TSJ Región Murcia. Sentencia de 6/3/2006. Locales ruidosos en Plaza Bucaneros de Puerto de Mazarrón
Confirmación de sentencia de 26/10/2005 de JCA 4 de Murcia contra ayuntamiento de Mazarrón. Vulneración de derechos fundamentales. Indemnización de 50% de alquiler más 3.000 euros por persona. Condena en costas.

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ROLLO DE APELACIÓN nº 43/06
SENTENCIA nº 189/06

LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA
SECCIÓN SEGUNDA

compuesta por
D. Abel Ángel Sáez Doménech
Presidente
Dª. Leonor Alonso Díaz-Marta
Dª. Ascensión Martín Sánchez
Magistrados
ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA nº 189/06

En Murcia a seis de marzo de dos mil seis.

En el rollo de apelación nº 43/06 seguido por interposición de recurso de apelación contra la sentencia nº 579 de 26 de octubre de 2005 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Murcia dictada en el recurso contencioso administrativo 839/2004, tramitado por las normas del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, en el que figuran como parte apelante el Ayuntamiento de Mazarrón, representado por el Procurador Sr. Miras López, y defendido por la Letrada Sra. Doña Carmen Marqués Benito, y como parte apelada doña Manuela Sarabia Martínez, don Miguel Blaya Piloñeta, don Pedro Paredes Bonet, don Gregorio Vallecillo Agüera, don Norberto Pérez García, doña Ana García López, don Domingo García López, doña Mercedes Agudo Castellanos y doña María del Carmen Arnaiz Seneque, representados por la Procuradora xxx, dirigidos por el Letrado Sr. Serrano Godínez, y el Ministerio Fiscal, sobre vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio por ruidos y vibraciones producidos por la actividad de los bares y establecimientos; siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Doña Leonor Alonso Díaz-Marta, quien expresa el parecer en la Sala.

I- ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- Presentado el recurso de apelación referido, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Murcia lo admitió a trámite, y después de dar traslado del mismo a los recurrentes y al Ministerio Fiscal, quienes formularon oposición al recurso presentado, remitió los autos junto con los escritos presentados a la Sala, la cual designó Magistrada ponente y acordó que quedaran los autos pendientes para dictar sentencia; señalándose para que tuviera lugar la votación y fallo el 27 de febrero de 2006.

II- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia apelada estima el recurso formulado por doña Manuela Sarabia Martínez, don Miguel Blaya Piloñeta, don Pedro Paredes Bonet, don Gregorio Vallecillo Agüera, don Norberto Pérez García, doña Ana García López, don Domingo García López, doña Mercedes Agudo Castellanos y doña María del Carmen Arnaiz Seneque, contra el Ayuntamiento de Mazarrón, y anula la actuación impugnada del citado Ayuntamiento, por vulneración del derecho fundamental de los recurrentes a la inviolabilidad del domicilio reconocido en el art. 18.2 de la Constitución Española, condenando al Ayuntamiento de Mazarrón a que indemnice a cada uno de los recurrentes por los daños y prejuicios originados con arreglo a las bases establecidas en el fundamento de derecho séptimo de la sentencia, a determinar en ejecución de sentencia, más los intereses legales desde su efectiva determinación, y todo ello con expresa imposición de costas a la Administración demandada.

Funda el Ayuntamiento de Mazarrón el recurso de apelación en los siguientes motivos:

  1. Ausencia de vulneración de derechos fundamentales, ya que señala, como reconoce la propia sentencia, las viviendas de los recurrentes no son viviendas habituales, y que las denuncias formuladas vienen referidas todas prácticamente a los meses de verano.

  2. Que se trata de infracciones puntuales, ya que sólo se ha podido acreditar por los demandantes infracciones al límite de contaminación acústica tan sólo durante ocho días, y todos ellos concentrados en los meses de verano.

  3. Error en la valoración de las pruebas respecto de la fecha de inicio para computar la indemnización que señala la sentencia.

  4. Error en la valoración de la prueba respecto a las mediciones acústicas, ya que las mediciones realizadas no lo fueron de acuerdo con el procedimiento previsto legalmente.

La parte apelada se opone al recurso de apelación entendiendo que la prueba practicada ha acreditado que no se trata de un hecho puntual y aislado, sino, como señala la sentencia, que existen denuncias y reclamaciones múltiples ante el Ayuntamiento y ante organismos e instituciones que pudieran tener alguna intervención en la materia, existiendo locales que tienen actividad durante todo el año, y que se mantienen abiertos al público hasta altas horas de la madrugada. Se oponen también manifestando que las denuncias se vienen realizando desde el año 2001, por lo que el punto de partida para la fijación de las indemnizaciones es correcto. Se opone también a la apelación manifestando que la sentencia reconoce la actitud omisiva y negligente del Ayuntamiento de Mazarrón y la injustificada pasividad ante las denuncias que durante años se vienen realizando por los ruidos y vibraciones generados por las actividades molestas sitas en la plaza Bucaneros. También se opone al motivo alegado respecto a las mediciones realizadas por los Ingenieros Industriales a instancia de los recurrentes, ya que las mismas han sido escrupulosas con el procedimiento establecido en el Decreto 48/1998. Y en cuanto a la imposición de las costas procesales, se opone a la apelación, ya que la sentencia apelada ha tenido en cuenta que la Administración demandada ha obligado a los recurrentes a formular la acción judicial por su injustificable pasividad y dejación de funciones ante la vulneración de los derechos fundamentales de los recurrentes. Y que, además, la demanda ha sido estimada en su integridad en lo que se refiere a la pretensión principal.

SEGUNDO.- Se aceptan los hechos y fundamentos de derecho de la sentencia apelada, dado el rigor y la claridad con los que se exponen.

Funda en primer lugar el Ayuntamiento de Mazarrón su recurso de apelación, en que no se ha producido, pese a lo señalado en la sentencia, vulneración de derechos fundamentales por cuanto que se trata de infracciones puntuales por parte de los locales de la Plaza Bucaneros, y porque las viviendas de los recurrentes no son los habituales. Ciertamente, como señalan en su oposición los vecinos de los bares, pubs y locales ubicados en la Plaza Bucaneros de Playa Grande, del Puerto de Mazarrón, no aparece ni en la Constitución ni en el Convenio Europeo de Derechos Humanos una distinción entre residencia habitual o no habitual a los efectos de dispensar protección frente al ruido, o frente a los atentados medioambientales producidos por locales de esparcimiento. Sin duda alguna, si por domicilio inviolable ha de entenderse el espacio físico en el que el individuo vive y donde ejerce su libertad más íntima, es evidente que lo que se denomina segunda vivienda o residencia de vacaciones, por el hecho de estar habitada tan sólo unos meses al año no deja de ser tal espacio físico inviolable durante el tiempo en el que se está residiendo en la misma. Sería ridículo y absurdo pretender que aquellas viviendas que se encuentren situadas en zonas vacacionales no tienen derecho a la protección que dispensa la Constitución. La sentencia apelada expone con claridad y acertadamente la jurisprudencia y doctrina emanada tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, con invocación expresa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como de esta Sala y detalla cómo el domicilio merece la protección dispensada al derecho fundamental a la vida personal y familiar contra una exposición prolongada a determinados niveles de ruido que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de acciones y omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida. Sigue exponiendo la sentencia apelada cómo en el caso enjuiciado hay justificación para reprochar al Ayuntamiento demandado una pasividad al no haber adoptado las medidas que podían haber impedido que los ruidos y vibraciones producidos por la actividad de los locales situados en la Plaza Bucaneros del Puerto de Mazarrón, han dificultado gravemente el normal disfrute de su domicilio a los demandantes, cuando estaba dentro del ámbito legal de las competencias del Ayuntamiento vigilar que se cumplieran las normas sobre niveles de emisión de ruidos en los locales.

Detalla la sentencia con minuciosidad ejemplar la serie de quejas, denuncias y escritos presentados ante el Ayuntamiento, ante el Defensor del Pueblo, ante distintas Consejerías, la Policía Local, ante la Guardia Civil y ante el Delegado del Gobierno para conseguir que de una vez por todas el Ayuntamiento apelante cesara en su pasividad y efectuara alguna acción tendente a evitar las molestias que los locales con música producían, y a que se cumplieran las normas existentes sobre la materia para evitar la contaminación acústica que estaban sufriendo.

Añade el Ayuntamiento de Mazarrón que los incumplimientos o las infracciones han sido puntuales. A esto respecto baste señalar que, además de no ser esto cierto, como veremos, no consta actuación municipal alguna ante la existencia de tales infracciones puntuales que el Ayuntamiento refiere respecto a los días de junio y julio de 2003, o a los cinco días del año 2004. Como decimos, no se trata tanto de infracciones en el sentido jurídico, como de pasividad absoluta por parte del Ayuntamiento para tratar de averiguar si los locales cumplían o no los niveles de ruido máximos permitidos. Existen en las actuaciones declaraciones testificales de los agentes de la Policía Local del Ayuntamiento de Mazarrón, manifestando que las actas se levantaron como consecuencia de las denuncias que se venían produciendo desde hacía mucho tiempo; constan, y así se describen en la sentencia, 103 llamadas telefónicas formuladas al Servicio de Emergencias 112, así como 156 denuncias y reclamaciones, de las cuales 133 se formulan ante el Ayuntamiento de Mazarrón desde junio de 2003 hasta el 11 de agosto de 2004; y otras 23 denuncias son formuladas ante el Ayuntamiento de Mazarrón desde el 16 de junio de 2001, que no se han incorporado al expediente administrativo y que se acompañaron con el escrito de demanda; y otras tres denuncias más aparecen en la ampliación del expediente. Como recoge la sentencia, incluso los vecinos se dirigieron al Defensor del Pueblo mostrando su queja por la pasividad del Ayuntamiento, y consta en la documental aportada con la demanda que el Ayuntamiento de Mazarrón no contestó a los requerimientos efectuados los años 2002 y 2003 al citado Defensor, hasta que en la primavera de 2003 manifestó que se encontraban incoados por ruidos numerosos expedientes, todos ellos de 2002, pero dichos expedientes sancionadores no constaban unidos al expediente administrativo ni aportados como documental por el Ayuntamiento; hasta el punto de que el Defensor del Pueblo, en escrito de 14/10/04 y 14/03/05 participaba al presidente de la Asociación de Vecinos la falta de colaboración del Ayuntamiento demandado al no remitirle la información que les solicitaba.

No niega el Ayuntamiento en su apelación que no sean ciertos los antecedentes a que se refiere la sentencia en su fundamento cuarto, con independencia de la valoración que los mismos le merezcan. Y en los mismos se detallan las Actas de contaminación acústica levantadas no sólo por Ingenieros Técnicos Industriales a instancia de los demandantes, sino otras levantadas por la propia Policía Local del Ayuntamiento, en las que puede apreciarse que a altas horas de la madrugada existen niveles de exposición sonora de 65 dB(A), 55 dB(A), 78 dB(A), 80 dB(A), etc.; y apreciándose en las mediciones de los Ingenieros Técnicos Industriales valores similares y superiores en diferentes mediciones y en distintas viviendas de los propietarios, algunas de las cuales realizadas después de las 3 y las 4 de la madrugada.

Todo este conjunto de hechos, perfectamente ordenados cronológicamente y expuestos de forma detallada en la sentencia apelada, nos llevan a la misma conclusión que al juzgador de instancia. Es decir, que tales hechos demuestran un exceso de ruido que dificulta gravemente el disfrute de su domicilio durante las vacaciones por parte de los demandantes, haciendo prácticamente imposible el descanso en las viviendas, como así venían a reconocerlo los propios agentes de la Policía Local en sus declaraciones testificales. Frente a todo ello, nos encontramos antes un Ayuntamiento que se limitó a remitir oficios a los titulares de algunos de los establecimientos indicándoles que el sensor del limitador sonoro instalado debía estar ubicado en el lugar donde se instaló en su día, y a apercibir al titular de uno de los establecimientos, concretamente La Saga, del cierre del local si en el plazo de tres días no se encontraba en funcionamiento el limitador registrador, así como ordenar a la Policía Local la confección de las Actas de Contaminación Acústica levantadas los días 24 y 25 de julio de 2004, 1, 8 1 10 de agosto de 2004; es decir, pocos días antes o unos días después de interponer el recurso que motivó la sentencia apelada. Los Decretos de incoación de los expedientes sancionadores contra los titulares de los establecimientos denominados Cielo, Las Demonias y Ritmo, por la instalación del limitador en lugar distinto que aquél en el que fue inicialmente colocado, y no por los excesos de ruido, se dictaron con posterioridad a formularse la presente demanda.

Todo lo expuesto nos lleva a desestimar el motivo de apelación referido a la ausencia de vulneración de derechos fundamentales, y al error tanto en cuanto a la valoración de las pruebas respecto a la fecha de inicio para computar la indemnización, como respecto a las mediciones acústicas realizadas.

Se ha de señalar únicamente, además, que la fecha de inicio para el daño indemnizable no puede ser otra que la de junio de 2001, que es cuando comienza el calvario de estos ciudadanos en sus relaciones con el Ayuntamiento para pedir que se vigile y se adopten las medidas oportunas para que se hagan desaparecer las molestias que ocasionan los locales de la Plaza Bucaneros. Considerando adecuado y ponderado el criterio seguido en la sentencia de reducir la indemnización solicitada al 50% del precio de arrendamiento de una vivienda de iguales características a las de los recurrentes, desde la fecha de la primera denuncia hasta la fecha de adopción de medidas por parte del Ayuntamiento demandado, precisamente atendiendo a que se trata de segundas viviendas o de residencias temporales.

TERCERO.- Por último, en cuanto al motivo referido a la imposición de las costas procesales al Ayuntamiento demandado por parte de la Sentencia apelada, también debemos rechazarlo, ya que consta en el fundamento de derecho octavo de la sentencia apelada, de forma sintetizada, el por qué se imponen las costas procesales al Ayuntamiento de Mazarrón: “al haber provocado, con su inactividad continuada, la necesidad de deducir el presente recurso en defensa de los derechos fundamentales de los recurrentes”; sin que sea preciso que se volviera a detallar en este fundamento en qué había consistido la inactividad continuada cuando en el fundamento de derecho cuarto, a lo largo de veinticinco puntos y casi nueve folios, se había examinado pormenorizadamente cuáles habían sido las quejas de los vecinos y cuál había sido la respuesta, o mejor dicho, ausencia de la misma por parte del Ayuntamiento demandado. Por lo cual, consideramos que existía un razonamiento más que suficiente en la sentencia para la imposición de las costas.

CUARTO.- Las costas de esta instancia deben imponerse al apelante de acuerdo con lo dispuesto en art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional.

En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

FALLAMOS

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Mazarrón, contra la sentencia nº 579 de 26 de octubre de 2005 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Murcia dictada en el recurso contencioso administrativo 839/2004, que se confirma por sus propios fundamentos; con expresa imposición de las costas de esta instancia a la parte apelante.

Notifíquese la presente sentencia, que es firme al no darse contra ella recurso ordinario alguno.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


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