Juzgado CA nº 5 de Sevilla. Sentencia de 26/5/2008. Ayuntamiento de Sevilla pagará 24.000 € por consentir botellón en Ronda Capuchinos
Responsabilidad patrimonial de Ayuntamiento por consentir durante años ruidos insoportables producidos por concurrentes a la 'botellona'. Desprecio absoluto a los derechos de los ciudadanos

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En Sevilla, a 26 de mayo de 2008,

La Sra. Da MARIA FERNANDA MIRMAN CASTILLO, Magistrada-Juez del Juzgado Contencioso Administrativo número 5 de los de Sevilla, ha visto los autos del recurso contencioso administrativo número 727/05, interpuesto por la Procuradora Dña. Ma TERESA MORENO GUTIERREZ en nombre y representación de C. B. R, con la asistencia letrada de D. JOAQUÍN JOSÉ HERRERA DEL REY, contra el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla sobre MEDIO AMBIENTE. La cuantía ha sido fijada en indeterminada. Se ha seguido por el trámite del procedimiento ORDINARIO. Ha comparecido por el Ayuntamiento el Letrado de sus servicios jurídicos Don FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ RIVAS.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que con fecha 16/12/2005 se presentó recurso contencioso administrativo que fue turnado en reparto a este Juzgado contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, de solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial presentada el 13 de junio de 2005. Reclamaba una indemnización de 9.125.000 ptas actualmente más 25.000 ptas diarias mientras no se solucione", por "las molestias que llevaba produciendo en su domicilio por ruidos procedentes de la movida y botellón de la zona".

Segundo.- Que, admitido a trámite el escrito inicial de recurso, se acordó requerir a la Administración a fin de remitir el correspondiente expediente administrativo y practicar los emplazamientos previstos en el artículo 49 de la L.J.C.A.

Y, recibido tal expediente así como los complementos de expediente que fueron interesados, fue entregado a la parte recurrente para que dedujera la demanda en el plazo legal, lo que efectuó en tiempo y forma, mediante escrito que en lo sustancial se da aquí por reproducido y en el que suplicaba se dicte sentencia por la que se anule la resolución impugnada y declare el derecho de la demandante a recibir una indemnización de 60.000 euros, con la obligación adicional de tomar medidas efectivas y congruentes para que habitualmente no se pongan a un metro de su dormitorio cientos de personas gritando hablando y cantando con expresa condena en costas a la parte demandada por su actitud contraria a la buena fe administrativa."

Tercero.- Dando traslado de dicha demanda, con entrega del expediente administrativo, a la parte demandada, por la misma se presentó en tiempo y forma escrito de contestación, que en lo sustancial se da aquí por reproducido, y en el que suplicaba se dicte sentencia que o bien inadmita o bien desestime el recurso.

Fijada la cuantía como indeterminada y practicada la prueba admitida con el resultado que consta en autos, tras el oportuno trámite de conclusiones, quedaron los autos conclusos para sentencia.

Cuarto. -En la tramitación de este pleito se han observado las prescripciones legales excepto en cuanto a plazos debido a la acumulación de trabajo que pesa sobre este juzgado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es objeto de este recurso la desestimación presunta, por silencio administrativo, de solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial presentada el 13 de junio de 2005. Reclamaba una indemnización de 9.125.000 ptas. actualmente más 25.000 ptas. diarias mientras no se solucione", por "las molestias que llevaba produciendo en su domicilio por ruidos procedentes de la movida y botellón de la zona", denunciando mediciones de la policía local de 11,1 decibelios por encima de los límites legales, sin que el Ayuntamiento haga nada para evitar lo que estima una tortura, alegando que con "enormes subidas de tensión que supone dichas inmisiones en cualquier momento puedo tener un infarto", y que sufre otros daños en su salud como insomnio, depresión, irritabilidad, etc... además de que su vivienda ha quedado fuera del mercado ya que como es un problema conocido nadie quiere comprarla, y ello sin que el Ayuntamiento tome absolutamente ninguna medida correctora.

En la demanda, como hemos visto, no se reproduce exactamente esta petición sino que se solicitan 60.000 euros y "medidas efectivas y congruentes para que habitualmente no se pongan a un metro de su dormitorio cientos de personas gritando, hablando y cantando" y alega el letrado del Ayuntamiento que hay una desviación entre lo pedido en vía administrativa y lo pedido en vía judicial, y así se estima por cuanto una cosa es el cálculo de lo que se pedía (las 25.000 ptas. diarias) y la actualización de la indemnización, y otra lo que ha hecho la demandante: prescindir de lo solicitado en vía administrativa y zanjar solicitando 60.000 euros como cantidad a tanto alzado, amén de introducir la solicitud de medidas inconcretas tampoco solicitadas en vía administrativa. Se estima inadmisible tal exceso por el carácter revisorio de esta jurisdicción pero ello no conduce en absoluto a la inadmisión del recurso como pretende el letrado del Ayuntamiento, sino a que no se dará, caso de estimarse, más de lo solicitado en vía administrativa (así, STJA, sala contencioso-administrativo, Sevilla, rec. 130/02, de 6 /09/07).

Segundo. -El marco legal que define la obligación de la Administración demandada de indemnizar daños y perjuicios está constituido por el artículo 54 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 abril 1985 que remite para enjuiciar las pretensiones de responsabilidad derivadas del funcionamiento de los servicios públicos de las Entidades locales a la legislación general sobre responsabilidad administrativa, es decir, los artículos 106.2 de la Constitución, 121 de la Ley de Expropiación Forzosa y 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 julio 1957, este último precepto sustituido hoy por el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre. Podemos decir así que los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración, se pueden concretar, como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 9-3-1998 del siguiente modo:

a) El primero de los elementos es la lesión patrimonial equivalente a daño o perjuicio en la doble modalidad de lucro cesante o daño emergente.

b) En segundo lugar, la lesión se define como daño ilegítimo.

c) El vínculo entre la lesión y el agente que la produce, es decir, entre el acto dañoso y la Administración, implica una actuación del poder público en uso de potestades públicas.

d) Finalmente, la lesión ha de ser real y efectiva, nunca potencial o futura, pues el perjuicio tiene naturaleza exclusiva con posibilidad de ser cifrado en dinero y compensado de manera individualizable, debiéndose dar el necesario nexo causal entre la acción producida y el resultado dañoso ocasionado.

Por último, además de estos requisitos, es de tener en cuenta que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente (así en sentencias de 14 de mayo EDJ1994/11244 EDJ 1994/11244, 4 de junio EDJ1994/5117 EDJ 1997/5117, 2 de julio EDJ 1994/5780, 27 de septiembre EDJ1994/8544 EDJ 1994/8544, 7 de noviembre EDJ1994/10115 EDJ 1994/10115 y 19 de noviembre de 1994 EDJ1994/10114 EDJ 1994/10114, 11 de febrero de 1995, al resolver el recurso de casación 1619/92, fundamento jurídico cuarto EDJ1995/1465 EDJ 1995/1465 y 25 de febrero de 1995, al resolver el recurso de casación 1538/1992, fundamento jurídico cuarto EDJ1995/3027 EDJ 1995/3027, así como en posteriores sentencias de 28 de febrero EDJ 1995/657 y 1 de abril de 1995 EDJ1995/2523 EDJ 1995/2523 ) que la responsabilidad patrimonial de la Administración, contemplada por los artículos 106.2 de la Constitución, 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 y 121 y 122 de la Ley de Expropiación Forzosa, se configura como una responsabilidad objetiva o por el resultado en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando para declararla que como consecuencia directa de aquella, se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, siempre claro está, que en el plazo de un año el perjudicado o sus herederos efectúen la correspondiente reclamación.

Esta fundamental característica impone que, no sólo, no es menester demostrar para exigir aquella responsabilidad que los titulares o gestores de la actividad administrativa que ha generado un daño han actuado con dolo o culpa, sino que ni siquiera es necesario probar que el servicio público se ha desenvuelto de manera anómala, pues los preceptos constitucionales y legales que componen el régimen jurídico aplicable extienden la obligación de indemnizar a los casos de funcionamiento normal de los servicios públicos. Bastando con que el daño sufrido sea antijurídico, es decir que no exista el deber de soportarlo para que proceda la indemnización.

Tercero.- Entrando en el fondo del asunto, la demandante ha acreditado que ha sufrido al menos desde noviembre de año 2004, durante el año 2005 y parte del 2006 el problema del botellón de forma muy inmediata, ya que vive en la calle A. En esta calle, a pocos metros de la vivienda de la demandante, hay dos discotecas y una enorme acera que ha sido punto habitual de "botellona" los jueves, viernes y sábados de parte del año 2004 y todo el año 2005. La policía Local ante las múltiples quejas de los vecinos de la calle ha tenido montado incluso un servicio de control de la movida desde enero de 2005 en la calle, pero con órdenes expresas de no disolver a los jóvenes que se agolpaban a escasos metros de la vivienda de la demandante bebiendo, hablando, dando voces desde aproximadamente las 22'30 hasta aproximadamente las tres o las cuatro de la mañana el grueso, y los recalcitrantes hasta las seis y las siete de la mañana. Eran además habituales las reyertas y los "coches-discotecas". Estas reuniones masivas de jóvenes dejaban además al marcharse, además de vomitonas y olor a orines en la vía pública, una gran cantidad de botellas y bolsas en el suelo, por lo que sobre las siete de la mañana el servicio público de LIPASAM procedía a la limpieza de la acera, pero en el método de recogida de los cientos de botellas que quedaban en el suelo producía aún más ruido que los jóvenes hablando, ya que en vez de limitarse a recogerlas las rompían en el acerado con mazas de madera para después absorberlas con una máquina (folio 180 de autos y testifical practicada).

Las denuncias de los vecinos del barrio, han sido múltiples, no sólo ante las autoridades municipales, sino ante la prensa y con pancartas reclamando su derecho al descanso (vid folios 222, 223 y 145 y ss de autos). En concreto la demandante denunció los hechos personalmente el 16/3/2005 ante la policía local, procediendo ésta a medir la contaminación acústica que ello suponía para la demandante. Resultó (folio 68 del expediente administrativo) que el 2/4/2005, sobre las 00'15 horas, la policía pudo observar "la presencia de unas 600 personas en la zona, los más cercanos a tres metros de la ventana de la denunciante. Existen ruidos provocados por voces, gritos charla de los congregados, etc. No se escucha música así como no se comprueba que estén relacionados con las discotecas. Si bien se procedió a medir el ruido se acordó nueva medición al no poder medir el ruido de fondo. Al día siguiente, 3/4/05, sobre las 2'12 h, la policía informó de "unas 750 personas, las más cercanas a un metro de la ventana del dormitorio de la denunciante ", así como que el resultado de la medición excedía de 11'1 dB el límite establecido (resultó Leq = 76'2. Lmax =89'1. Lmin = 70'2 y L90 = 73'5), pero que no realizaba denuncia del art. 67 de la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente en Materia de Ruidos y Vibraciones "por ser una colectividad indeterminada de personas", motivo por el cual informaba igualmente que no se puede llevar a la práctica "la suspensión inmediata del funcionamiento de la actividad' que procedería según el art. 67 de la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente en Materia de Ruidos y Vibraciones. El policía local interviniente en dicha medición, insistió en el acto del juicio que si bien al mismo no le cabía duda de que superando el ruido del botellón los 11 decibelios no se podía desarrollar una vida normal, y desde luego no se podía dormir, la policía no podía hacer nada, no había mecanismo legal para hacer algo, porque el ruido no provenía de ninguna actividad pública que pudiese suspenderse ni de personas concretas sino de la suma de todas.

Aún así, antes de terminar el año 2005 por el Ayuntamiento se establecieron medidas para aliviar los ruidos de la movida como vallar la zona separando a la gente unos tres metros de las ventanas de la demandante, aunque ha quedado acreditado por la testifical practicada que algunos jóvenes abrían las vallas y se acercaban igualmente a las viviendas. Como consecuencia de las agresiones acústicas sufridas de forma tan intensa y prolongada, la demandante, y con un cuadro postflebítico severo invalidante, ha sufrido un cuadro de ansiedad moderada, a veces intensa, generalizada (folios 215 y 217 de autos). Además, la demandante ha acreditado por prueba no desvirtuada de contrario, que el que la movida se celebrase habitualmente en las proximidades de su vivienda supone para esta vivienda una depreciación de 128'65 % de su valor, lo que en abril de 2006 hubiera supuesto un perjuicio de 154.971 en el caso de que la demandante hubiera procedido a venderla.

Cuarto.-El Ayuntamiento alega en su defensa que la demandante sólo ha presentado una denuncia por ruidos, lo que a la vista de la documental presentada no es cierto.

Además de la denuncia de 16/3/2005 que reconoce el Ayuntamiento constan aportadas múltiples denuncias, solicitudes de entrevistas con responsables y gestiones para intentar una solución por parte del Ayuntamiento demandado (folios 137 y ss, y folios 260 y ss), además de otras tantas gestiones como integrante del colectivo Asociación de vecinos (folio 148 y ss). Excepciona también el letrado del Ayuntamiento que las molestias sólo son desde marzo de 2005, lo que queda desmentido por el informe del dispositivo policial montado en la calle desde enero del 2005 así como por el informe de la Comisión Especial de Sugerencias y reclamaciones de 1 de junio de 2006, que sitúa las quejas vecinales desde noviembre de 2004.

Por último alega que el Ayuntamiento, antes de la vigente Ley andaluza 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía, que viene a prohibir, entre otros, las concentraciones para consumir alcohol en la calle fuera de las zonas habilitadas por el Ayuntamiento para ello, los Ayuntamientos carecían de potestad para actuar contra personas que se reunían en la calle para hablar. Alega que incluso antes de aprobarse esta ley el Ayuntamiento sí tomó medidas, y se remite a la visita que el Asesor técnico adscrito a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones realizó a la barriada el 15 de enero del 2006, entre las 1'00 y las 4'00 horas y pudo observar ese día, (folio 178 de las actuaciones y 32 del informe) una congregación de 200 personas, varios coches de policía en la zona, un control de alcoholemia en las proximidades, la colocación en el acerado contrario a las viviendas de "vallas metálicas del Ayuntamiento unidas con cinta policial, que no impiden la reunión de personas"; en el acerado que da a las viviendas, también hay colocadas vallas metálicas "sobre todo en las viviendas que están en la confluencia de las calles, sin que ello impida la cercanía de la reunión de las personas (en número de 20 a 30) a tales viviendas". Añade el informe que no se observan coches discotecas, las personas que están en las proximidades de las discotecas no consumen bebidas, y las personas reunidas, en general, no tienen actitudes de griterío ni de rotura de envase de vidrio.

Naturalmente, el dispositivo policial que encontró este Técnico en enero de 2006 no era el habitual en la primera mitad del año 2005, basta leer los informes sobre actuaciones de la policía obrantes a los folios 335 y siguientes de autos.

Quinto.- De cualquier forma, de lo expuesto se deduce la existencia de un daño en la demandante. Daño físico en su salud, daño moral por lo que supone de violación de la intimidad de su domicilio y sufrimiento ante la impotencia de ver que las fuerzas del orden, que tienen el deber de velar por su integridad física, no ponen fin a la agresión de que está siendo objeto pese a su evidencia y reiteración . Y daño económico, por la pérdida de valor, aunque no sea con carácter definitivo (caso de que haya cesado la movida con la entrada en vigor de la nueva ley, cosa que el testigo, vecino de la demandante, niega aunque reconoce que la frecuencia no es la de antes), de una vivienda que se sabe socialmente sometida a una contaminación acústica intolerable por las concentraciones de jóvenes.

Este daño es antijurídico por cuanto la demandante no tiene el deber de soportarlo.

Por el contrario, viene a suponer una violación de derechos fundamentales como el derecho a su integridad física (art. 15 de la CE) y a la intimidad personal e inviolabilidad de su domicilio (art. 18 1 y 2 de la CE y 8 del Convenio Europeo de Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales de 1950, sentencias del TEDH de 9/12/1994 y de 16/11/2004, ésta de condena por ruidos consentidos por el Ayuntamiento de Valencia), así como de su derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las personas (art. 45 de la CE). La sentencia del Tribunal Constitucional [sic, debería decir Supremo] de 29 de mayo de 2003 se refiere a la protección jurisdiccional que ha de dispensarse con fundamento en el derecho a la inviolabilidad del domicilio frente a la contaminación acústica señalando: "Es un exponente importante de esa jurisprudencia la sentencia del Tribunal Constitucional de 24 de mayo de 2001 EDJ2001/6004, que invoca expresamente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos reflejada en la sentencia de 21 de febrero de 1990 (caso Powel y Rayner contra el Reino Unido) EDJ1990/12354, de 9 de febrero de 1994 (caso López Ostra contra el Reino de España) y de 19 de febrero de 1998 (Caso Guerra y otros contra Italia) EDJ1998/2076. De la doctrina contenida en esa sentencia del Tribunal Constitucional merece aquí destacarse que como domicilio inviolable ha de identificarse el espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y donde ejerce su libertad más íntima, por lo que el objeto especifico de protección en este derecho fundamental es tanto el espacio físico en sí mismo como lo que en el hay de emanación de la persona que lo habita. -Que este derecho fundamental ha adquirido una dimensión positiva en relación con el libre desarrollo de la personalidad, orientada a su plena efectividad. -Que habida cuenta que el texto constitucional no consagra derechos meramente teóricos o ilusorios sino reales y efectivos, se hace imprescindible asegurar la protección del derecho fundamental de que se viene hablando no sólo frente a las injerencias de tercera persona, sino también frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada. -Que el ruido puede llegar a representar un factor psicopatógeno destacado en el seno de nuestra sociedad y una fuente de permanente perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos, como lo acreditan las directrices marcadas por la Organización Mundial de la Salud sobre el ruido ambiental. -Que ciertos daños ambientales en determinados casos de especial gravedad aún cuando no pongan en peligro la salud de las personas, pueden atentar contra su derecho al respeto de su vida privada y familiar privándola del disfrute de su domicilio. -y que debe merecer la protección dispensada al derecho fundamental, a la vida personal y familiar en el ámbito domiciliario, una exposición prolongada a determinados niveles de ruido que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, en la medida que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de acciones y omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida".

También se entiende acreditada la relación de causalidad entre el daño y el funcionamiento de los servicios públicos del Ayuntamiento. Debe subrayarse que la competencia para la vigilancia de este derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio frente a la contaminación acústica persistente o intolerable por su entidad viene establecida por el artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local para el Municipio, todo ello en relación con lo dispuesto en los artículos 6, 36 y 37 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (STS, Sala 33, Secc. 73 de 26/11/57, rec. 1.204/04). En el caso de autos, ante una agresión evidente, intolerable, reiterada, previsible (todas las semanas de jueves a domingo) y evitable al sistema nervioso de la demandante, las fuerzas públicas, que tienen el monopolio del legítimo uso de la fuerza en un Estado Democrático de Derecho, nada hacen para conseguir que lisa y llanamente se cese en la agresión mediante la dispersión de las personas que la provocan. Como recuerda el informe de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, ya antes de la aprobación de la Ley 7/2006 el Ayuntamiento disponía de mecanismos para ello (folio 204): la Ordenanza de Ruidos ya vigente prohibía en su artículo 48 los actos ruidosos en la vía pública y expresamente salvo autorización municipal- actos tales como cantar, proferir gritos, hacer funcionar aparatos de música, instrumentos musicales, mensajes publicitarios con altavoces que superen los límites permitidos o en su caso que por su intensidad o persistencia generen molestias a los vecinos que, a juicio de la policía local, resulten inadmisibles. Los agentes de la policía Local pueden proceder en este último caso además de a la paralización de la actividad ruidosa. Como señalaba la Comisión Municipal, la propia Ordenanza establece qué consideración tiene el exceso de ruido sobre los niveles admisibles: igual o superior a 3 dBA se considera poco ruidoso, de 3 a 6, ruidoso, y por encima de 6 es intolerable. En el caso de la demandante, un día de medición sin coches discotecas funcionando, que también los hubo, sólo de gente hablando, el exceso era de 11 dBA. En casos como éste estaba más que justificada poner fin al cese del foco de contaminación acústica mediante la dispersión de los concurrentes conforme al art. 67 de la Ordenanza. La Comisión Municipal llega a decir que cabría incluso identificar a los concurrentes e imputarle una comisión de una infracción de la Ordenanza de ruidos, sancionable con 3.000 euros. y si el Ayuntamiento tenía dudas de la suficiencia de su Ordenanza, estaba en su mano el completarla por cuanto, como ya se ha dicho, la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local en el art. 25.2.f) incluye como competencias propias de los municipios la "protección del medio ambiente" y en el h) "la protección de la salubridad pública". Como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 26/07/2006, secc. 6°" Esas responsabilidades municipales se establecen además de en las normas básicas en otras sectoriales, y algunas de ellas de tanta trascendencia como la Ley General de Sanidad; Ley 14/1986, de 25 de abril, en cuyo artículo 42.3 se atribuye a "los Ayuntamientos, sin perjuicio de las competencias de las demás Administraciones públicas, las siguientes responsabilidades mínimas en relación al obligado cumplimiento de las normas y planes sanitarios: a) Control sanitario del medio ambiente: Contaminación atmosférica y b) el control sanitario de industrias.

Para el ejercicio de esas competencias la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local afirma en el art. 4.1.a) que "en su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios: a) La potestad reglamentaria" que ha de ser ejercida protección del medio ambiente, en la medida en que se dote a esta materia de contenido por la legislación sectorial y dentro del límite que representan las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias.

Es decir, la autonomía municipal conlleva el deber de dotarse de las normas reglamentarias precisas dentro del marco de las normas estatales y autonómicas sectoriales, para el eficaz ejercicio de las competencias que le son propias, y en materia de ruidos el Ayuntamiento contaba con el amparo legal de la Ley estatal 37/03, de 17 de noviembre, Ley del Ruido, que en su artículo 28.5 establece que "Las ordenanzas locales podrán tipificar infracciones en relación con: a) El ruido procedente de usuarios de la vía pública en determinadas circunstancias." Por tanto, si dudaba de la suficiencia de su Ordenanza (cosa que ya hemos visto, no tenía fundamento ni siquiera para la Comisión Municipal Especial de Sugerencias y Reclamaciones, y más en una materia, la de los derechos fundamentales, en que ha de hacerse la interpretación de las normas más beneficiosa para la plena efectividad de los mismos) tenía en su mano igualmente desarrollar la Ordenanza dentro del marco legislativo sectorial existente (incluso el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, BOJA n° 243), a fin de disolver las concentraciones de jóvenes que producían una contaminación acústica intolerable en las viviendas colindantes antes de la Ley autonómica de potestades administrativas.

Sexto.-Queda por último cuantificar la indemnización por el daño causado. Sobre el particular, entiendo que hay que valorar, por un lado, la persistencia y la entidad en el tiempo de las agresiones acústicas soportadas; la pluralidad de daños causados, físicos, morales y económicos ya referidos, y así mismo, la conciencia del daño por parte del Ayuntamiento y su desprecio ante la decisión política (vigente en el año 2005 en que tienen lugar los hechos) de que los ciudadanos tenían que soportar la famosa botellona aunque ello supusiera una violación de sus derechos fundamentales porque se ponía a la misma altura estos derechos y el derecho al ocio. Véase sobre el particular el Informe del Distrito de 21 de septiembre de 2005 (folio 158 de autos): el objetivo no es terminar con estas multitudinarias concentraciones de jóvenes bebiendo durante toda la madrugada que impiden dormir a los vecinos, sino elaborar propuestas para "una movida menos molesta" y "más sana". Al final del folio 159 se dice " ¿A qué conclusiones fundamentales se han llegado sobre los problemas de la movida en el barrio? " y se contesta con las medidas a adoptar. Éstas se limitan a vallado de calles, control de establecimientos y controles de tráfico. Da igual el número de decibelios que a pesar de esas medidas sigan soportando los vecinos.

Por otro lado valoro que el daño económico denunciado no es tal porque no tiene el carácter de pérdida definitiva de valor de la vivienda, sino temporal, y estimo prudente establecer una indemnización conjunta, por todos los conceptos y actualizada a día de hoy de 24.000 euros.

Séptimo.-No se aprecia temeridad o mala fe en la oposición para imponer las costas (art. 139 LJCA).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta en nombre y representación de Don CBR con la asistencia letrada de D. Joaquín José Herrera del Rey, contra el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla por desestimación presunta por silencio administrativo negativo de la reclamación citada en el antecedente primero, por estimarla contraria al Ordenamiento Jurídico, acordando en su lugar se indemnice a la demandante en 24.000 euros; y sin costas.

Una vez firme esta sentencia, contra la que cabe interponer recurso de apelación en el plazo de quince días a partir de la presente notificación ante este Juzgado para ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, devuélvase el expediente a la Administración demandada con testimonio de la presente para su ejecución.

Así por esta mi sentencia de la que se llevará certificación a los autos principales, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación.-La anterior sentencia se ha hecho pública por la Ilma. Magistrado que la ha dictado. En Sevilla a día de la fecha.


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