Juzgado 1ª Instancia 3 de Motril. Sentencia de 24/7/2008. Máquinas ruidosas de supermercado en Albuñol (Granada).
Daños morales innegables, sin necesidad de prueba. Prueba insuficiente de la causalidad de las dolencias atribuidas a los ruidos. Indemnización de 10.000 € a cada demandante.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 3
DE MOTRIL (GRANADA)
Juicio Ordinario número 668/2007

SENTENCIA

En Motril, a 24 de julio de 2008
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El Ilmo. señor Don Rafael Rodero Frías, Magistrado Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Motril, habiendo visto los presentes autos de juicio ordinario sobre reclamación de cantidad promovido por D. FRANCISCO MURCIA ARRÁEZ, Dª. ISABEL RUIZ VILLEGAS Y D. DAVID MURCIA RUIZ, representados por la Procuradora señora Rejón Sánchez y defendidos por el Letrado señor Rojas García, contra D. ANTONIO LÓPEZ SÁNCHEZ, que fue representado por la Procuradora señora Esteva Ramos y defendido por la Letrada señora García Fernández, dicta esta SENTENCIA, en atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora señora Rejón Sánchez, obrando en la indicada representación y mediante escrito presentado en fecha 26 de noviembre de 2007 se interpuso demanda de juicio ordinario, en que solicitaba se condenase a los demandados a abonar a los demandantes la cantidad total de 112.152,28 euros, más intereses y costas, según las dolencias que los demandantes sostienen que les han provocado los ruidos procedentes de las máquinas instaladas en el supermercado propiedad del demandado, vecino de la vivienda de aquéllos.

SEGUNDO.- Por medio de auto se admitió la demanda, dándole curso por los cauces del juicio ordinario. Se dio traslado de ella al demandado para que la contestara en plazo de 20 días, tras haber examinado este Tribunal su jurisdicción y competencia, conforme establece el artículo 404 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

TERCERO.- El demandado compareció en el juicio con la citada defensa y representación, contestó la demanda oponiendo la excepción de falta de legitimación pasiva, al no explotar el supermercado al que se refiere la demanda, sosteniendo que lo hacen sus hijas. Por otra parte, también niega la legitimación activa del actor D. DAVID MURCIA RUIZ sosteniendo que no reside en la vivienda de sus padres, al estar empadronado en otro domicilio. En cuanto a los hechos base de la reclamación, niega la existencia de la contaminación acústica y los daños personales por los que se le reclama, de forma que pide la absolución de los pedimentos formulados de contrario con imposición de las costas a los demandantes. A continuación se señaló para la audiencia previa el 19 de febrero de 2008. En dicha fecha se celebró efectivamente: comprobada la subsistencia del litigio entre las partes, la audiencia continuó para que pudieran fijar los hechos alegados en su escrito inicial. Concretados los hechos litigiosos, prosiguió la audiencia a efectos de la propuesta y admisión de prueba: documental, interrogatorio de partes, testifical y pericial. A continuación, se fijó la fecha del juicio, que se celebró el pasado día 23 de abril, practicándose las pruebas. El juicio hubo de ser interrumpido por la incomparecencia de testigos, y se reanudó el pasado 6 de junio, formulando inmediatamente las partes sus conclusiones.

CUARTO.- En la substanciación del presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se ha formulado por la parte demandada la excepción de falta de legitimación pasiva por su parte, y activa del demandante D. DAVID MURCIA RUIZ, sosteniendo que carece de las condiciones necesarias para formular y para que frente a él se formulen las reclamaciones vertidas en la demanda. Este tema, según tiene declarado constante jurisprudencia (desde las sentencias del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 1981, 13 de abril de 1977 o 28 de noviembre de 1973) corresponde a la carencia de título o causa de pedir; es decir, afecta al derecho u obligación discutidos en el proceso, puesto que la legitimación constituye una situación o posición del sujeto respecto del acto o de la relación jurídica a realizar o desarrollar. Esto conlleva que la falta de legitimación es en realidad “falta de acción” para tener el derecho reclamado, y ello constituye no una excepción procesal, sino una cuestión de fondo (sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 1991). Ésta ha sido llamada por la doctrina jurisprudencial como falta de legitimación ad causam, diferenciándola de la falta de legitimación ad processum, que hace referencia a la carencia de las cualidades necesarias para comparecer en juicio o no tener el carácter o representación con que se demanda, de forma que esta institución constituye un requisito, presupuesto, o excepción procesal. La falta de legitimación ad causam o falta de acción genera una absolución sobre el fondo de la litis, mientras que la falta de legitimación ad processum o falta de personalidad, como excepción procesal o dilatoria determina una absolución en la instancia dejando imprejuzgada la acción deducida en juicio. Con la rúbrica “condición de parte procesal legítima” el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso. Se exceptúan los casos en que por ley se atribuya legitimación a persona distinta del titular.

Debemos recordar que en la demanda se ejercita la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios que dicen haber sufrido los demandantes por los ruidos provocados por la maquinaria instalada en el supermercado propiedad del demandado: esta propiedad ha sido demostrada sobradamente por la documental que se acompaña a la contestación, así como por los testigos escuchados en el plenario, y por el propio reconocimiento efectuado en prueba de interrogatorio de parte de haber instalado las máquinas objeto del litigio. El hecho de que actualmente, dada su edad, exploten el negocio sus hijas, no es obstáculo para eludir su posición procesal como dueño y persona que colocó la maquinaria. Por otra parte, aunque el demandante D. DAVID MURCIA RUIZ conste empadronado en otra vivienda, ha quedado también probado por los testigos que en el tiempo a que se refiere la reclamación vivía en casa de sus padres, y en su compañía, en la casa afectada por los ruidos. Por tanto, es obvio que tanto este actor, como morador de la vivienda vecina al supermercado, como el titular de éste, tienen acción e interés legítimo en la pretensión ejercida, razón por la que las excepciones de falta de legitimación deben ser desestimadas.

SEGUNDO.- Como ya decía nuestro Tribunal Supremo en Sentencia de 17 de febrero de 1968, en el ámbito civil el ejercicio de la propiedad no puede ir más allá de lo que el respeto al vecino determina, “sin más limitaciones que las establecidas en las leyes” (artículo 348 del Código Civil) y por lo que hace a la inmisión de ruidos, en una interpretación de los artículos 590 y 1.908 del Código Civil conforme a la realidad social actual ha de valorarse la existencia de la inmisión en contemplación a su percepción en el interior del inmueble afectado y a su repercusión en las personas que la habiten (sentencias del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2.001 y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2 de octubre de 2.001), sin que signifique que la incomodidad generada haya de ser de obligada tolerancia por el afectado (sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 1964) sino que sea civilmente excesiva y molesta para los vecinos (sentencia del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 1993), pues la calificación civil de las actividades como molestas o incómodas es independiente del alcance o significado que pudiera atribuírseles en la esfera administrativa (sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 1989). Asimismo nuestro Tribunal Constitucional sobre la problemática de la contaminación acústica la considera como vulneración del derecho a la integridad física y moral, pidiendo quedar afectado el derecho garantizado en el art. 15 de la Constitución y debiendo merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario (sentencias 119/01 y de 23 de febrero de 2004).

TERCERO.- Un importante desarrollo del tratamiento jurídico y jurisprudencial del ruido como inmisión e intromisión ilegítima en el predio vecino y sus efectos se contiene en las sentencias de la Audiencia Provincial de Badajoz de 19 de julio de 2004 y de la Audiencia Provincial de Granada de 14 de septiembre de 2004, cuya atenta lectura es más que recomendable para la resolución del caso que nos ocupa. En esta segunda cita de la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2003, se recoge la evolución histórica de la teoría de las inmisiones ilícitas, en particular la referida a las producidas por ruidos excesivos, con referencia a la doctrina jurisprudencia, constitucional e incluso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre la materia, matiza los derechos constitucionales vulnerados por estas acciones u omisiones y no limita el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las relaciones de vecindad a la mera formalidad administrativa o reglamentaria, haciendo exigibles los derechos constitucionales pese a que el titular del lugar de que emanen las inmisiones goce de las necesarias licencias y autorizaciones. Dada la trascendencia de esta sentencia, no nos resistimos a hacer mención a los pasajes de la misma de mayor valor doctrinal: un examen atento del problema, a la luz de su evolución histórico-doctrinal, acerca de las inmisiones nocivas, tóxicas, perjudiciales o molestas para el ser humano, producidas en el entorno de su residencia o domicilio, entre las que se hallan, sin duda, las inmisiones sonoras excesivas, que sobrepasan el dintel aceptable para la audición humana y su mantenimiento, dentro de parámetros normales, que respeten la salud y la funcionalidad de los órganos del oído, a la contaminación acústica del medio ambiente en cotas, asimismo perjudiciales, muestra que la orientación seguida por la sentencia recurrida, responde a los más actuales criterios jurídicos de imputación. Tradicionalmente, fue la doctrina jurídica medieval sobre los “actos de emulación”, construida para paliar el rigor, a ultranza, del principio “neminen laedit qui suo iure ulitur”, el medio de reparar daños sobrevenidos, por hechos análogos a los supuestos descritos que tenían la apariencia formal de un ejercicio legítimo de los derechos, aunque más tarde hubo que superar los inconvenientes de una doctrina, desenvuelta dentro de estrechos límites, por el reconocimiento jurisprudencial del “abuso del derecho”. Junto a la abocetada línea de atribución de la responsabilidad, por conductas ilícitas, a causa de inmisiones abusivas, obviamente, la búsqueda de una fundamentación jurídica, concorde con la reclamación de los daños, tenía que pivotar hacia la responsabilidad por actos propios (artículo 1902 del Código Civil) o responsabilidad por hechos ajenos, cuando el daño causado a otro por acción culposa o negligente fuera exigible no sólo por actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder (artículo 1903 del Código Civil). Y más, específicamente, dentro de los daños producidos por cosas atribuibles a un propietario, el artículo 1908, determina las responsabilidades de éstos, entre otros supuestos, por los prevenidos “ad exemplum”, en los números segundo y cuarto. En especial y en relación con los ruidos excesivos, a que se contra el asunto que examinamos, debe destacarse el número primero, cuya explícita referencia a los “humos excesivos”, es fácilmente transmutable, sin forzar las razones de analogía, a los ruidos excesivos, todo ello, en el marco de las posibles conexiones con el artículo 590 del Código Civil (subrayamos en este punto la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 1980 que relaciona este precepto con el artículo 1908, y formula, por generalización análoga, el “principio de exigencia de un comportamiento correcto con la vecindad”, así como el de una “prohibición general de toda inmisión perjudicial o nociva”).

CUARTO.- La jurisprudencia ha declarado con reiteración que frente a inmisiones dañosas o molestas en propiedad ajena los vecinos perjudicados por ellas están asistidos de acción civil para instar, ante los Tribunales de este orden jurisdiccional, el cese de la actividad que las ocasiona y el resarcimiento de los daños y perjuicios en su caso producido. Esta acción carece de regulación específica en el Derecho Civil común (salvo la acción de cesación de la Ley de Propiedad Horizontal y de la resolutoria de la relación arrendataria de la Ley de Arrendamientos Urbanos) y tiene su fundamento en el contexto de la responsabilidad extracontractual, como ha quedado expuesto (se suelen invocar los artículos 590, 1902 y 1908 del Código Civil y 7.2 del mismo cuerpo legal, aisladamente o en conjunción con la de otras disposiciones legales y reglamentarias propias del Derecho administrativo urbanístico y medio ambiental), conjuntamente con las normas constitucionales que proclaman los derechos a la dignidad de la persona (artículo 10 CE), a la intimidad personal y familiar (artículo 18.1 CE), a la inviolabilidad del domicilio (artículo 18.2 CE), a la salud (artículo 43.1 CE) y a un medio ambiente adecuado (artículo 45.1 CE), así como la doctrina emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional sobre la incidencia de las inmisiones en la privacidad y el medio ambiente.

QUINTO.- La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 7 de septiembre de 2007, dictada precisamente con ocasión de un juicio ordinario de este mismo Juzgado, nos recuerda, con alusión a muchas otras sentencias de ese Tribunal que el derecho a la intimidad, “reclama para su ejercicio pacífico, muy especialmente dentro del recinto domiciliario y su entorno, un ámbito inmune frente a las agresiones perturbadoras, procedentes del exterior, que no exijan el deber específico de soportarlas, entre las que se encuentran, a no dudarlo, los ruidos desaforados y persistentes, aunque éstos procedan, en principio, del desarrollo de actividades lícitas que dejan de serlo, cuando se traspasan determinados límites que pasan a suponer vulneración del derecho fundamental previsto en el artículo 18 de la Constitución relativo a la intimidad e inviolabilidad del domicilio”. Esta doctrina se basa en la ya adoptada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al interpretar el artículo 8.1 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre “Protección de derechos humanos y de las libertades fundamentales”, que sanciona el derecho de toda persona al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio. Así la sentencia de 9 de diciembre de 1994, en el asunto López Ostra contra España, y antes en la de 21 de febrero de 1990 vino a incluir, en el núcleo de la intimidad-protección del domicilio, las intromisiones sonoras, razón por la que ha de considerarse que el ruido excesivo supone una violación de los derechos fundamentales que luego nuestro Tribunal Constitucional alojó y protegió en el ámbito del artículo 18 de nuestra Constitución en STC 24-5-2001 ratificada por nuestro legislador al promulgar la Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido. Esta norma señala en su exposición de motivos que la misma, junto a otros objetivos, trata de preservar el derecho a la intimidad personal y familiar consagrado en el art. 18.1 de nuestra Constitución en la medida que impide o dificulta, en palabras de nuestro Tribunal Constitucional, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a desenvolver nuestra vida privada sin perturbaciones e injerencias externas que sean evitables y no tengamos el deber de soportar. Nadie, dice nuestro Tribunal Constitucional, tiene el derecho a impedir nuestro descanso o la tranquilidad mínima que exige el desempeño de nuestro trabajo intelectual . Por el contrario, puede existir un poder de los poderes públicos de garantizarnos el disfrute de este derecho, según cuáles sean las circunstancias.

Continúa la sentencia recordando la exigencia de una prueba cumplida y objetiva de la realidad denunciada que legitime la condena: la SAP de Baleares de 31 de octubre de 2006 (sección 3ª) recordando la STS de 28 de febrero de 1964 que en un caso de molestias por ruido señalaba que en la declaración judicial de una actividad como molesta ha de tenerse presente si excede o perturba el estado de hecho que es usual y corriente en las relaciones sociales, sin que deban incluir circunstancias personales de los afectados, considerando que el juicio de tolerabilidad ha de contemplar las consecuencias que una inmisión produciría en una persona normal, lo que implica tomar en consideración las condiciones de la propia inmisión, su continuidad, frecuencia e intensidad así como las características del lugar, y en la SAP de Navarra (Sección 1ª de 6 de julio de 2005) se exige el valorar o conocer la entidad del ruido que afecta a los demandantes en relación con su intensidad y la real y efectiva incidencia que puede provocar para afectar en términos anormales o no tolerables derechos fundamentales como los ya expuestos. A su vez la Orden de la Consejería de Medio Ambiente de nuestra comunidad autónoma Andaluza de fecha 26 de julio de 2005, que establece el modelo o protocolo tipo que han de incluir toda ordenanza municipal en protección contra la contaminación acústica, dictada en desarrollo del Decreto 326/2003 de 25 de noviembre que aprueba el Reglamento de protección contra este tipo de contaminación en consonancia de la Ley Estatal del Ruido, tras señalar que la producción de ruido en el interior de los edificios deberá mantenerse dentro de los valores límites que exige la convivencia ciudadana y el respeto a los demás, prohíbe cualquier actividad perturbadora del descanso en el interior de las viviendas, en especial desde las 23 hasta las 7 horas, que ocasione niveles acústicos de evolución superiores a los establecidos en el art. 18 de esa Ordenanza (30 decibelios) de noche y 35 en el resto de horas y prevé que la acción municipal irá dirigida especialmente al control de los ruidos y de las vibraciones en horas de descanso debido a: a) el volumen de la voz humana; b) animales de compañía; c) funcionamiento de electrodomésticos, aparatos e instrumentos musicales o acústicos; d) funcionamiento de instalaciones de aire acondicionado, ventilación y refrigeración.

SEXTO.- Esta prueba cumplida se ha producido en el presente juicio, revelando la intensidad de los ruidos y su persistencia durante más de un año: ha quedado probado que los demandantes reclamaron por escrito ante el Ayuntamiento de Albuñol en numerosísimas ocasiones, desde el 25 de enero de 2005 hasta octubre de 2006, y formularon denuncias ante la Policía Local. También ha quedado probado que, por orden del Ayuntamiento, la Policía Local visitó la vivienda, comprobando la existencia de ruidos, y comunicando al demandado la situación mediante carta fechada el 7 de diciembre de 2005, en el que se le solicitaba que tomase las medidas necesarias para que los motores no molesten a los vecinos (en el mismo se transcribía el informe de la Policía Local). Ante la persistencia del problema, se encargó a la Consejería de Medio Ambiente la oportuna inspección acústica, que se verificó con la emisión del informe que consta como documento número 22 de la demanda, arrojando un resultado desfavorable excediendo los parámetros reglamentariamente admisibles en todas las modalidades de medición (8,2, 11,3 y 7,1 decibelios de exceso). Por esta razón, el Ayuntamiento inició expediente sancionador en el cual, por resolución fechada el 18 de julio de 2006, se concedía al demandado un plazo de cinco días para adoptar las medidas correctoras pertinentes para adaptar la maquinaria existente en el supermercado a los niveles de ruido legalmente establecidos. Al no subsanarse el problema, por Decreto del Alcalde fechado el 1 de agosto de 2006 se ordenaba que en el plazo de cinco días se desconectaran los motores hasta tanto se corrigieran los niveles de ruido. Como quiera que en septiembre de 2006 aún no se habían eliminado las emisiones (los demandantes vuelven a reclamar ante el Ayuntamiento por escrito suscrito por Letrado), el procedimiento sancionador terminó con la imposición de una multa de 601 euros a D. ANTONIO LÓPEZ SÁNCHEZ.

La existencia prolongada de los ruidos también ha quedado probada por las declaraciones de los testigos imparciales que han declarado en juicio: el Oficial de la Policía Local de Albuñol afirmó que se personó en la vivienda de los demandantes y percibió los ruidos. El agente de la Policía Local la visitó en dos ocasiones y también lo apreció incluso con las ventanas cerradas, especialmente en un dormitorio. Ambos agentes estuvieron presentes en las mediciones efectuadas y verificaron que se hicieron con las ventanas abiertas y cerradas, y que en ambos casos se podían escuchar. El entonces párroco de la localidad también visitó la casa y apreció el ruido de los motores, especialmente fuerte en un dormitorio, afirmando que podía ser molesto por su persistencia. También lo hizo el Comandante del Puesto de la Guardia Civil y el Alcalde, que estuvieron en la casa, afirmando éste que se podía percibir el ruido bastante molesto, hasta el punto de que cuando los motores arrancaban se producían vibraciones, y también confirmó que el demandado tardó bastantes meses en resolver el problema desde que se iniciaron las gestiones por el Ayuntamiento. El vecino cuya vivienda se sitúa inmediatamente sobre el supermercado, D. Matías Antequera, aseveró que los ruidos eran muy molestos hasta que el demandado tomó las medidas oportunas, y que hasta el 2006 las molestias por los ruidos eran constantes, y fue muy gráfico al describir la situación, al afirmar que “cuando pasaban dos o tres horas ya se le acostumbraba a uno el oído”.

Por otra parte, el demandado reconoció en prueba de interrogatorio judicial la persistencia de las reclamaciones de los vecinos, hasta que se procedió a la insonorización de los motores, lo que es claramente revelador de la existencia y magnitud del problema, como también lo es el hecho de que se encargara a su instancia una prueba a empresa especializada, aportada con la contestación a la demanda como documento número 6: su autor, el arquitecto técnico D. José Martínez Ibáñez confirmó el fin de las emisiones de ruidos una vez que el demandado ya había realizado las medidas de insonorización oportunas.

SÉPTIMO.- Probado el supuesto de hecho dañoso, se ejercita por los demandantes la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el ruido, solicitando la condena a pagarles las indemnizaciones que considera oportunas con base a los dictámenes periciales que aporta. A propósito de esta reclamación debe resaltarse que es hoy pacífico que las molestias generadas por la percepción de inmisiones acústicas superiores a los niveles de tolerancia constituye en sí misma un daño moral o extrapatrimonial indemnizable: por el desasosiego, el sufrimiento y la incomodidad que origina, por la merma de calidad de vida que impone, etc.; y una vez probada la realidad y persistencia de la inmisión por ruido por encima de los citados límites, la certeza del daño moral sufrido por quien se ha visto impelido a soportarla no requiere una prueba adicional de las reacciones, sentimientos o sensaciones que han acompañado a su padecimiento. No ocurre lo mismo con las dolencias físicas o psíquicas provocadas o agravadas por el ruido, ya que la realidad y causalidad de estos daños no se desprende sin más del padecimiento de inmisiones sonoras y han de ser objeto de cumplida prueba. Para ello debemos valorar los documentos médicos que obran en las actuaciones, pues la pericial que sustenta la reclamación se basa únicamente en los mismos, unida a las manifestaciones de los demandantes, para llegar a unas conclusiones de todo punto desproporcionadas:

  1. D. FRANCISCO MURCIA ARRÁEZ tiene una historia clínica que se centra en un episodio quirúrgico por hernia inguinal en 1991 y un problema dermatológico en 2003 (muy anteriores a los hechos de los que versa esta litis), y sólo fue objeto de informe del Servicio de Salud Mental en fecha 7 de noviembre de 2006 en el que se refiere un “trastorno del sueño y ansiedad secundarios a ruidos de motores en un negocio adyacente a su domicilio habitual”, recogiendo las manifestaciones del solicitante. Lógicamente, el psicólogo clínico no pone en duda las alteraciones pero no emite dictamen alguno sobre su realidad ni sobre si se le prescribió tratamiento alguno. Con esta base es, como apuntábamos, de todo punto desproporcionado estimar que ha padecido un año de impedimento para sus ocupaciones habituales como hace la doctora señora Morente Damas.

  2. El historial de Dª. ISABEL RUIZ VILLEGAS pone de manifiesto la existencia de antecedentes depresivos muy anteriores a los ruidos padecidos, dándosele el alta en ????. Según el informe de Salud mental fechado el 26 de marzo de 2007 posteriormente, en octubre de 2006 presenta una reacción mixta de ansiedad-depresión que según refiere se debe a los ruidos por la maquinaria. Es tratada farmacológicamente y mejora, aunque persisten síntomas de ansiedad generalizada y tristeza continua, fallos de atención y memoria que no necesariamente se vinculan con el origen del problema ruidoso que nos ocupa y bien pueden tener relación con la personalidad depresiva que sin duda tiene esta demandante, como constató la misma doctora señora Morente Damas. Es evidente que existió una afectación psicológica derivada de los ruidos en esta demandante, como lo prueba el hecho de que esto fuera lo determinante de su consulta y de que los profesionales del sistema público de salud le prescribieran tratamiento, pero el informe pericial de parte aportada carece de los mismos defectos de razonamiento objetivo acerca del impedimento, y es notoriamente desproporcionado al valorar las secuelas, que no tienen base documental médica objetivable, aparte de sus propias conclusiones.

  3. Por fin, D. DAVID MURCIA RUIZ tiene una historia clínica que se centra en su enfermedad (espondilitis anquilosante) y relata antecedentes depresivos, con una posible anorexia nerviosa. Constan dos informes del servicio de Salud Mental en los que refieren disfunciones del sueño ocasionadas por los ruidos de las máquinas del comercio colindante con su domicilio, así como otra sintomatología asociada. También fue tratado farmacológicamente, sin que el 24 de octubre de 2007 (fecha de este informe que consta como documento número 28 de la demanda) haya experimentado una mejoría clínica significativa. El hecho de que su sintomatología no haya mejorado un año después de que hayan cesado las molestias por ruidos lleva a pensar que aunque sin duda hayan tenido una incidencia en su dolencia centrada en la época en que se produjeron, no sea ni mucho menos la causa determinante de ella. Por ello también es exagerada la valoración que se hace en el informe pericial de parte que sustenta su reclamación

Por todo lo expuesto, a la hora de cuantificar la indemnización procedente, se debe moderar en gran medida la cantidad solicitada por los demandantes, a todas luces excesiva, y se considera adecuado el perjuicio psíquico y moral padecido por los actores a consecuencia de los ruidos una indemnización de DIEZ MIL EUROS (10.000 €) a cada uno de los demandantes, que suma un total conjunto de TREINTA MIL EUROS (30.000 €), más los intereses de demora desde la interpelación judicial (artículos 1100, 1101 y 1108 del Código Civil).

NOVENO.- Al tratarse de una estimación parcial de la demanda, no procede hacer especial pronunciamiento en cuanto a costas (artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Que, estimando parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora Señora Rejón Sánchez en nombre y representación de D. FRANCISCO MURCIA ARRÁEZ, Dª. ISABEL RUIZ VIILLEGAS Y D. DAVID MURCIA RUIZ contra D. ANTONIO LÓPEZ SÁNCHEZ, y sin expresa imposición a ninguno de los litigantes de las costas causadas en el presente procedimiento, condeno a D. ANTONIO LÓPEZ SÁNCHEZ a abonar a cada uno de los demandantes la cantidad de DIEZ MIL EUROS (10.000 €), que suma un total conjunto de TREINTA MIL EUROS (30.000 €), más los intereses legales por demora desde la fecha de la interpelación judicial.

Notifíquese a las partes haciéndoseles saber que contra la presente sentencia cabe recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial de Granada. En tal caso, este recurso deberá prepararse ante este mismo Juzgado dentro de los cinco días siguientes al en que se practique la notificación de esta resolución.

Así, por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su incorporación a las actuaciones, llevándose el original al Libro de Sentencias, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada por el Señor Magistrado-Juez que la suscribe, hallándose celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy Fe.


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