interposición del recurso, el objeto de este recurso se ha de ceñir a examinar la legalidad de la referida resolución desestimatoria presunta y determinar si procede acceder a la pretensión anulatoria subsidiaria ejercitada y al resto de las pretensiones contenidas en el suplico de la demanda que resulten coherentes con el acto administrativo impugnado.

  Antes de entrar a analizar el fondo del asunto, procede analizar en primer término si concurre respecto del acto impugnado la causa de inadmisibilidad del art. 69, c) LJCA invocada por la Administración demandada, según la cual tal desestimación presunta no pone fin a la vía administrativa y no resultaba impugnable en vía jurisdiccional conforme al art. 25 LJCA en relación con el art. 109 Ley 30/1992.

  Tal causa de inadmisibilidad ha de ser rechazada por cuanto que conforme al art. 25 de la LJCA, son susceptibles de impugnación en vía contencioso-administrativa los actos presuntos de la Administración que pongan fin a la vía administrativa, debiendo ponerse de relieve que el acto impugnado pone fin a dicha vía al tratarse de una resolución -presunta- de órgano administrativo (Ayuntamiento) que carece de superior jerárquico (art. 109. c) Ley 30/1992), debiendo puntualizarse que si bien podría admitirse que existe una interposición prematura del recurso dado que ha sido interpuesto antes de existir acto presunto ya que a la fecha de la interposición -11-10-2006- no habían transcurrido los seis meses previstos en el art. 42.2 Ley 30/1992 en que la Administración debía haber dictado resolución expresa, circunstancia ésta que no ha sido siquiera alegada por la Administración demandada como fundamento de la inadmisibilidad que invoca, no obstante, se ha de precisar que la misma tampoco daría lugar a apreciar la causa de inadmisibilidad invocada por cuanto que conforme tiene establecido la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª, de 10 de Julio de 1993, ante un caso similar al presente en que en la sentencia impugnada en casación había declarado la inadmisión del recurso contencioso administrativo por entender que cuando se interpuso el recurso no habían transcurrido los plazos exigidos legalmente para que conforme al ordenamiento jurídico, pudiera estimarse producida la desestimación presunta por silencio administrativo del acto, entendiendo que al no haber desestimación presunta, no existía acto administrativo susceptible de impugnación en vía jurisdiccional, puso de manifiesto el Tribunal Supremo que: “La interpretación que hace la Sala de primera instancia de los arts. 94.1 LPA y 38.1 LJCA vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido por el art. 24.1 CE y contradice abiertamente lo dispuesto por el art. 11.3 LOPJ, según el cual “los Juzgados y Tribunales de conformidad con el principio de tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 CE, deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen, y sólo podrán desestimarse por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanase por el procedimiento establecido en las leyes”.

Es evidente, y así lo reconoce la propia sentencia apelada, que, ante el silencio de la Administración, el peticionario de la exención de visado, transcurridos 3 meses desde la presentación de su solicitud, dedujo reclamación en queja, equivalente a la denuncia de mora, y si bien es cierto que no aguardó el transcurso de otros 3 meses para interponer el recurso contencioso-administrativo, no es menos cierto que la Administración, a pesar de haber transcurrido más de 2 años, no había dado respuesta alguna cuando la Sala dictó la sentencia apelada, en la que, con manifiesto error, se considera que no es admisible el recurso contencioso-administrativo por no haber dejado transcurrir el plazo de 3 meses desde la denuncia de mora. En definitiva, el inicial defecto quedó subsanado por el transcurso del tiempo sin resolver expresamente la Administración sobre la petición que se le había dirigido, y así debió estimarlo el Tribunal a quo para, en cumplimiento de los aludidos preceptos de la CE y LOPJ, entrar a conocer y decidir sobre la pretensión formulada en lugar de eludirla so pretexto de un defecto formal existente”. En el mismo sentido, la Sentencia de la Sala de lo C.A. del TSJ de Castilla y León, sede Valladolid, de fecha 2-10-2006 (rec. apelación 224/06), haciéndose eco de la doctrina del Tribunal Constitucional que proclama una interpretación favorable a la tutela judicial efectiva y el principio pro accione y con cita de sentencias de ese Tribunal y del Tribunal Supremo de 8-06-1989 y 24-02-1998 que resuelven casos de interposición prematura del recurso al no haberse producido el silencio al tiempo de formular el mismo y que mantienen la misma posición que se adopta en la sentencia anterior ya comentada, entiende la Sentencia de la Sala del TSJ mencionada que “lo decisivo es que, en términos utilizados por la doctrina del Tribunal Supremo, “en el momento de resolver el proceso dicho plazo se haya cumplido” y que dado que no constaba que la Administración hubiera dictado resolución expresa a la fecha de contestación a la demanda, se había producido la desestimación por silencio administrativo -objeto de impugnación-, y por lo tanto el Ayuntamiento demandado se encontraba en una situación tal que le permitía su plena y cabal defensa frente a dicha impugnación, considerando incluso la Sala que “vigente el incumplimiento por la Administración de su obligación de resolver, el alegato de inadmisibilidad por inexistencia de acto recurrible es contrario a los principios de prohibición del abuso del derecho ex artículo 7 del Código Civil y de buena fe procesal ex artículos 11.2 de la LOPJ y 247.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil” .

  En consecuencia, siguiendo la Jurisprudencia expuesta y dado que el tiempo de contestar la demanda, el Ayuntamiento demandado continuaba sin resolver la solicitud instada por los recurrentes, a pesar de haber transcurrido en ese momento más de seis meses desde que se formulare la misma en vía administrativa, el inicial defecto quedó subsanado por el transcurso del tiempo sin resolver expresamente la Administración sobre dicha solicitud, de modo que conforme al art. 24.1 C.E. y art. 11.3 de la LOPJ, procedería desestimar igualmente la causa de inadmisibilidad planteada y entrar a conocer y decidir sobre el fondo de la cuestión litigiosa, es decir determinar si en este caso la resolución impugnada es o no conforme a derecho y si en consecuencia procedía declarar su nulidad y acceder al reconocimiento de la situación individualizada y condenas instadas en el suplico de la demanda.

  CUARTO.- Expuesto lo anterior y sentado que el objeto del presente recurso es la desestimación presunta del Ayuntamiento de Béjar ante la denuncia-solicitud instada por los actores en fecha de 19-05-2006, huelga examinar la oposición que en cuanto al fondo se articula en primer término por la Administración demandada relativa a la inexistencia de inactividad impugnable, motivo éste que de haberse considerado como objeto de recurso la inactividad de la Administración, más que al fondo del recurso, afectaría a su admisibilidad, pues se está cuestionando por la parte demandada que la inactividad denunciada fuera incardinable dentro de la inactividad impugnable prevista en el art. 29.1 LJCA, que según mantiene referida parte exige que de forma clara conste un acto, contrato o convenio administrativo de los que resulte de forma indubitada que la Administración esté obligada a realizar una prestación concreta a favor de una o varias personas determinadas.

  Procede, pues entrar a examinar el fondo del asunto y determinar si la desestimación presunta de la solicitud de los actores en su escrito presentado ante el Ayuntamiento demandado en fecha 19-05-2006 resulta o no conforme a derecho.

  Para una mejor resolución del caso analizado, conviene poner de relieve los siguientes hechos que se consideran probados, deducidos de una valoración conjunta de las pruebas practicadas.

  • Desde el verano del año 2004 hasta al menos finales del año 2006, se ha venido concentrando en la zona o paraje de El Regajo de Béjar, un número masivo de jóvenes, algunos menores de edad, que en algunos momentos han llegado a aproximarse 500 personas, durante las noches de los fines de semana y principalmente en época estival, para realizar el denominado “botellón”, modo de diversión de muchos jóvenes en la actualidad que se caracteriza por reunirse en grupos relativamente numerosos de personas en espacios abiertos, libres de acceso, para el consumo preferentemente de bebidas alcohólicas previamente adquiridas en comercios y a veces otras drogas y en ocasiones también para escuchar música y charlar, generando tal concentración de personas elevados ruidos procedentes de las voces y gritos de los allí asistentes, ruidos de vehículos con los que se desplazan hasta el lugar donde se concentra, de la música procedente de potentes aparatos instalados en algunos de estos vehículos, de la explosión de petardos y cohetes por parte de algunos de los participantes, etc., ruidos ensordecedores e insoportables que superan los límites de tolerancia admisible y en algunas ocasiones superan los límites reglamentarios permitidos, impidiendo a los vecinos de la zona el descanso y disfrute pacífico de la intimidad de su domicilio (vid. denuncias e informes periciales unidos a la demanda y copia de las declaraciones de imputado y testificales practicadas en el procedimiento penal (doc. 19 a 21 de la demanda) y el informe del Jefe de la Comisaría de Béjar de 9-11-2006 dirigido a la Alcaldía de Béjar (doc. 22 de la demanda)).

  • Como consecuencia de esta aglomeración de personas y vehículos en la zona, se obstaculiza también la circulación tanto en la carretera de El Castañar como en la subida a Los Rodeos y se acumula en la zona gran cantidad de basuras y excrementos humanos, lo que ocasiona molestias para los vecinos que por allí residen.

  • Varios vecinos de la zona, incluidos los ahora demandantes, han denunciado ante el Ayuntamiento al menos en dos ocasiones estos hechos solicitando en la denuncia formulada el 25 de agosto de 2004, entre otras peticiones, que por la policía se adopten medidas necesarias argumentando que por ley está prohibido beber en la calle, que se realice la limpieza de basuras y se proporcione iluminación suficiente en la zona (vid. denuncia presentada ante el Ayuntamiento el 25-08-2004, documento 5 de la demanda); en la denuncia presentada el día 12 de junio de 2005, se solicita por varios vecinos afectados que el Ayuntamiento ponga en marcha las medidas que crea convenientes para erradicar las conductas que denuncia en referido escrito, diciendo que además de causar molestias para los vecinos, podían ocasionar accidentes para todo el que transite por la zona (doc. 6 de la demanda), habiendo presentado también la demandante, como representante de vecinos de la zona del Castañar, ante el Ayuntamiento escrito registrado el día 11 de mayo de 2006 al que se acompañaba 637 firmas recogidas entre los meses de septiembre y octubre de 2005, en contra de la celebración del botellón, solicitando respuesta del alcalde (doc. 8 de la demanda). A su vez, D. Pedro Servate particularmente ha presentado otras denuncias por ruidos procedentes de petardos estallados en la zona del Botellón el día 7 de mayo de 2006 (doc. 7 de la demanda), identificando a una persona que lo lanzaba, ruidos procedentes de tracas estalladas durante la madrugada del día 28-05-2006 (doc. 9 de la demanda), ruidos procedentes del botellón por música altísima y tirada de petardos según denuncia efectuada a las 1,35 horas del día 7 de septiembre de 2006 (doc. 10 de la demanda), siendo varias las veces que los demandantes han tenido que llamar a la policía local quejándose de los ruidos, según se deduce de alguno de los partes de incidencias presentados por la parte demandada junto con la Contestación a la demanda, quejas por teléfono que también ha realizado algún que otro vecino y que ha determinado la presencia de la policía local en el lugar sin que conste que en ninguna de las ocasiones en que se han denunciado ruidos se haya levantado mediciones y controles sonométricos de ruidos por los miembros de la policía local.

  • El Ayuntamiento ha decidido reforzar el servicio de limpieza de la zona y ha adoptado algunas medidas aisladas de policía en colaboración para alguna de éstas con otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, efectuando algunos controles de alcoholemia, algún control sobre posible venta de bebidas alcohólicas a menores de edad en algún supermercado y kiosco de la ciudad, controles aislados en bares, lugares de ocio y en la zona de botellón, limitándose su actuación en esta zona del botellón en la mayoría de las ocasiones, a pasar despacio y de largo alguna pareja de policía con el vehículo policial sin permanecer en ella, llamando la atención los policías algún día aislado a algún titular de vehículo que tenía la música alta y a algunos conductores para que aparcaran bien sus vehículos de modo que no obstaculizaran la circulación, medidas de policía las adoptadas que hasta el momento han resultado insuficientes para evitar los ruidos y molestias que la práctica del botellón genera a los vecinos de la zona El Regajo.

  • D. Pedro Servate ha precisado asistencia médica a consecuencia de cuadro de ansiedad producido por los ruidos y molestias derivadas del botellón que se celebra a escasos 150 metros de su vivienda, el día 18-05-2006, siendo derivado al psicólogo que le atendió en fecha 7-06-2006 presentado el diagnóstico que figura en el documento 14 de la demanda; también precisó asistencia médica el día 9-09-2006 a causa del insomnio derivado de los ruidos que genera el botellón (doc. 15 de la demanda). A su vez, su esposa Dª Silvia Hernández, también demandante, ha sufrido crisis de ansiedad como consecuencia de esta situación, precisando asistencia médica los días 20-04-2006 y 29-04-2006 por insomnio, fechas en que se encontraba embarazada (doc. 11 y 13 de la demanda).

  QUINTO.- Teniendo en cuenta que en la denuncia-solicitud de los recurrentes presentada ante el Ayuntamiento el 19-05-2006 interesaron se adoptaran las medidas necesarias que eviten las aglomeraciones de personas, de concentraciones de vehículos y el uso incívico que se viene dando a la vía pública así como el consumo de drogas y alcohol y la emisión de ruido por encima de los niveles permitidos en el Decreto 3/1995, y ello al amparo del art. 29.2 de la LO de protección ciudadana, art. 46.1 c) de la Ley 3/1994 de 29 de marzo de prevención de drogodependientes y art. 25.2 de la Ley de Bases del Régimen Local, se deberá determinar si procedía o no la adopción de tales medidas y si en consecuencia, la desestimación presunta infringe los preceptos de la legislación sobre la seguridad ciudadana, de la normativa sobre prevención y asistencia e integración social de drogodependientes de Castilla y León y de la legislación autonómica sobre prevención ambiental en relación con el Decreto autonómico sobre ruidos y de la Ley General de Sanidad, que la parte actora cita en su demanda como fundamento de sus pretensiones, en la que se invoca también como infringido el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario consagrado en el art. 18 de la C.E., citando Jurisprudencia al respecto.

  Se ha de poner de manifiesto en relación con el derecho fundamental invocado, la creciente importancia que en las legislaciones y por la Jurisprudencia se está concediendo al mismo, otorgándole protección, por ejemplo, frente al ruido y la contaminación acústica. Así la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en su Exposición de Motivos dice que “... En la legislación española, el mandato constitucional de proteger la salud (art. 43 de la Constitución) y el medio ambiente (art. 45 de la Constitución) engloban en su alcance la protección contra la contaminación acústica. Además, la protección constitucional frente a esta forma de contaminación también encuentra apoyo en algunos derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, entre otros, el derecho a la intimidad personal y familiar consagrado en el art. 18.1 de la C.E...” y que “... Diariamente inciden sobre el ambiente múltiples focos de emisiones sonoras, con lo que se aprecia la necesidad de considerar el ruido ambiental como producto de múltiples emisiones que contribuyen a generar niveles de contaminación acústica poco recomendables desde el punto de vista sanitario, del bienestar y de la productividad...”, destacando entre sus objetivos el “... 3º Adoptar planes de acción por los Estados miembros tomando como base los resultados de los mapas de ruidos, con vistas a prevenir y reducir el ruido ambiental siempre que sea necesario y, en particular, cuando los niveles de exposición puedan tener efectos nocivos en la salud humana, y a mantener la calidad del entorno acústico cuando ésta sea satisfactoria...”.

  El Tribunal Constitucional ha venido otorgando protección constitucional en estos casos considerando vulnerados ciertos derechos fundamentales como consecuencia de daños derivados del ruido, así en su STC nº 119/2001, rec. 4214/1998, que es recogida por diversas sentencias del Tribunal Supremo dictadas en materia de protección frente a los ruidos, vid. entre otras las SSTS de 10 de abril de 2003 (rec. casación 1516/99), 29 de mayo de 2003 (rec. casación 7877/99) y 12-03-2007, (rec. 340/2003), en las que recoge y sintetiza la doctrina del Tribunal Constitucional establecida en aquella STC 119/2001, de 8 de junio de 2001, que a su vez cita la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -entre otras, las SSTEDH de 21 de febrero de 1990 (caso Powel y Rayner contra el Reino Unido), 9 de diciembre de 1994 (caso López Ostra contra Reino de España) y 19 de febrero de 1998 (caso Guerra y otros contra Italia)- y viene a advertirse que “... en determinados casos de especial gravedad, ciertos daños ambientales, aun cuando no ponga en peligro la salud de las personas, pueden atentar contra su derecho al respeto de su vida privada y familiar, privándola del disfrute de su domicilio, en los términos del artículo 8.1 del Convenio de Roma” (STC 119/2001, Fº Jº 6º, párrafo primero)” “.... una exposición prolongada a unos determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de actos u omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida” (STC 119/2001, Fº Jª 6º, último párrafo). Sintetizando los argumentos contenidos en la sentencia del TC, el Tribunal Supremo dice en las sentencias mencionadas: “Como domicilio inviolable ha de identificarse el espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y donde ejerce su libertad más íntima, por lo que el objeto específico de protección de este derecho fundamental es tanto el espacio físico en sí mismo como lo que en él hay de emanación de la persona que lo habita... Este derecho fundamental ha adquirido una dimensión positiva, en relación con el libre desarrollo de la personalidad, orientada a su plena efectividad... Habida cuenta que el texto constitucional no consagra derechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos, se hace imprescindible asegurar la protección del derecho fundamental de que se viene hablando no sólo frente a las injerencias de terceras personas, sino también frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada. / El ruido puede llegar a representar un factor psicopatógeno destacado en el seno de nuestra sociedad y una fuente de permanente perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos (como lo acreditan las directrices marcadas por la Organización Mundial de la Salud sobre el ruido ambiental). / Ciertos daños ambientales en determinados casos de especial gravedad, aun cuando no pongan en peligro la salud de las personas, pueden atentar contra su derecho al respeto de su vida privada y familiar privándola del disfrute de su domicilio. / Debe merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la vida personal y familiar, en el ámbito domiciliario, una exposición prolongada a determinados niveles de ruido que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, en la medida que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de acciones y omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida”.

  Debe determinarse por tanto si con arreglo a la doctrina que acabamos de reseñar, en el caso que estamos examinando, la desestimación presunta de la solicitud de los actores y en consecuencia el no acceder el Ayuntamiento a la adopción de las medidas por ellos solicitadas, tendentes a evitar la acumulación de personas y concentración de vehículos en la zona donde se producía El Botellón y de adoptar medidas de policía para impedir consumir bebidas alcohólicas y drogas en la calle y para que cesara la emisión de ruidos, es o no conforme a derecho, examinando en primer término si mediante esta desestimación se vulnera el derecho fundamental que se invoca en la demanda.

  En el presente supuesto, si bien el Ayuntamiento no contestó a la solicitud de los demandantes expresamente pues nada de ello consta en el expediente y no adoptó las medidas concretas que ellos solicitaban, sí ha adoptado alguna medida para disminuir los efectos nocivos en que puede degenerar el botellón y ofrecer otras alternativas de ocio a los jóvenes, así ha reforzado los servicios de limpieza por la zona en los días siguientes al botellón, se ha creado un centro de ocio que se inauguró en noviembre de 2006, se han realizado por el Ayuntamiento programas alternativos de ocio para jóvenes, se han adoptado también algunas medidas de policía efectuando diversos controles que se mencionan en el fundamento de derecho anterior, habiendo sido el problema del botellón objeto de debate en diversas Juntas locales de seguridad ciudadana, llegando el Ayuntamiento incluso a firmar un convenio de colaboración con el Ministerio del Interior para la colaboración de otros Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado con la policía local para la protección de las personas y los bienes, lo que tuvo lugar en noviembre de 2006 con posterioridad a la interposición del presente recurso por los actores y de haber presentado éstos incluso una querella penal contra el anterior Alcalde. Consta también que el inspector de policía local desde al menos mayo de 2006 hasta 29-07-2006 ha venido dando semanalmente las mismas instrucciones genéricas a sus subordinados del turno de la noche del sábado de cómo actuar para el control del botellón (doc. 17 a 25 presentados junto con la contestación a la demanda), instrucciones que no dejan de ser, en su mayor parte, un mero recordatorio dirigido a la Policía Local para que cumpla y haga cumplir las normas generales en materia de ruidos, de tráfico y de seguridad ciudadana, sin embargo no hay constancia de que por parte de la policía local se haya formulado de oficio denuncia alguna como resultado de los controles efectuados que se indican en el documento 15 de la contestación a la demanda, salvo cinco relativas a infracción contra la seguridad del tráfico como consecuencia de los controles de alcoholemia realizados en la zona (doc. 37 de la contestación a la demanda), otra relativa a la incautación de bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas en un kiosco que dio lugar a la correspondiente sanción por parte del Ayuntamiento (doc. 61 de la contestación a la demanda) y otra que dio lugar a una resolución sancionadora a un joven que participaba en el Botellón por explotar petardos sin autorización (doc. 31 y 60 de la contestación a la demanda). Ahora bien, ciertamente tales medidas del Ayuntamiento resultan claramente insuficientes para evitar los ruidos y molestias que con la práctica del botellón se vienen generando a los vecinos de la zona de El Regajo, no obteniéndose mediante las mismas resultados significativos, insuficiencia de las medidas que se pone de relieve incluso por el Informe del Jefe de la Comisaría de Béjar de 9-11-2006 dirigido a la Alcaldía de Béjar (doc. 22 de la demanda), en el que se exponía el problema que continuaba manteniéndose a aquella fecha y se informaba de los funcionarios del cuerpo Nacional de Policía y de la Policía local de servicio los sábados por la noche en que tiene lugar el Botellón, -dos de cada cuerpo con sus respectivos vehículos-, reconociendo que “resultan a todas luces insuficientes para intervenir con una masa de más de 500 personas, pudiéndose producir según él un efecto contrario y repercutir negativamente en el orden público de la ciudad”, poniendo en evidencia la falta de efectivos para poder adoptar medidas de policía que resultaban necesarias para impedir los ruidos y molestias a los vecinos.

  Junto a esta falta de constancia de la efectividad de las anteriores medidas adoptadas por el Ayuntamiento demandado, consta acreditado en este recurso que los vecinos de la zona, no sólo los demandantes, han venido quejándose de manera reiterada por existencia de ruidos excesivos e intolerables en la zona que impiden su descanso y el desarrollo pacífico de su derecho a la intimidad e inviolabilidad de su domicilio y vulneran su derecho a la integridad física y moral, habiendo aportado los demandantes como documento 4 de su demanda una certificación de nivel de ruido resultado de la medición efectuada por el Ingeniero Industrial D. Norberto Redondo Melchor en la vivienda de los demandantes y en el exterior de la misma, en la que se pone de relieve que las mediciones efectuadas en distintas horas de la tarde-noche del sábado día 15 de julio y madrugada del día 16 de julio de 2006, los ruidos en el ambiente exterior superan en bastantes decibelios los reglamentariamente permitidos y en alguna hora también se han superado los máximos permitidos en el interior de la vivienda, describiendo esta persona en su informe los focos emisores de los ruidos generados durante el “botellón”: gritos de gente, ruidos de equipos de música de los vehículos -que dice que varios de ellos “truncados para incorporar amplificadores y altavoces de elevadísima potencia”, cohetes y petardos. Ruidos superiores a los límites de lo tolerable que también se ponen de relieve en los informes emitidos por los detectives privados presentados con la demanda en relación con los botellones celebrados los días 29 de julio y 2 de septiembre de 2006 (doc. 2 y 3 de la demanda), informes todos ellos que han sido ratificados en juicio, lo que viene a acreditar la realidad de los ruidos y molestias denunciadas, la insuficiencia de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento y también su pasividad y tolerancia denunciada por los demandantes, observándose que referidas medidas no van directamente encaminadas a atajar el problema, evitando que se generen los ruidos y molestias a los vecinos de El Regajo, tolerando el citado ente que cada fin de semana se vengan celebrando los botellones en la zona y siendo una de las finalidades del “botellón” el consumo por sus participantes de bebidas alcohólicas en la calle, amén del consumo de otras sustancias estupefacientes, llama la atención que por ejemplo no se haya formulado denuncia alguna a persona concreta por parte de la policía local denunciando tal consumo, el cual es constitutivo de infracción, actitud de tolerancia frente al consumo de bebidas alcohólicas en la calle que se observa incluso en las instrucciones que el inspector jefe de la policía local dio sobre control del botellón, las cuales en este aspecto, indicaban que se informara a los demás -se refería a participantes mayores de edad-, que no consumieran alcohol en la vía pública “porque es una infracción” sin que se ordenara denunciar tales hechos, siendo que en nuestra Comunidad autónoma son constitutivos de infracción; tolerancia que también se desprende de alguno de los partes de incidencias presentados junto con la contestación a la demanda, en los que consta que en alguna ocasión en que la policía ha observado que existen vehículos con música alta, se han limitado a apercibir a sus conductores que baje o de lo contrario se les denunciaría (doc. 28 y 33 de la contestación a la demanda), no denunciando tales hechos ni constando en ningún momento que se haya molestado en efectuar mediciones de ruido en las viviendas de los vecinos denunciantes a pesar de haber recibido muchas denuncias y quejas, limitándose la mayoría de los controles policiales que se efectuaron en la zona a pasar de largo con sus vehículos en ocasiones contadas durante alguna noche, lo que se ha revelado totalmente insuficiente para disuadir de las conductas incívicas que realizan algunos de los participantes del botellón y para impedir los ruidos y molestias generadas con dicha actividad, sin que quepa justificar esta postura del Ayuntamiento en el invocado derecho de reunión de los jóvenes que allí se concentran y en la falta de competencia del Ayuntamiento en materia de seguridad ciudadana, según se dice en la contestación de la demanda ni tampoco puede ser excusa el hecho de que la celebración en este lugar afecta a un menor número de vecinos que cuando se producían tales concentraciones en otros lugares de la ciudad según se refiere en alguna de las actas de las Juntas locales de seguridad celebradas aportadas por la entidad demandada junto a su contestación a la demanda, pues independientemente del número de vecinos a que afecte, tales ruidos y molestias evitables e insoportables suponen una inmisión no tolerada que afecta al derecho a la intimidad personal y familiar de las personas que residen por aquella zona, así como el derecho a la inviolabilidad del domicilio e incluso al derecho a la integridad física y moral de los mismos (arts. 15, 18.1 y 18.2 de la Constitución), siendo que los vecinos del municipio tienen los mismos derechos y éstos deben ser garantizados con objetividad por las autoridades locales y demás Administraciones con competencia en la materia, independientemente del lugar donde estén ubicadas sus viviendas, derechos éstos de los vecinos que habitan en la zona de El Regajo que en el supuesto analizado se ven regularmente perturbados cada fin de semana a consecuencia de los ruidos procedentes de la concentración de personas y vehículos en la zona para celebrar el Botellón.

  Por lo expuesto, se entiende que la desestimación presunta impugnada vulnera el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario consagrado en el art. 18 de la C.E., al no haber adoptado el Ayuntamiento, dentro de los límites de su competencia, las medidas necesarias no sólo preventivas sino también correctivas y sancionadoras o represivas, siempre dentro de la legalidad vigente, a fin de garantizar aquellos derechos y ello aún cuando tales medidas pudieran resultar impopulares. El Ayuntamiento ha venido tolerando las inmisiones mencionadas, no pudiendo justificarse tal postura en el alegado derecho de reunión, también consagrado constitucionalmente, de los jóvenes concentrados pues como se ha puesto de manifiesto en la Enlace externoSTC 195/2003 de 27 Oct. 2003, (rec. 6344/2001) el contenido del derecho de reunión no puede amparar actuaciones que comprometan valores constitucionales como la intimidad, inviolabilidad, integridad y medio ambiente adecuado. En este caso, si bien resulta cierto que la concentración de jóvenes en el lugar podría ser una manifestación del derecho de reunión que no tiene por qué ser en principio considerada como una actividad ilícita, sin embargo cuando tal concentración tiene como fin el consumo colectivo de bebidas alcohólicas, como ocurre en el caso del botellón, se ha de tener en cuenta que la normativa autonómica prohíbe consumir bebidas alcohólicas en las vías públicas según el art. 23.5 de la Ley 3/1994 de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y león, que al regular las limitaciones a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, establece, dentro de las prohibiciones: “No se permitirá la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en: g) La vía pública, salvo terrazas, veladores, o en días de fiestas patronales regulados por la correspondiente ordenanza municipal”, no pudiendo compartirse con la defensa del Ayuntamiento que la zona de El Regajo, por recreativa que sea, tenga la consideración de terraza o velador. Ha de poner de relieve también que es competencia del Ayuntamiento en su ámbito territorial, velar, en el marco de sus competencias, por el cumplimiento de las diferentes medidas de control que se establecen en el título III de referida ley, entre las que está la anterior prohibición (art. 46.1 c) del mismo texto legal), tipificándose en el art. 49 como infracción en el apartado a) el incumplir lo establecido entre otros, en el art. 23 sobre consumo de bebidas alcohólicas, otorgando competencia a los alcaldes en el art. 53.1 a) de referida ley para imponer sanciones con multas de hasta 2.000.000 pts (12.000 €).

No cabe justificar tampoco tal conducta omisiva del Ayuntamiento a la falta de competencia que se alega en la demanda en materia de seguridad ciudadana y de las limitadas funciones de la policía local para actuar en estos casos, pues tal falta de competencia no resulta del todo cierta, si se tiene en cuenta que el art. 25.2 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen local establece que el Municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas, en las siguientes materias: a) Seguridad en lugares públicos; b) Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas; c) Protección civil, prevención y extinción de incendios; f) Protección del medio ambiente y h) Protección de la salubridad pública. A su vez el art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, establece que “Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las autoridades locales seguirán ejerciendo las facultades que les corresponden, de acuerdo con la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la legislación de Régimen Local, Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, así como de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas”, pudiendo de acuerdo con el art. 14 la referida ley dictar las órdenes o prohibiciones y disponer las actuaciones policiales estrictamente necesarias para asegurar la consecución de las finalidades previstas en el art. 1 de esta ley, pudiendo incluso los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dentro de los que está la policía local, limitar o restringir, por el tiempo imprescindible, la circulación o permanencia en vías o lugares públicos en supuestos de alteración del orden, la seguridad ciudadana o la pacífica convivencia, cuando fuere necesario para su restablecimiento (Artículo 19.1), otorgando referida ley en su art. 29.2 competencia a los alcaldes, previa audiencia de la Junta Local de Seguridad, para sancionar con multa dentro de las cuantías que prevé el precepto por infracciones graves o leves en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, tenencia ilícita y consumo público de drogas y por las infracciones leves tipificadas en los aps. g), h), i) y j) art. 26 y para imponer las sanciones de suspensión de las autorizaciones o permisos que hubieran concedido los municipios. Todo ello pone de relieve que el Ayuntamiento podía y debía haber adoptado las medidas solicitadas por los ahora demandantes, estando legitimado para prohibir mediante ordenanza el botellón en la zona mencionada sin menoscabo del derecho de reunión y ello cuando fuera necesario en aras a una adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y de uso de los espacios públicos, pues de acuerdo con la doctrina sentada en la STS del 29-09-2003 (rec. 5167/1998) y la Ley 57/2003 de medidas para la modernización del gobierno local, se deduce que nada impide a los Ayuntamientos para que sin contradecir la Ley, puedan legislar en materias de su propia competencia “nuclear” y en consecuencia, una posible aplicación de ello, es dictar Ordenanzas sobre el botellón y así conforme al art. 139 de la Ley de Bases del Régimen Local, añadido tras la reforma operada en referida Ley por la ley 57/2003 de 16 de diciembre de medidas para la modernización del gobierno local, puede el Ayuntamiento dictar ordenanzas que prohíban el botellón a fin de cumplir los fines que en dicho precepto se contemplan, al disponer el citado precepto: “Para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes locales podrán, en defecto de normativa sectorial específica, establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos siguientes” (vid. en este sentido la Sentencia 636/02 de la Sala de lo C.A. del TSJ de Murcia de 26.-06-2002 (rec. 133/00) que declaró conforme a derecho la Ordenanza que prohibía el botellón en referida ciudad, al considerar que el Ayuntamiento estaba habilitado para disponer dentro de su término municipal, de la forma, lugares y ocasiones en que está permitido el consumo de bebidas alcohólicas, entrando dentro de esa habilitación el impedir el consumo indiscriminado de bebidas).

  En consecuencia, se entiende que la desestimación presunta impugnada es contraria a derecho y procede su anulación, ya que a la vista de la persistencia de los elevados ruidos y molestias que la actividad de botellón generaba para los vecinos de la zona de El Regajo que vulneraba su derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de su domicilio e incluso a su integridad física y moral y dado que las medidas hasta ese momento adoptadas por el Ayuntamiento resultaban totalmente insuficientes para evitar tales inmisiones intolerables que reiteradamente venían denunciando los hoy demandantes y otros vecinos del lugar, resultaba necesario y procedente para garantizar aquellos derechos fundamentales adoptar las medidas demandadas por los actores en su escrito de 19 de mayo de 2006, mediante las que se trataba de evitar las aglomeraciones de personas, concentraciones de vehículos y el uso incívico que se venía produciendo las noches de los fines de semana en la zona del Regajo y evitar el consumo de drogas y alcohol en la zona, así como la emisión del ruido por encima de los niveles permitidos en el Decreto 3/1995, medidas todas las interesadas que aún pudiendo resultar impopulares entre la juventud y conllevar cierto coste electoral de algunos sectores de la población, el Ayuntamiento debió adoptar en cuanto eran necesarias para restablecer a los demandantes en sus derechos fundamentales, estando legitimado el mencionado ente para su adopción a la vista de las competencias mencionadas.

  Puede verse en este sentido la sentencia de la Sala de lo C.A. del TSJ de Andalucía, sede Sevilla, sec. 1ª, de 29-10-2001, (rec. 949/1998) ante un supuesto similar en que la “movida juvenil” en la calle producía molestias y ruidos a los ciudadanos, decía: “En efecto no basta con regular mediante las oportunas ordenanzas la protección del medio ambiente, la prohibición de venta de alcohol fuera de los establecimientos que tengan licencia para ello, la limpieza en los lugares públicos, sino que con los medios adecuados hacer efectivas dichas Ordenanzas impidiendo se sobrepasen los límites de emisión de ruidos procediendo al cierre de los establecimientos que lo incumplan e incluso dispersando las concentraciones de jóvenes cuando se sobrepasan dichos límites. No se trata de ejercer una represión policial, sino dentro de los límites de dicha función denunciar una y otra vez las infracciones administrativas, incomodar y disuadir sin descanso a los jóvenes en sus comportamientos y no favorecer mediante cortes de tráfico y vallas dichas concentraciones porque los derechos de los jóvenes a expresarse y reunirse encuentran sus límites en los derechos de los demás ciudadanos a la libre circulación, al descanso y a la propia vida entendida en un sentido amplio no sólo físico, que se ven menoscabados al no adoptar la Administración demandada las medidas adecuadas y suficientes para paliar al menos en parte los efectos negativos concretados en el presente proceso... SEXTO.- Estimando la Sala que se pueden adoptar medidas de control adecuadas para evitar el ruido, la venta de bebidas alcohólicas en la calle, la utilización de aquélla como urinario público, los daños al espacio público y sus elementos, y permitir la libre circulación de personas y vehículos, como es una dotación policial adecuada que exija en todo momento el cumplimiento de cuantas normas y Ordenanzas estén vigentes en sus estrictos términos, el recurso debe ser estimado porque a la Administración le incumbe en su función de policía el cumplimiento del deber de vigilancia de horario de cierre, emisión de ruidos de bares, vehículos, etc. y de lo actuado se deduce cierta inactividad que perjudica indudablemente a los vecinos de la zona que han de soportar la incomodidad de acceso a sus viviendas, exceso de ruidos que impiden el descanso nocturno y otras molestias que no tienen el deber jurídico de soportar y que se pueden paliar, si la Administración en el ámbito de su competencia no hace dejación de su función y adopta cuantas medidas sean necesarias para exigir el cumplimiento de la Ley haciendo posible que el ejercicio de un derecho por parte de un sector de la población no menoscabe los derechos de los vecinos de la zona en la que se concentran. Ciertamente dichas medidas resultan impopulares y pueden tener un coste electoral por parte del sector afectado pero no hay que olvidar que la Administración como proclama el artículo 103 de la constitución debe servir con objetividad los intereses generales con pleno a la Ley y al Derecho así como a los fines que la justifican (artículo 106 de la Constitución)”. En el sentido indicado también pueden verse las SSTS de 13 de abril de 2005 (rec. 8343/2002), 23-06-2003 (Rec. 8708/1999), de 18-11-2002; de la Sala de lo C.A. del TSJ de Andalucía de 22-03-2007 (rec. 921/1998) y de los Juzgados de lo C.A. nº 3 de Cádiz de 28-07-2005, el nº 1 de Elche de 23-11-2004, el nº 2 de Málaga de 22-02-2005 (rec. 546/2004) y del Juzgado de los C.A. de Zamora de 13-13-2007 dictada en el procedimiento de derechos fundamentales 52/2007, que condena a la Administración a desplegar todos los medios públicos a su alcance para evitar que situaciones similares a las ahora enjuiciada siguieran produciéndose, “haciendo uso de ser necesario de las potestades que como Administración tiene a su alcance, y no solo normativa, sino igualmente represiva y sancionadora, tratando de evitar las concentraciones de personas en la calle, obligando a los establecimientos a cumplir estrictamente toda la normativa relativa a los ruidos, con cierre de puertas y ventanas, impedir que los clientes salgan a la calle con las consumiciones; limitar el horario de apertura, así como el de funcionamiento de las terrazas, y controlar en definitiva todas las medidas que lleven a impedir una contaminación acústica superior a la legalmente establecida”.

  SEXTO.- Finalmente y en relación con la pretensión de indemnización que insta la parte actora para lograr el pleno restablecimiento de sus derechos fundamentales lesionados por la resolución y conducta municipal se ha de precisar en primer lugar que tal indemnización resulta procedente aun cuando no se hubiera instado la reclamación de responsabilidad patrimonial en vía administrativa junto a la petición inicial de los actores cuya desestimación presunta es impugnada en este recurso, por cuanto tal responsabilidad se genera en este caso como consecuencia de la anulación de la resolución desestimatoria tácita impugnada, ya que conforme al art. 31.2 de la LJCA, el demandante, además de la nulidad de la resolución recurrida, puede pretender el reconocimiento de la situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda. Y teniendo en cuenta que en este supuesto, tal indemnización resultaba procedente, toda vez que resulta acreditado que la desestimación presunta impugnada y la conducta permisiva del Ayuntamiento ante la situación del botellón en la zona de El Regajo, que no ha adoptado medidas eficientes para evitar la vulneración de los derechos fundamentales de los demandantes y vecinos afectados, ha originado daños a los actores, pues independientemente de que el foco de los ruidos y de las molestias originadas a los mismos se derive directamente de las actividades desplegadas por las personas que participaban en el botellón, existe una corresponsabilidad del Ayuntamiento demandado quien al no adoptar las medidas solicitadas ni otras efectivas ha tolerado tal situación durante años, no adoptando, dentro del ámbito de sus competencias y de los límites que establece la ley, las medidas necesarias y eficaces para evitar los ruidos y molestias que se generaban a los actores y demás vecinos de la zona de El Regajo a consecuencia del desarrollo del botellón durante los fines de semana, y ello a pesar del tiempo transcurrido desde la primera denuncia formulada -verano de 2004-.

  Resulta notorio por su evidencia que la práctica del botellón en la calle genera ruidos insoportables y otras molestias que superan los límites de tolerancia normal, siendo también indiscutible el carácter genéricamente nocivo del ruido y así se ha recordado en la STC nº 119/2001, (rec. 4214/1998) al expresar “... el ruido puede llegar a representar un factor psicopatógeno destacado en el seno de nuestra sociedad y una fuente permanente de perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos. Así lo acreditan, en particular, las directrices marcadas por la Organización Mundial de la Salud sobre el ruido ambiental, cuyo valor como referencia científica no es preciso resaltar. En ellas se ponen de manifiesto las consecuencias que la exposición prologada a un nivel elevado de ruidos tienen sobre la salud de las personas (v. gr. deficiencias auditivas, apariciones de dificultades de comprensión oral, perturbación del sueño, neurosis, hipertensión e isquemia), así como sobre su conducta social (en particular, reducción de los comportamientos solidarios e incremento de las tendencias agresivas)”. En este caso, acreditada la existencia de los daños y perjuicios sufridos por los demandantes y la relación de causalidad entre la falta de adopción de las medidas demandadas por parte del Ayuntamiento para dar respuesta al problema, procede acceder a la pretensión de que tales daños sean indemnizados, si bien no en la cuantía total que interesan los demandantes, quienes solicitan en concepto de indemnización 6.000 € para D. Ramón Servate y 12.000 € para Dª Silvia Hernández, por los daños sufridos en su salud, justificando tal importe en que la recurrente estaba embarazada durante parte de ese período y por la intromisión en la intimidad de su domicilio, pues si bien consta acreditado que los demandantes precisaron asistencia médica en dos ocasiones cada uno de ellos, por crisis de ansiedad e insomnio a consecuencia de los ruidos y molestias generados por la actividad desarrollada durante el botellón, no se ha presentado un informe médico que acredite el tiempo que precisaron para su curación, si han padecido secuelas, ni la mayor incidencia que tal situación pudiere provocar en la salud de una mujer embarazada que pudiera justificar en este caso el exceso de indemnización que se reclama respecto del otro demandante. Por lo expuesto, a falta de otros criterios definidos, procede fijar al respecto una cantidad a tanto alzado en concepto de daños morales por la incomodidad o sufrimiento moral y físico experimentado en la vida personal y familiar de los actores a consecuencia de haber tenido que soportar aquellos ruidos y molestias que duran desde el verano del año 2004 hasta al menos septiembre de 2006 según se acredita mediante la documentación aportada con la demanda y la contestación a la demanda, teniendo en cuenta a tal fin la Sentencia de la Sala de lo C.A. del TSJ de Castilla y León de 9-11-2004 (rec. 1721/00) que en relación con la cuantificación de los daños morales, dice en su Fundamento de derecho cuarto: “Siendo los daños a indemnizar de los denominados “daños morales” su cuantificación económica no puede hacerse sobre parámetros objetivos, por lo que no cabe otro criterio que el juicio ponderado del Tribunal en el que se tendrán en cuenta las circunstancias tanto subjetivas como objetivas que concurran”. De acuerdo con referida sentencia y ante la ausencia de otros criterios definidos y la trascendencia que toda declaración de responsabilidad tiene para el erario público, dicha cantidad indemnizatoria por daños morales se fija en la cantidad de 6.000 € a favor de cada uno de los demandantes, cantidad que se estima prudencial y equitativa teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que los actores vienen soportando ruidos y molestias procedentes del botellón que el Ayuntamiento no ha tratado de evitar, que su práctica se contrae a las noches de los sábados y días anteriores a los festivos, la necesidad de asistencia médica en alguna ocasión por padecimientos psíquicos tales como crisis de ansiedad e insomnio y la pugna que han tenido que desarrollar para que el Ente Local actúe en el caso a fin de corregir la situación, lo que le ha provocado un esfuerzo no sólo personal, sino también económico, con lo que ello conlleva de frustraciones, angustia, inseguridad, etc., y considerando también las cuantías que se vienen concediendo por los Juzgados y Tribunales como indemnización de daños morales derivados de inactividad y Tribunales como indemnización de daños morales derivados de inactividad de la Administración ante las molestias provocadas por ruidos procedentes de establecimientos derivados a recreo y diversión.

  SÉPTIMO.- Por todo lo hasta aquí expuesto, procede estimar en parte el presente recurso, anular la resolución desestimatoria presunta impugnada al no ser conforme a derecho, reconociendo a los actores como situación jurídica individualizada el derecho a ser restablecidos en el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio que ha sido vulnerado y el derecho a ser indemnizados cada uno de ellos por el Ayuntamiento demandado por la cantidad de 6.000 € a favor de cada uno, condenando al Ayuntamiento de Béjar a su pago y a que adopte de inmediato las medidas necesarias, dentro de su competencia, para evitar la práctica del botellón en la zona de El Regajo de Béjar para garantizar referidos derechos de los demandantes y demás ciudadanos que habitan en la zona, cesando la emisión que tal situación genera en los derechos constitucionales mencionados (art. 70.2 y 71.1 LJCA).

  OCTAVO.- No se hace expreso pronunciamiento en cuanto a las costas del recurso, al no estimar la concurrencia de las circunstancias establecidas en el art. 139 de la LJCA para su expresa imposición.

  NOVENO.- Dado el importe en que quedó fijada la cuantía del presente recurso que no supera los 18.000 €, no cabe frente a esta sentencia recurso de apelación (art. 81.1 a) LJCA).

  Vistos los antecedentes de hecho y en virtud de los razonamientos jurídicos expuestos y demás preceptos de pertinente y general aplicación,

FALLO

  Estimando parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora Dª Patricia Martín Miguel en nombre y representación de D. Pedro Ramón Servate y Dª Silvia María Hernández Martín contra la Resolución desestimatoria presunta del Ayuntamiento de Béjar ante la denuncia-reclamación presentada por los actores en su escrito registrado el 19-05-2006, DECLARO que la resolución impugnada no es conforme a derecho, reconociendo a los actores como situación jurídica individualizada, el derecho a ser restablecidos en sus derechos fundamentales a la inviolabilidad del domicilio que han sido vulnerados y el derecho a ser indemnizados cada uno de ellos por el Ayuntamiento demandado en la cantidad de 6.000 €, condenando al Ayuntamiento de Béjar a su pago y a que adopte de inmediato las medidas necesarias para evitar la práctica del botellón en la zona de El Regajo de Béjar, sin que proceda hacer una expresa condena en costas.

  Notifíquese a las partes la presente sentencia, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.

  Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

  PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Sra. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe.


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