Diputación Foral de Navarra

LEY FORAL 16/1989, de 5 de diciembre, de control de actividades clasificadas para la protección del medio ambiente

(Modificada por Ley Foral 1/1999, de 2 de marzo, de Medidas Administrativas de Gestión Medioambiental)
[Derogada por Enlace externoLey Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental]
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Normas

 

    La Constitución, en su articulo 45, consagra el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado y el deber de conservarlo, al tiempo que exige de los poderes públicos la función de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, a fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente. El precepto constitucional caracteriza el disfrute del medio ambiente como un derecho de todos los ciudadanos, afirmando unos principios que no son meramente programáticos, puesto que al tiempo que vinculan en su actuación a los poderes públicos han de informar la legislación positiva, de acuerdo con lo señalado en el articulo 53.3 de la Norma Fundamental. Uno de los campos en el que con mayor claridad incide el mandato constitucional es el constituido por la regulación de la intervención administrativa en el ámbito de todas aquellas actividades económicas susceptibles de ocasionar daños al medio ambiente o a la salud de las personas. Dichas actividades están actualmente reguladas en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2.414/61, que tiene por objeto evitar que cualquier actividad pública o privada pueda ocasionar molestias, alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos graves para personas o bienes. El citado Reglamento tiene carácter integrador, ya que contempla dentro del mismo todas las afecciones que pueda ocasionar una actividad, como puedan ser la contaminación atmosférica y del agua, por ruidos y vibraciones, por residuos sólidos, por residuos tóxicos y peligrosos y por instalaciones radioactivas, así como los peligros de incendio o de otro tipo que puedan derivarse del ejercicio de la misma. La profunda transformación operada tras la entrada en vigor de la Constitución, con la consiguiente asunción de competencias de todo tipo por parte de las distintas Comunidades Autónomas y la necesidad de integrar este sector en una nueva perspectiva medioambiental, constituyen un conjunto de factores que exigen actualizar y desarrollar la normativa vigente, especialmente en los aspectos referentes a las facultades inspectora y disciplinaria de la Administración. Esta modificación debe tener necesariamente rango de Ley para poder establecer todas las medidas que conduzcan eficazmente a su cumplimiento. Por otra parte, sin perjuicio de las competencias que el articulo 149.1.23.a de la Constitución atribuye al Estado, la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, en su artículo 57.c) atribuye a Navarra el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de medio ambiente y ecología y en el articulo 58.h) la ejecución de la legislación del Estado en materia de vertidos industriales y contaminantes.

    La presente Ley Foral regula, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, el régimen de autorización y funcionamiento de las actividades o instalaciones, públicas o privadas, susceptibles de alterar la salubridad o el medio ambiente. En consecuencia, se determina el régimen de implantación de estas instalaciones y los mecanismos de control y vigilancia de las mismas, estableciéndose, asimismo, las posibles infracciones y las sanciones correspondientes.

    CAPITULO I - OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

    (Ver desarrollo en Capítulo I del Decreto Foral 32/1990, de 15 de febrero)

    Artículo 1.º Esta Ley Foral tiene por objeto regular, en desarrollo de la legislación básica en materia de medio ambiente, el régimen de autorización y funcionamiento de cualquier actividad o instalación, pública o privada, susceptible de ocasionar molestias, alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las personas o bienes.

    Artículo 2.º 1. Quedan sometidas a las disposiciones de la presente Ley Foral todas las actividades o instalaciones, que se denominaran clasificadas, incluidas en la relación siguiente:

    a) Actividades extractivas (minas, canteras y graveras).

    b) Instalaciones nucleares y radioactivas.

    c) Instalaciones productoras de energía.

    d) Industrias en general, incluso talleres de reparación.

    e) Mataderos y explotaciones ganaderas, incluso piscifactorias.

    f) Actividades o instalaciones con riesgo de incendio o explosión por almacenamiento de combustibles, objetos o materiales.

    g) Actividades comerciales y de servicios en general, que superen los limites de superficie o potencia que reglamentariamente se determinen.

    h) Actividades hosteleras.

    i) Espectáculos públicos y actividades recreativas.

    j) Actividades que puedan manipular o eliminar organismos patógenos.

    k) Instalaciones de recogida, tratamiento, recuperación y eliminación de residuos sólidos, líquidos o gaseosos, urbanos o industriales.

    l) Otras actividades con efectos análogos sobre la salud y el medio ambiente.

    2. Reglamentariamente se especificarán aquellas actividades clasificadas que tendrán la consideración de inocuas, a los efectos de la aplicación de esta Ley Foral, por cumplir los requisitos técnicos que con ese fin se determinen.

    CAPITULO II - RÉGIMEN DE AUTORIZACIONES

    (Ver desarrollo en Capítulo II del Decreto Foral 32/1990, de 15 de febrero)

    Artículo 3.º 1. La persona física o jurídica que pretenda la instalación o ampliación de una actividad clasificada deberá solicitar ante el Ayuntamiento, en cuyo ámbito pretenda ubicar dicha actividad, la autorización previa correspondiente, que se denominara licencia de actividad.

    2. Reglamentariamente se determinara la documentación que deberá presentarse junto con la solicitud, que, en todo caso, comprenderá una descripción de la actividad, su incidencia en la salubridad y en el medio ambiente y los riesgos potenciales para las personas o bienes, así como las medidas correctoras propuestas, debiendo justificarse expresamente el cumplimiento de la normativa sectorial vigente correspondiente.

    3. Las actividades que estén obligadas, de acuerdo con la legislación en vigor, a la realización previa de un estudio de impacto ambiental, deberán adjuntarlo a la solicitud de licencia de actividad.

    4. Salvo que proceda la denegaron expresa de la licencia por razones de competencia municipal, basadas en el planeamiento urbanístico o en las Ordenanzas Municipales, el Alcalde someterá la actividad solicitada a exposición pública en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra en quince días y por el mismo plazo, y la notificara personalmente a los vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse, al objeto de que puedan presentarse alegaciones por quienes se consideren afectados, y emitirá posteriormente informe razonado sobre el establecimiento de la mencionada actividad.

    5. Salvo para las actividades clasificadas incluidas en el Anejo de esta Ley Foral, previamente al otorgamiento de la licencia de actividad por el Alcalde, el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda emitirá informe sobre el proyecto de instalación o ampliación de la actividad solicitada. Dicho informe será vinculante para la autoridad municipal cuando suponga la denegación de la licencia de actividad o la imposición de medidas correctoras adicionales.

    Reglamentariamente se determinarán aquellas actividades que, sin precisar informe del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, deberán ser sometidas a informe de los Departamentos de Presidencia e Interior; y de Salud, según proceda, por implicar riesgo para la integridad de las personas o bienes en caso de siniestro o sean relativas a la materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.

    6. El otorgamiento de la licencia se notificara personalmente a los interesados que hubiesen presentado alegaciones durante el tramite de información pública y se hará publico en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra en todo caso.

    Artículo 4.º El Gobierno de Navarra podrá delegar en aquellos Ayuntamientos que cuenten con servicios técnicos adecuados, previa petición expresa de los mismos, la emisión de los informes a que hace referencia el articulo anterior, para las actividades que expresamente se determinen.

    Artículo 5.º Las licencias de actividad correspondientes a actividades clasificadas se entenderán otorgadas por silencio administrativo positivo en el plazo de dos meses, excepto las de aquellas actividades para las que la legislación vigente disponga otra cosa. El plazo de dos meses se computara a partir del día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra del tramite de información pública del articulo 3.º 4.

    Artículo 6.º 1. Las Entidades Locales no podrán conceder licencias de obras para actividades clasificadas en tanto no se haya otorgado la licencia de actividad correspondiente.

    2. Las licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero, por lo que no exoneraran de las responsabilidades civiles o penales en que incurran los titulares de las licencias en el ejercicio de sus actividades.

    3. Las licencias serán transmisibles, debiendo ser notificada su transmisión a la Corporación a efectos de determinar el sujeto titular de la actividad y las responsabilidades que de tal condición se derivaren.

    4. Las licencias quedaran sin efecto se incumplieren las condiciones a que estuvieren subordinadas, y deberán ser revocadas cuando desaparecieren las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que, de haber existido a la sazón, habrían justificado la denegaron, y podrán serlo cuando se adoptaren nuevos criterios de apreciación. Podrán ser anuladas las licencias cuando resultaren otorgadas erróneamente. La revocación fundada en la adopción de nuevos criterios de apreciación o en error en su otorgamiento, que no sea motivado por la acción dolosa del peticionario, comportaran el resarcimiento de los daños y perjuicios que se causaren.

    Artículo 7.º En el caso de actividades clasificadas cuyo funcionamiento pueda comportar riesgo potencial grave para las personas, los bienes o el medio ambiente en general, el Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente podrá exigir al titular de las mismas la constitución de una fianza o la contratación de un seguro, que garantice la reparación de posibles daños a las personas o al medio ambiente.

    Artículo 8.º Las medidas correctoras impuestas en la licencia de actividad podrán ser revisadas en función de la legislación en materia de medio ambiente vigente en cada momento, incluida la normativa comunitaria, debiendo adaptarse a las innovaciones aportadas por el progreso científico y técnico.

    Artículo 9.º La licencia de actividad caducara por falta de ejercicio e la actividad correspondiente, en los plazos y supuestos que reglamentariamente se determinen.

    CAPITULO III - LICENCIA DE APERTURA 

    (Ver desarrollo en Capítulo III del Decreto Foral 32/1990, de 15 de febrero)

    Artículo 10. Con carácter previo al inicio de una actividad clasificada, deberá obtenerse del Alcalde la autorización de puesta en marcha correspondiente, que se denominara licencia de apertura. A tal efecto, el titular deberá presentar en el Ayuntamiento la documentación, cuyo contenido se determinara reglamentariamente, que garantice que la instalación se ajusta al proyecto aprobado, así como a las medidas correctoras adicionales impuestas, en su caso, en la licencia de actividad.

    Artículo 11.Las licencias de apertura correspondientes a actividades clasificadas se entenderán otorgadas por silencio administrativo positivo en el plazo de un mes, excepto las de aquellas actividades para las que la legislación vigente disponga otra cosa.

    Artículo 12.La obtención de la licencia de apertura será previa a la concesión de las autorizaciones de enganche o ampliación de suministro de energía eléctrica, de utilización de combustibles líquidos o gaseosos, de abastecimiento de agua potable y demás autorizaciones preceptivas para el ejercicio de la actividad.

    CAPITULO IV - RÉGIMEN DE INSPECCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

    (Ver desarrollo en Capítulo IV del Decreto Foral 32/1990, de 15 de febrero)

    Artículo 13.1. La inspección de las actividades clasificadas corresponde al Ayuntamiento en cuyo ámbito territorial estén ubicadas.

    2. Sin perjuicio de las facultades que la normativa vigente atribuya a otros órganos de la Administración de la Comunidad Foral, el Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente ejercerá la alta vigilancia de las actividades clasificadas.

    Artículo 14. 1. El personal oficialmente designado para realizar labores de verificación e inspección de las actividades clasificadas gozara, en el ejercicio de sus funciones, de la consideración de Agente de la Autoridad, a efectos de lo dispuesto en la legislación penal, estando facultado para acceder, previa identificación y sin previo aviso, a las instalaciones donde se desarrollen las actividades sujetas a la presente Ley Foral.

    2. Los titulares de actividades clasificadas deberán prestar la colaboración necesaria a los inspectores, a fin de permitirles realizar cualesquiera exámenes, controles, tomas de muestras y recogida de la información necesaria para el cumplimiento de su misión.

    Artículo 15.Los titulares de actividades clasificadas que proporcionen información a la Administración en relación con esta Ley Foral, podrán invocar el carácter de confidencialidad de la misma en la forma que reglamentariamente se determine.

    Artículo 16. A requerimiento del Alcalde o del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, cuando las características de una actividad clasificada lo hagan aconsejable, el titular deberá nombrar un técnico responsable del adecuado funcionamiento de las instalaciones destinadas a evitar o corregir daños ambientales.

    Artículo 17. Advertidas deficiencias en el funcionamiento de una actividad clasificada, el Alcalde requerirá al titular de la misma, para que corrija las citadas deficiencias en un plazo determinado que, salvo casos especiales debidamente justificados, no podrá ser superior a seis meses.

    Artículo 18. Si el Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente advirtiese deficiencias en el funcionamiento de una actividad clasificada, el Consejero titular de dicho Departamento lo pondrá en conocimiento del Alcalde, para que proceda de acuerdo con lo establecido en el articulo anterior. Si en el plazo de un mes la Alcaldía no efectuase las actuaciones previstas en dicho articulo, estas serán ordenadas por el Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.

    Artículo 19. El titular de una actividad clasificada deberá poner en conocimiento inmediato del Alcalde, obligatoriamente, los siguientes hechos:

    a) La existencia de accidente ambiental grave, real o potencial, indicando expresamente las medidas adoptadas al respecto y facilitando a la Administración toda la información disponible para que esta actúe si lo considera necesario, obligación que subsidiariamente corresponderá al técnico responsable a que se refiere el articulo 16 de esta Ley Foral.

    b) La interrupción voluntaria de la actividad por plazo superior a tres meses, salvo para industrias de campaña, así como el cese definitivo de la misma.

    Artículo 20. El Alcalde o el Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente podrán paralizar con carácter preventivo cualquier actividad clasificada, en fase de construcción o de explotación, total o parcialmente, por cualquiera de los siguientes motivos:

    a) Ocultaron de datos, su falseamiento o manipulación maliciosa en el proyecto cuya autorización se solicita.

    b) El incumplimiento o transgresión de las condiciones ambientales impuestas para la ejecución del proyecto.

    c) Cuando existan razones fundadas de daños graves o irreversibles al medio ambiente o peligro inmediato para personas o bienes, en tanto no desaparezcan las circunstancias determinantes, pudiendo adoptar las medidas necesarias para comprobar o reducir riesgos.

    Artículo 21.Cuando el titular de una actividad clasificada, tanto en funcionamiento como en situación de suspensión temporal o clausura definitiva, se niegue a adoptar alguna medida correctora, que le haya sido impuesta en virtud de la presente Ley Foral, la autoridad que haya requerido la acción, previo apercibimiento, podrá ejecutarla con carácter sustitutorio, siendo a cargo del titular los costes derivados, que serán exigibles por vía de apremio.

    Artículo 22. Sin perjuicio de las sanciones que procedan, cuando el Alcalde tenga conocimiento de que una actividad clasificada funciona sin licencia de apertura efectuara las siguientes actuaciones:

    a) Si la actividad pudiese autorizarse, requerirá al titular de la misma para que regularice su situación, concediéndole al efecto un plazo que, salvo casos excepcionales debidamente justificados, no podrá ser superior a seis meses, pudiendo además clausurarla, si las circunstancias lo aconsejan, previa audiencia del interesado. b) Si la actividad no pudiera autorizarse por incumplimiento de la normativa sectorial vigente o de las ordenanzas municipales correspondientes, deberá proceder a su clausura, previa audiencia del interesado.

    Artículo 23. Si el Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente tuviese conocimiento del funcionamiento de una actividad clasificada sin licencia de apertura, lo pondrá en conocimiento del Alcalde, para que proceda de acuerdo con lo establecido en el articulo anterior. Si en el plazo de un mes la Alcaldía no efectuase las actuaciones previstas en dicho articulo, estas serán ejecutadas por el Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.

    CAPITULO V - RÉGIMEN SANCIONADOR 

    (Ver desarrollo en Capítulo V del Decreto Foral 32/1990, de 15 de febrero)

    Artículo 24. Las infracciones a lo establecido en esta Ley Foral serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en los artículos siguientes, sin perjuicio, en su caso, de las responsabilidades civiles y penales.

    Artículo 25. Se considerarán como circunstancias agravantes de la responsabilidad el grado de incidencia en la salud humana, la irreversibilidad del daño, las características del lugar, la intencionalidad, la reincidencia y el riesgo de contaminación o accidente.

    Artículo 26. Se considerarán infracciones muy graves:

    a) La producción y gestión de residuos tóxicos y peligrosos sin autorización o con incumplimiento de las condiciones previstas en la misma, así como el abandono, vertido no autorizado y deposito incontrolado de los residuos mencionados.

    b) La utilización de instalaciones nucleares y radiactivas no autorizadas o cuyos niveles de inmision superen los limites legalmente admisibles.

    c) Cualquier acción u omisión tipificada como infracción grave, cuando se generen daños reales o potenciales muy graves para las personas o el medio ambiente.

    Artículo 27.Se considerarán infracciones graves:

    a) Las previstas en los apartados a) y b) del articulo anterior cuando, por las circunstancias concurrentes, no resulte previsible la creación de un riesgo muy grave para las personas o el medio ambiente.

    b) La emisión de contaminantes no autorizados o la utilización de sustancias prohibidas.

    c) La emisión de contaminantes cuando se sobrepasen los limites admisibles en cantidades superiores a las que reglamentariamente se determinen.

    d) La eliminación de residuos, propios o ajenos, no conceptuados expresamente como tóxicos y peligrosos, mediante vertidos incontrolados, siempre que se produzcan afecciones graves al medio ambiente.

    e) El incumplimiento por parte de una actividad clasificada de las condiciones previstas en el proyecto técnico presentado o de las medidas correctoras establecidas en la licencia de actividad o impuestas como consecuencia de labores de inspección, cuando exista riesgo grave para las personas o el medio ambiente.

    f) El incumplimiento de una orden de suspensión temporal o clausura definitiva, total o parcial.

    g) La negativa al requerimiento de legalización de una actividad clasificada en funcionamiento sin licencia de apertura.

    h) El incumplimiento de una orden de clausura de una actividad clasificada en funcionamiento sin licencia de apertura.

    i) La falta de adopción de las medidas urgentes impuestas por la Administración en caso de emergencia.

    j) La falta de aviso del titular o, en su caso, del responsable técnico, a que hace referencia el articulo 19.a) de esta Ley Foral.

    k) La realización de proyectos o certificados técnicos fraudulentos relacionados con estas actividades.

    l) La negativa o resistencia al ejercicio de las funciones de información e inspección de las autoridades competentes, así como el suministro de datos falsos o fraudulentos.

    m) La reincidencia en la comisión de dos o mas faltas leves en los últimos doce meses.

    Artículo 28. Se considerarán infracciones leves cualesquiera acciones u omisiones que vulneren lo dispuesto en la presente Ley Foral o en los Reglamentos que la desarrollen, y que no se encuentren tipificadas como infracción grave o muy grave.

    Artículo 29. Las infracciones consideradas muy graves, en esta Ley Foral, prescriben a los cuatro años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses, a contar desde la comisión de las mismas.

    Artículo 30. Las infracciones a la normativa en materia de actividades clasificadas darán lugar a la imposición de una o varias de las siguientes sanciones: a) Multa. b) Suspensión temporal, total o parcial, de las actividades o instalaciones causantes del daño ambiental. c) Clausura definitiva, total o parcial, de las actividades o instalaciones productoras del daño ambiental.

    Artículo 31. 1. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con multas de hasta 100.000.000 de pesetas y suspensión temporal o clausura definitiva de las actividades o instalaciones causantes del daño ambiental. Las infracciones graves podrán ser sancionadas con multas de hasta 50.000.000 de pesetas y suspensión temporal o clausura definitiva de las actividades o instalaciones causantes del daño ambiental. Las infracciones leves podrán ser sancionadas con multas de hasta 1.000.000 de pesetas y suspensión temporal de las actividades o instalaciones causantes del daño ambiental.

    2. Las cuantías de las multas serán actualizadas periódicamente por el Gobierno de Navarra en función de la evolución del índice de precios al consumo.

    Artículo 32. En ningún caso el beneficio que resulte de una infracción será superior a la multa correspondiente, pudiendo incrementarse la misma hasta la cuantía equivalente al duplo del beneficio obtenido.

    Artículo 33. 1. La suspensión temporal o clausura definitiva de una actividad, en aplicación de las facultades sancionadoras establecidas en la presente Ley Foral, así como la clausura de una actividad en funcionamiento sin licencia de apertura, podrán llevar consigo las siguientes actuaciones:

    a) Suspensión de las autorizaciones de enganche de energía eléctrica, de utilización de combustibles líquidos o gaseosos y de abastecimiento de agua potable.

    b) Suspensión de otras autorizaciones preceptivas para el ejercicio de la actividad, que reglamentariamente se determinen.

    2. La clausura definitiva podrá llevar consigo, además, la suspensión y la devolución, en su caso, de las ayudas o subvenciones económicas destinadas a la financiación del inmovilizado material de la actividad, que el titular haya obtenido del Gobierno de Navarra en los cuatro últimos años anteriores.

    Artículo 34. 1. La sanción de las infracciones leves y graves corresponderá al Alcalde, salvo que, por la cuantía de las multas en el caso de infracciones graves, sea competente el Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente o el Gobierno de Navarra. La sanción de las infracciones muy graves corresponderá en todo caso al Gobierno de Navarra.

    2. Cuando el Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, en función de su facultad inspectora, considere que el titular de determinada actividad clasificada ha cometido alguna infracción cuya sanción corresponda al Alcalde, lo pondrá en conocimiento del mismo para que proceda en consecuencia. Si en el plazo de un mes la Alcaldía no efectuase las actuaciones sancionadoras adecuadas, estas serán ordenadas por el Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.

    Artículo 35.1. Las autoridades competentes para imponer multas, en función de la cuantía de las mismas, cuando procedan este tipo de sanciones, serán las siguientes:

    a) El Alcalde, hasta 2.000.000 de pesetas.

    b) El Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, hasta 10.000.000 de pesetas.

    c) El Gobierno de Navarra, hasta 100.000.000 de pesetas.

    2. El Gobierno de Navarra podrá actualizar los limites previstos en el presente articulo.

    Artículo 36. Las sanciones por infracciones se impondrán siguiendo lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo y el Decreto Foral 227/1993, de 19 de julio. A este efecto, la incoación del expediente y el nombramiento de Instructor y Secretario se realizara mediante providencia del órgano sancionador actuante. Si durante la tramitación del expediente el Instructor estimara que, dada la gravedad de la infracción, la competencia para sancionar no corresponde al órgano que lo nombro, este remitirá las actuaciones al que resulte competente, el cual las continuara a partir del momento procedimental en que se hallen.

    Artículo 37. 1. Una vez iniciado procedimiento sancionador, el órgano competente para resolverlo podrá adoptar las medidas preventivas que estime necesarias para asegurar el cumplimiento de la resolución que pudiera establecerse y, en todo caso, para asegurar el cumplimiento de la legalidad, pudiendo adoptarse, entre otras, las siguientes medidas provisionales:

    a) La suspensión total o parcial de la actividad.

    b) La clausura de locales o instalaciones.

    c) La exigencia de fianza.

    2. Previamente a la resolución que establezca las medidas provisionales, se dará audiencia al interesado para que en el plazo máximo de quince días alegue lo que proceda.

    Artículo 38.Los órganos sancionadores podrán imponer multas coercitivas en los supuestos considerados en la Ley de Procedimiento Administrativo (Art. 99 de la LRJ-PAC). La cuantía de cada multa no superara, en ningún caso, el tercio de la sanción máxima fijada para la infracción cometida.

    Artículo 39. Sin perjuicio de la sanción que proceda, el titular de la actividad infractora deberá restablecer la situación anterior a la infracción. En todo caso, deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. Cuando los daños sean de difícil evaluación se aplicaran, conjunta o separadamente, los siguientes criterios: a) Coste teórico de la restitución.

    b) Valor de los bienes dañados.

    c) Coste de la instalación o actividad causante del daño. d) Beneficio obtenido con la actividad infractora.

    Artículo 40. Tanto el importe de las sanciones como el de las indemnizaciones pertinentes serán exigibles por vía de apremio.

    Artículo 41. Cuando no fuera posible determinar el grado de participación de las distintas personas físicas o jurídicas en la realización de la infracción que hubiera ocasionado el daño ambiental, la responsabilidad será solidaria.

    Artículo 42. 1. En el supuesto de que la infracción pudiera ser sancionable en vía penal, la Administración dará traslado del expediente al Ministerio Fiscal, quedando en suspenso la actuación sancionadora en vía administrativa. Sin embargo, esta suspensión no paralizara el expediente que se hubiere incoado en orden al restablecimiento de la situación anterior o, en su caso, al abono de daños y perjuicios por parte del infractor, a que este se encontrara siempre obligado conforme a lo dispuesto en la presente Ley Foral.

    2. Si la sentencia penal fuera absolutoria, se proseguirán las actuaciones para la imposición de la sanción administrativa que proceda.

    DISPOSICIONES ADICIONALES 

    Primera. Las autorizaciones de funcionamiento otorgadas de conformidad con el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas se entenderán, a los efectos de la presente Ley Foral, como licencias de apertura.

    Segunda. No se podrán conceder autorizaciones para cambios de titularidad a las actividades clasificadas que no dispongan de licencia de apertura.

    DISPOSICIONES FINALES 

    Primera. Se autoriza al Gobierno de Navarra a dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean precisas para el desarrollo y ejecución de esta Ley Foral.

    Segunda. La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra.

    Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra y su remisión al "Boletín Oficial del Estado" y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.

    Pamplona, cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve. El Presidente del Gobierno de Navarra, Gabriel Urralburu Tainta.

    ANEJO

    Listado de actividades clasificadas no sometidas a informe del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda
    1. Almacenes agrícolas, sin limitación de superficie.

    2. Almacenes de objetos o materiales, sin limitación de superficie.

    3. Pequeñas explotaciones ganaderas con el límite de animales que reglamentariamente se determine.

    4. Actividades comerciales y de servicios en general.

    5. Actividades comerciales de alimentación con y sin obrador.

    6. Espectáculos públicos y actividades recreativas (bares, cafeterías, restaurantes, teatros, cines, salas de fiesta, discotecas, salas de juegos recreativos,...).

    7. Actividades hosteleras (hoteles, pensiones, albergues).

    8. Garajes.

    9. Tanques de suministro propio y estaciones de servicio con las limitaciones de superficie y potencia instalada que reglamentariamente se determinen.

    10. Talleres de reparación de vehículos con las limitaciones de superficie y potencia instalada que reglamentariamente se determinen.

    11. Industrias en general, en los casos que reglamentariamente se determine. En ningún caso se eximirán del informe aquellas que cuenten con una superficie superior a 1.000 metros cuadrados o una potencia superior a 500 kilovatios.

    12. Cementerios.


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