TSJ Cantabria. Sentencia de 24/7/2008. Bar "Seven", en la Puebla Vieja de Laredo.
Inactividad de la administración al desoir las denuncias de un vecino que soportó el griterío nocturno durante más de nueve años. 24,6 € diarios más 4.134 euros por secuelas en aplicación del RDL 8/2004 sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor

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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SENTENCIA 592/08

Iltma. Sra. Presidenta:
Doña María Teresa Marijuan Arias
Iltmos. Sres. Magistrados
Doña Clara Penín Alegre
Don Rafael Losada Armada

En la ciudad de Santander, a 24 de julio de 2008. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha visto el recurso de apelación número 130/08 seguido por el procedimiento especial de protección de Derechos Fundamentales interpuesto por DON FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ MARTÍN representado y defendido por el Letrado Sr. Alonso Campillo contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander de fecha 23 de noviembre de 2007 siendo parte apelada el AYUNTAMIENTO DE LAREDO representado por la Procuradora Sra. Quirós Martínez y defendido por la Letrada Sra. Epifanio Rivera. Es ponente la Iltma. Sra. Doña María Teresa Marijuan Arias, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El recurso de apelación se interpuso el día 18 de diciembre de 2007 contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Santander de fecha 23 de noviembre de 2007, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: “Procede estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Don Francisco Javier Álvarez Martínez y en consecuencia condenar al Ayuntamiento demandado a adoptar las medidas necesarias suficientes para garantizar la total ausencia de ruidos en la vivienda del recurrente provenientes del local sito debajo de la misma, así como que abone al recurrente en concepto de daños sufridos la cantidad de 6.000 euros. Sin costas”.

SEGUNDO.- Contra la referida Sentencia se interpuso recurso de apelación en fecha 18 de diciembre de 2007, oponiéndose a la misma el apelante tan sólo en lo que a la cuantía de la indemnización se refiere, interesando le sea reconocida la suma de 90.000 euros o, en su defecto, incrementando la concedida en la Sentencia recurrida en la cuantía que el Tribunal considere oportuna, valoradas las circunstancias concurrentes del caso.

TERCERO.- De dicho recurso se dio traslado a efectos de poder formular su oposición a la parte apelada, oponiéndose expresamente el Ayuntamiento de Laredo al recurso de apelación, teniéndose por no puestas las alegaciones del Ministerio Fiscal por extemporaneidad en su presentación.

CUARTO.- En fecha 28 de abril de 2008 se dictó providencia elevando las actuaciones a esta Sala y no habiéndose solicitado la apertura de período probatorio, ni celebración de vista o conclusiones por escrito, se declaró el recurso concluso para sentencia, señalándose para la votación y fallo el día 24 de julio de 2008, en que se deliberó, votó y falló.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se debate en el presente proceso la conformidad a Derecho de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Santander de fecha 23 de noviembre de 2007, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: “Procede estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Don Francisco Javier Álvarez Martínez y en consecuencia condenar al Ayuntamiento demandado a adoptar las medidas necesarias suficientes para garantizar la total ausencia de ruidos en la vivienda del recurrente provenientes del local sito debajo de la misma, así como que abone al recurrente en concepto de daños sufridos la cantidad de 6.000 euros. Sin costas”.

SEGUNDO.- Con carácter previo debe señalarse que la posición procesal del Ayuntamiento de Laredo en la presente litis no es sino la de apelado, pues así lo manifiesta en su escrito de fecha 25 de abril de 2008, en el que expresamente señala que formulo “escrito de oposición al recurso de apelación”, lo que quiere decir que la misma deberá versar tan solo sobre las pretensiones contenidas en dicha impugnación, esto es, la cuantía de la indemnización, extremo éste expresamente controvertido por Don Francisco Javier Álvarez Martínez, con lo que deberán quedar “extra muros” de su oposición todas aquellas cuestiones relativas a la efectiva vulneración del derecho fundamental del apelante a su integridad física y moral, inviolabilidad del domicilio e intimidad personal y familiar consagrados en los artículos 15 y 18 de la Constitución y la actuación municipal conculcadora de los mismos, al tolerar y no realizar actividad alguna tendente a proteger dichos derechos, requiriendo al titular del local sito debajo de la vivienda del apelante a efectos de poner fin a dichas inmisiones que se prolongan desde el año 2001 (fecha de la primera denuncia) hasta el momento presente.

Dichas cuestiones asoman expresamente en el escrito de oposición a la apelación que, por las razones antedichas, y al no haberse adherido expresamente el Ayuntamiento demandado al recurso de apelación formulado por el apelante, puesto que la Sentencia de instancia estimaba parcialmente las pretensiones del mismo, deberá constreñirse al extremo reseñado, esto es, a la pretensión indemnizatoria a que se reduce la apelación, lo que es coherente por lo demás con el suplico del escrito de oposición a aquélla, en el que se solicita “se dicte Sentencia desestimatoria de la impugnación planteada de adverso en todos sus pronunciamientos y absuelva al Ayuntamiento de Laredo de abonar la indemnización de 6.000 euros, sin que se conceda indemnización alguna por no concurrir las circunstancias necesarias para ello”, sin interesar la revocación de la Sentencia en su integridad.

TERCERO.- Como bien se señala en el escrito de apelación y pese a que la indemnización a reconocer en supuestos de tan grave contaminación acústica, generadores de daños psíquicos y morales como los que han quedado acreditados en el supuesto de autos, puede determinarse fijando una cantidad a tanto alzado, la misma deberá calcularse señalando siquiera unos parámetros indicativos de las circunstancias que son valoradas, los cuales deben expresarse en la Sentencia, que en el presente proceso se limita a reconocer una suma de 6.000 euros en concepto de indemnización, indicando que la misma se determina, a efectos orientativos, conforme al Baremo de la Ley 30/1995, de Ordenación del Seguro Privado, pero no señala, siquiera de forma general, los criterios sobre los que se reconoce dicha suma partiendo de la normativa legal aplicada, por lo que el resarcimiento económico que se reconoce al apelante no se encuentra motivado.

CUARTO.- Como ya señaló la Sentencia del TSJ de Castilla-León de fecha 22 de diciembre de 2006:

    VI.- En el caso de autos, los actores demandan la declaración de responsabilidad patrimonial de la demandada desde la perspectiva de su falta de actuación que hubiera evitado que los ruidos que derivan del establecimiento industrial que se halla bajo su domicilio, no les hubiera causado los daños que les afectan.

    El ruido, en la sociedad de nuestros días, puede llegar a representar un factor psicopatógeno y una fuente permanente de perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos. Así lo acreditan, en particular, las directrices marcadas por la Organización Mundial de la Salud sobre el ruido ambiental, cuyo valor como referencia científica no es preciso resaltar. En ellas se ponen de manifiesto las consecuencias que la exposición prolongada a un nivel elevado de ruidos tienen sobre la salud de las personas (v.gr. deficiencias auditivas, apariciones de dificultades de comprensión oral, perturbación del sueño, neurosis, hipertensión e isquemia), así como sobre su conducta social (en particular, reducción de los comportamientos solidarios e incremento de las tendencias agresivas). La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se hizo cargo de la apremiante exigencia de defensa de los derechos de los ciudadanos, como se refleja en las Sentencias de 21 de febrero de 1990, caso Powell y Rayner contra Reino Unido; de 9 de diciembre de 1994, caso López Ostra contra Reino de España; de 19 de febrero de 1998, caso Guerra y otros contra Italia; y de 8 de julio de 2003, caso Hatton y otros contra Reino Unido. A esta nueva realidad ha sido sensible la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido; en la exposición de motivos se reconoce que “el ruido en su vertiente ambiental... no ha sido tradicionalmente objeto de atención preferente de la normativa protectora del medio ambiente. Tratamos del ruido en un sentido amplio, y éste es el alcance de la ley”. Luego se explica que “en la legislación española, el mandato constitucional de proteger la salud (artículo 43 de la Constitución) y el medio ambiente (artículo 45 de la Constitución) engloban en su alcance la protección contra la contaminación acústica. Además, la protección constitucional frente a esta forma de contaminación también encuentra apoyo en algunos derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, entre otros, el derecho a la intimidad personal y familiar, consagrado en el artículo 18.1”.

    Partiendo de estos presupuestos, el Tribunal Constitucional en las SSTC 11.9/2001, de 24 de mayo y 16/2004, de 23 de febrero, ha dicho que, “una exposición prolongada a unos determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de actos u omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida.”.

    VII.- En las actuaciones practicadas en este proceso jurisdiccional se sigue que el establecimiento público de bebidas abierto debajo del domicilio de los actores, y pese a sus continuas denuncias, no ha sido objeto de una adecuada y eficaz actuación municipal que evite la inmisión de ruidos en su ámbito personal de intimidad.

    En todo caso, y en relación con cuanto se viene diciendo, ha de señalarse que en este proceso, no se está debatiendo sobre la responsabilidad de un tercero, ni tampoco de la influencia que la mayor o menor concentración de bares de copas pueda tener en la salud de los ciudadanos, como en algún momento parece alegarse, en cuanto ello son cuestiones en buena parte accesorias a lo que es el núcleo del debate; sino que se está discutiendo sobre la responsabilidad de la administración que, conocedora por las denuncias constantes de los vecinos, de un ruido que trasciende a su vivienda, no pone, pudiendo hacerlo, coto a tales inmisiones y limitando el derecho de los ciudadanos a la privacidad y no inmisión de molestias en sus propiedades.

    Es clara, por otra parte, la potestad que corresponde al efecto a las entidades locales, y ello, incluso, con la legislación existente con anterioridad al momento en que se sitúan los hechos. Baste recordar, como dicen las SSTS de 15 de marzo 2002 y, sobre todo, 29 de mayo 2003, que los apartados f) y h) del artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local atribuye al Municipio el ejercicio de competencias en las materias de protección del medio ambiente y la salubridad pública; que el artículo 42.3.a) de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad señala el control sanitario del medio ambiente, con una referencia expresa a la contaminación atmosférica, como responsabilidad de los ayuntamientos; y que el decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, declara la competencia general de los órganos municipales para la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones sobre la materia (artículo 6) y, más particularmente, les reconoce funciones de inspección sobre las actividades que vengan desarrollándose y potestad para adoptar medidas frente a las deficiencias comprobadas (artículos 36 y 37). Mucho más, evidentemente, puede mantenerse tal competencia cuando la nueva legislación otorga expresamente tales competencias y la propia administración aprueba disposiciones reguladoras de esta materia, cuya realidad y eficacia no han sido puestas en duda en ningún momento en el presente proceso.

    VIII.- De la abundante prueba documental aportada a los autos se sigue que en el piso de los actores, y procedente del Pub La Meca, incluso antes de que se le concediese a su titular, por acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Bembibre de veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y dos, licencia de apertura, y también con posterioridad, se han apreciado ruidos procedentes del establecimiento citado que sobrepasaban constantemente los límites reglamentariamente dispuestos por la propia administración local, quien, sí dispuso tales límites, debió ser con la convicción y tras las pruebas precisas para establecer que, sobrepasar tales umbrales, no era aconsejable para la salud y el bienestar de los ciudadanos, desde el convencimiento que, en otro caso, no se habrían aprobado por la propia administración competente en la materia.

    En lo que toca a esta cuestión, el incremento de los ruidos que se percibían dentro de la casa de los actores, se aduce por la parte demandada que no se comprobó si esos ruidos se producían en unas zonas o en otras de la vivienda, con el distinto régimen que para las zonas de descanso y las zonas comunes se recogía en parte, al menos, de las ordenanzas aplicables al caso. Si bien es cierto que ello es así, en tanto no se establece dónde precisamente se hicieron las mediciones, ha de indicarse que las repetidas mediciones se hicieron por la propia administración demandada y que puesto que ella es la responsable de esas mediciones, no puede ahora escudarse en que ella ha hecho mal las mismas para eludir su propia responsabilidad. Es decir, sería un argumento admisible por terceros, e incluso, quizá, dentro del derecho sancionador, pero no puede serlo por quien ha originado, en su caso, el defecto; nadie puede esconderse detrás de su propia torpeza para perjudicar a tercero. Por ello debe desestimarse, como efectivamente se hace, la alegación de la parte demandada, sobre todo si se valora que, además, estaba en su mano, como administración que tiene en sus manos la prueba y conoce las personas que hicieron las mediciones, realizar la prueba de que las mediciones se habían hecho en los lugares inapropiados para establecer su propia responsabilidad y, sin embargo no lo ha hecho, lo que explica la aplicación al caso de autos de la doctrina del artículo 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

    IX.- Por todo lo dicho y de acuerdo con lo regulado, entre otros, en los artículos 106.2 de la Constitución Española, 139 y siguientes y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos en materia de Responsabilidad de las Administraciones Públicas, y, en lo no modificado por dichas disposiciones, en los artículos 121 y 122 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación forzosa, y 133 del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se publica el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, en relación con lo prevenido en los artículos 25.2, 26.1 y 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de las Bases de Régimen Local, y 223 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, debe estimarse la demanda presentada de responsabilidad patrimonial, al darse los supuestos precisos para ello recogidos en dichos preceptos.

    X.- La determinación de la cantidad a indemnizar no puede dejar de depender de la inevitable dificultad de valorar cuestiones tan difícilmente mensurables como la mayor parte de las aducidas por los actores, como causa de reparación. En todo caso, ha de prescindirse de la depreciación de la vivienda, la cual no se ha concretado debidamente en la prueba practicada en las actuaciones. Tal dificultad de cálculo aconseja al Tribunal no seguir estrictamente las pautas aducidas por la parte actora, sino establecer una indemnización global por los daños y perjuicios sufridos por cada uno de los miembros de la familia, prescindiendo de si estaban o no habitando continuamente en la vivienda afectada, desde el origen hasta el momento de dictarse esta sentencia, y que se establece en nueve mil euros a cada uno de ellos. Dicha cantidad, en el supuesto de don Paulino se incrementa en otros seis mil euros, pues a los daños sufridos por el común de los interesados, ha de añadirse los perjuicios de desplazarse desde su domicilio a su puesto de trabajo, sin que proceda señalar otras indemnizaciones mayores en cuanto no se aprecia razón bastante para abonar cantidades superiores en una relación con la empresa que pudiera haberse canalizado por otros medios, entre otros de desplazamiento. Finalmente, en el caso de doña Victoria, al ser la persona en la que se aprecia una mayor incidencia de los efectos nocivos de los ruidos, acreditados médicamente, procede incrementar la cantidad en otros veinticuatro mil euros.

    Igualmente, y en tanto no cesen las inmisiones de ruidos en el inmueble de los actores, una vez transcurrido el plazo de tres meses desde la notificación de esta sentencia, la parte demandada procederá a indemnizarles con la cantidad de seiscientos euros por cada mes y hasta que cesen los excesos de ruidos que en ella se perciban, para responder de los daños y perjuicios que se sigan produciendo por la misma razón”.

QUINTO.- Abundando en idénticos argumentos, la Sentencia de esta Sala de 7 de julio de 2004 señala lo siguiente:

SEXTO: En el ámbito civil de las llamadas relaciones de vecindad (ámbito en el que el daño moral producido por las inmisiones acústicas ha sido considerado indemnizable, de forma unánime), aun partiendo de la independencia entre la consideración administrativa y la civil sobre el ruido, se ha acuñado el criterio de que la superación de los niveles máximos regulados por las Ordenanzas municipales es presunción “iuris tantum” de la intolerabilidad civil de la inmisión acústica. Dice la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, de fecha 29 de noviembre de 2001.

Ya se ha expuesto que los referidos informes, no contrarrestados por la Administración, y ratificados a presencia judicial denotan unos índices muy superiores a los límites establecidos en la Ordenanza municipal lo que unido a las circunstancias anteriores contempladas como existentes hace que por esta Sala deba traerse a colación la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 119/01 de 24 de Mayo que motiva:

“cuando la exposición continuada a unos niveles intensos de ruido ponga en grave peligro la salud de las personas, esta situación podrá implicar una vulneración del derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE). En efecto, si bien es cierto que no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implica una vulneración del art. 15 CE, sin embargo cuando los niveles de saturación acústica que deba soportar una persona, a consecuencia de una acción u omisión de los poderes públicos, rebasen el umbral a partir del cual se ponga en peligro grave e inmediato la salud, podrá quedar afectado el derecho garantizado en el art. 15 CE.

Respecto a los derechos del art. 18 CE, debemos poner de manifiesto que en tanto el art. 8.1 CEDH reconoce el derecho de toda persona “al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia”, el art. 18 CE dota de entidad propia y diferenciada a los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar (art. 18.1) y a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2). Respecto del primero de estos derechos fundamentales ya hemos advertido en el anterior fundamento jurídico que este Tribunal ha precisado que su objeto hace referencia a un ámbito de la vida de las personas excluido tanto del conocimiento ajeno como de las intromisiones de terceros, y que la delimitación de este ámbito ha de hacerse en función del libre desarrollo de la personalidad. De acuerdo con este criterio, hemos de convenir en que uno de dichos ámbitos es el domiciliario por ser aquél en el que los individuos, libres de toda sujeción a los usos y convenciones sociales, ejercen su libertad más íntima (SSTC 22/1984, de 17 de febrero, FJ 5; 137/1985, de 17 de octubre, FJ 2, y 94/1999, de 31 de mayo, FJ 5).

Teniendo esto presente, podemos concluir que una exposición prolongada a unos determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad...”.

Y en la aplicación de este criterio, debemos entender que la intolerabilidad civil de la inmisión acústica integra la insoportabilidad a que el TC se refiere como presupuesto de la vulneración del derecho fundamental. Y la consecuencia es que habiéndose acreditado que los ruidos en el presente caso superaron los niveles permitidos por la Ordenanza aplicable y que resultaron muy molestos la única conclusión es que ha habido lesión del referido derecho fundamental.

SÉPTIMO: Asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, sec. 7ª, de 10 de Abril de 2003, rec. 1516/1999 llega a la misma conclusión en razón de la superación de los niveles máximos de inmisión regulados en la normativa local y así manifiesta:

“TERCERO.- El motivo de casación debe ser acogido. El razonamiento de la sentencia recurrida no coincide con la más reciente doctrina jurisprudencial sobre la protección que ha de dispensarse con fundamento en el derecho a la inviolabilidad del domicilio, y uno de cuyos elementos más significativos es el de tutelar también el espacio físico domiciliario frente a los atentados medioambientales que dificulten gravemente su normal disfrute.

Es un exponente importante de esa jurisprudencia la sentencia del Tribunal Constitucional, STC 119/2001, de 24 de mayo, que invoca expresamente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos reflejada en las sentencias de 21 de febrero de 1990 (caso Powel y Rayner contra el Reino Unido), de 9 de febrero de 1994 (caso López Ostra contra el Reino de España) y 19 de febrero de 1998 (caso Guerra y otros contra Italia).

De la doctrina contenida en esa STC 119/2001 merece aquí destacarse lo que continúa.

Que como domicilio inviolable ha de identificarse el espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y donde ejerce su libertad más íntima, por lo que el objeto específico de protección en este derecho fundamental es tanto el espacio físico en sí mismo como lo que en él hay de emanación de la persona que lo habita.

Que este derecho fundamental ha adquirido una dimensión positiva, en relación con el libre desarrollo de la personalidad, orientada a su plena efectividad.

Que habida cuenta que el texto constitucional no consagra derechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos, se hace imprescindible asegurar la protección del derecho fundamental de que se viene hablando no solo frente a las injerencias de terceras personas, sino también frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada.

Que el ruido puede llegar a representar un factor psicopatógeno destacado en el seno de nuestra sociedad y una fuente de permanente perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos (como lo acreditan las directrices marcadas por la Organización Mundial de la Salud sobre el ruido ambiental).

Que ciertos daños ambientales, en determinados casos de especial gravedad, aun cuando no pongan en peligro la salud de las personas, pueden atentar contra su derecho al respeto de su vida privada y familiar privándola del disfrute de su domicilio.

Y que debe merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la vida personal y familiar, en el ámbito domiciliario, una exposición prolongada a determinados niveles de ruido que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, en la medida que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de acciones y omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida.”

OCTAVO: Y esta misma Resolución Judicial del Tribunal Supremo, añade algo más, cual es la lesión del derecho fundamental y el consiguiente daño son ocasionados por la causa directa que proviene de la inactividad administrativa en el cumplimiento del RAMINP. Así la mencionada Sentencia, razona:

“Baste recordar que los aps. f) y h) del art. 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 abril, de Bases del Régimen Local, atribuyen al Municipio el ejercicio de competencias en las materias de protección del medio ambiente y la salubridad pública; que el art. 42.3 a) de la Ley 14/1986, de 25 abril, General de Sanidad, señala el control sanitario del medio ambiente, como responsabilidad de los Ayuntamientos; y que el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres. Nocivas y Peligrosas declara la competencia general de los órganos municipales para la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones sobre la materia (art. 6) y, más particularmente, les reconoce funciones de inspección sobre las actividades que vengan desarrollándose y potestad para adoptar medidas frente a las deficiencias comprobadas (arts. 36 y 37)”.

NOVENO: Por último, queda fijar la indemnización debida a la recurrente y, debe establecerse que el único daño indemnizable es el daño moral derivado de la inmisión y de su efecto de impedir el disfrute razonable del propio domicilio y del derecho fundamental a la intimidad en el ámbito domiciliario. No se puede en el presente caso tener en cuenta daños a la salud, porque no se han acreditado éstos, pues, el informe médico adjunto a la demanda sólo detalla y describe la existencia de ansiedad, es decir del daño moral, pero no determinan un daño psíquico cierto y debidamente delimitado. Y tampoco se ha acreditado ningún otro daño material ni económico.

La recurrente pretende en la demanda se condene a la Administración a indemnizar a la misma por los daños y perjuicios morales y patrimoniales experimentados en la suma de 17.000, sin embargo esa cifra que establece la demanda carece de cualquier referencia que la avale en este recurso y que permita a esta Sala conocer en función de qué razonamiento o criterio se determina.

Para valorar esta pretensión y fijar la cifra del daño moral en la que debe ser indemnizada la recurrente es preciso sopesar las perturbaciones que como consecuencia del hecho se produjo en la vivienda y entorno de la demandante, y las consecuencias que para su vida comportan atendidas sus necesidades y circunstancias durante el período que duraron las mismas, que lo fue de un año y cinco meses.

DÉCIMO: Respecto de los intereses, como afirma la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 1998:

“La reparación integral de los perjuicios sufridos con el fin de conseguir una completa indemnidad (Sentencias de esta Sala y Sección del Tribunal Supremo de 14 y 22 de mayo de 1993, 22 y 29 de enero y 2 de julio de 1994, 11 y 23 de febrero y 9 de mayo de 1995, 6 de febrero y 12 de noviembre de 1996, 24 de enero, 19 de abril y 31 de mayo de 1997) requiere la actualización de la deuda, para lo que se debe utilizar el criterio del devengo de los intereses legales de ésta desde que se reclamó a la Administración en la vía previa hasta su completo pago (Sentencias de 14 y 22 de mayo de 1993, 22 y 29 de enero y 2 de julio de 1994, 11 y 23 de febrero y 9 de mayo de 1995, 6 de febrero y 12 de noviembre de 1996, 19 de abril y 31 de mayo de 1997), incrementado en dos puntos dicho interés legal desde la fecha de la sentencia pronunciada en la instancia conforme al artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento civil (Sentencias de 18 de diciembre de 1990, 3 de abril, 15 de junio y 30 de octubre de 1992, 22 de febrero, 22 de marzo y 3 de abril de 1993, 8 de octubre y 19 de noviembre de 1994, 11 de febrero, 18 de abril y 9 de noviembre de 1995, 6 de febrero, 24 de junio,19 y 23 de noviembre de 1996, 15 de febrero, 19 de abril, 6 y 31 de mayo de 1997), con el límite de los seis millones de pesetas, reclamados por la perjudicada y fijados por la Sala de primera instancia en su sentencia, a fin de evitar, de acuerdo con el principio de congruencia, la proscrita reformatio in peius (Sentencia de 19 de abril de 1997).

En consecuencia, deberán satisfacerse los intereses legales de la suma finalmente reconocida desde la fecha de la reclamación formulada en vía administrativa, esto es, desde el día 18 de Marzo de 2002, incrementados en dos puntos desde la fecha de la presente Sentencia”.

SÉPTIMO.-[sic: no hay SEXTO] En consecuencia, y partiendo efectivamente de los criterios objetivos antes señalados, esto es, gravedad del daño causado, ya que no sólo se ha visto afectado el recurrente, sino también sus padres, ya fallecidos, que soportaron la misma situación, llegando incluso a tener que pernoctar en su barca de pescadores, ante la imposibilidad de soportar ruidos de 47'2 decibelios sobre 30 decibelios autorizados por la Ordenanza del Ayuntamiento de Laredo, la prolongación de los mismos en el tiempo desde el año 2001 hasta la fecha, ya que no consta que la actividad del bar haya cesado en sus inmisiones acústicas, puesto que el Ayuntamiento de Laredo se limita a señalar que se han realizado “de nuevo mediciones”, debemos aplicar, tal y como vienen haciendo los diversos Tribunales de Justicia, el RDL 8/2004, de 29 de octubre y la Resolución de la Dirección General de Seguros de 9 de marzo de 2004 que fija las cuantías indemnizatorias en el ámbito de la circulación de vehículos de motor, conforme a la cual se reconoce por cada día de lesiones no impeditivas la suma de 24'617 euros diarios, a abonar desde la fecha de la primera denuncia (10 de diciembre de 2001) hasta el día en que cesen definitivamente los ruidos procedentes del local sito debajo de la vivienda del apelante e intereses legales a partir de la primera denuncia, de la que se siguió la inactividad administrativa que ha dado lugar al presente contencioso.

OCTAVO.- En lo tocante a las secuelas de orden psíquico acreditadas mediante un perito objetivo e imparcial como es el médico forense, debe indicarse que las perturbaciones que los ruidos de 47'2 decibelios produjeron en el actor procedentes del local sito debajo de su vivienda, comenzaron ya en el año 1999, según consta en el informe clínico del Servicio de Psiquiatría del Hospital Marqués de Valdecilla de 3 de agosto de 1999, en el que se refiere que a consecuencia de los ruidos nocturnos en un bar de la vecindad, denunciados en varias ocasiones, y acudir a la policía por este motivo “al sentirse mal atendido tuvo una agitación psicomotriz, con rotura de objetos y amenazas de auto y heteroagresión, siendo llevado a urgencias e ingresado para observación en la Unidad, sin que se haya observado patología psicótica ni depresiva”, lo que significa que en dicho momento el afectado no padecía ninguna enfermedad mental y los síntomas antes descritos son achacables a la alteración que le venían produciendo los ruidos del local, siendo ya entonces el diagnóstico de “trastorno adaptativo”.

NOVENO.- A la fecha de emisión del informe forense (6 de agosto de 1997) la patología se ha consolidado, señalando dicho informe que el paciente “presenta un trastorno adaptativo crónico con alteración mixta de las emociones y el comportamiento, clasificado como enfermedad mental” y que se caracteriza por “la aparición de síntomas emocionales (síntomas de tipo depresivo como llanto y desesperanza), de tipo ansioso (con nerviosismo, preocupación o inquietud) y comportamentales (violación de las normas o reglas sociales, con comportamiento inadecuado en ocasiones, problemas esporádicos con el alcohol u otras sustancias, con las autoridades, peleas...) “en respuesta a un estresante identificable, en este caso, los ruidos existentes en su domicilio desde su infancia) con malestar mayor de lo esperable en respuesta al estresante y deterioro significativo en su actividad laboral, académica o cotidiana”.

DÉCIMO.- La afectación por el recurrente por la mencionada enfermedad mental con el desencadenante que describe el médico forense, es calificable no ya de daño moral, como el anteriormente referenciado, sino de daño físico que constituye un atentado a su integridad física, en este caso de orden psiquiátrico, en cuanto que su equilibrio mental se ha visto alterado, y que debe ser valorado a efectos indemnizatorios, conforme al Baremo establecido en el RDL 8/2004, de 29 de octubre, en cuya descripción de secuelas contenidas en la Tabla V se encuentra la padecida por el actor, que debe ser incluida dentro de las referidas a “trastorno de depresivo reactivo”, al que se asigna una puntuación de 5-10.

Teniendo en cuenta la descripción que de los síntomas y consecuencias de la enfermedad realiza la médico forense en su informe, la Sala estima procedente la asignación de 6 puntos, al ser de carácter moderado, correspondiéndole la suma de 689'014437 euros por cada punto, con un total de 4.134 euros.

UNDÉCIMO.- De conformidad con el artículo 139.2, no procede la imposición de costas a ninguna de las partes.

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY

FALLAMOS

Que debemos estimar y estimamos parcialmente el presente recurso de apelación promovido por DON FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ MARTÍN contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Santander de fecha 23 de noviembre de 2007, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: “Procede estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Don Francisco Javier Álvarez Martín y en consecuencia condenar al Ayuntamiento demandado a adoptar las medidas necesarias suficientes para garantizar la total ausencia de ruidos en la vivienda del recurrente provenientes del local sito debajo de la misma, así como que abone al recurrente en concepto de daños sufridos la cantidad de 6.000 euros. Sin costas”.

Que debemos revocar y revocamos parcialmente dicha Sentencia con reconocimiento del derecho del recurrente a percibir una indemnización de 24'617 euros diarios desde el 12 de diciembre de 2001 hasta la fecha en que cesen definitivamente los ruidos en su vivienda procedentes del local de referencia, así como la suma de 4.134 euros en concepto de secuelas, e intereses legales correspondientes desde la fecha de la primera de las denuncias formuladas ante el Ayuntamiento de Laredo.

Sin que proceda hacer mención expresa acerca de las costas procesales causadas, al no haber méritos para su imposición.

Así, por esta nuestra sentencia, que se notificará a las partes con expresión de los recursos que en su caso procedan frente a ella, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Intégrese esta Resolución en el Libro correspondiente. Una vez firme la sentencia, remítase testimonio de la misma, junto con el expediente administrativo, al lugar de origen de éste.


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