JUZGADO DE LO PENAL NÚMERO 24 DE MADRID SENTENCIA Nº 99/06En Madrid, a Diez de Marzo de dos mil seis, LA ILTMA. SRA. DOÑA LUCÍA MARÍA TORROJA RIBERA, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de lo Penal número 24 de los de esta Capital, habiendo visto y oído la presente causa penal de procedimiento abreviado número 483/05, dimanante del procedimiento abreviado número 4253/04, seguido en el Juzgado de Instrucción número 17 de los de esta Villa por un delito contra el medio ambiente contra Emilio Otero Lobato, nacido en Peque (Zamora) el día 25 de Mayo de 1963, hijo de Fernando y Consolación, vecino de Madrid, con domicilio en calle Farmacia, número 14, piso 1º, con DNI número 71007766, mayor de edad, cuyos antecedentes penales no constan, y en libertad por esta causa, habiendo sido partes el referido inculpado, representado por el Procurador D. Ernesto García Lozano Marín, y defendido por el Letrado D. Gabriel de Alvear Pardo, la Procuradora Doña Concepción Donday Cuevas, actuando en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios de la calle Argensola nº 9 de Madrid como Acusación Particular, asistida por el Letrado D. Jorge Pinedo Hay, así como el Ministerio Fiscal en la representación que ostenta, dicta la presente resolución a la que sirven de base los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHOPRIMERO.- Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de denuncia formulada por la Procuradora Doña Concepción Donday Cuevas, actuando en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios de la calle Argensola nº 9 de esta Capital ante el Juzgado Decano de esta Capital por un delito contra el medio ambiente, lo que dio lugar a que en fase de diligencias previas se siguieran los trámites oportunos en averiguación de los hechos denunciados y su autor y a que, una vez solicitada la apertura del juicio oral por el Ministerio Fiscal mediante escrito de acusación y calificación provisional de los hechos, se acordara la apertura del juicio oral, dando traslado de las actuaciones a la defensa y demás trámites, recibiéndose los autos en este Juzgado y procediéndose al señalamiento del correspondiente juicio oral. SEGUNDO.- La Acusación Particular en sus conclusiones definitivas calificó los hechos como constitutivos de un delito contra el medio ambiente del artículo 325 del Código Penal, siendo responsable en concepto de autor el acusado, no concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, procediendo imponer la pena de dos años y ocho meses de prisión, multa de 16 meses a razón de 125 euros diarios, clausura el local Cartoon por dos años, inhabilitación especial para regentar locales de ocio en que se realice cualquier actividad musical por el tiempo de la condena y pago de las costas procesales. TERCERO.- El Ministerio Fiscal en sus conclusiones provisionales calificó los hechos como no constitutivos de delito contra el medio ambiente, solicitando la libre absolución del acusado, modificándolas en el Acto del Juicio oral en el sentido de adherirse a las conclusiones de la Acusación Particular, procediendo imponer la pena de dos años y seis meses de prisión, multa de 16 meses con 10 euros de cuota diaria, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago del artículo 53 del Código Penal y costas. CUARTO.- La defensa del acusado en sus conclusiones definitivas calificó los hechos como no constitutivos de delito alguno, solicitando la libre absolución de su patrocinado. QUINTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado y cumplido fielmente las prescripciones legales, declarándose como:
HECHOS PROBADOSQue Emilio Lobato Otero, mayor de edad y cuyos antecedentes penales no constan, regenta desde el año 86 un bar de copas con ambientación musical denominado Cartoon, sito en la calle Santa Teresa nº 9 de esta Capital, zona declarada como ambientalmente protegida por el Ayuntamiento de Madrid. Dicho local colinda con las viviendas ubicadas en el primer piso del inmueble sito en la calle Argensola nº 9 de esta Capital. Con fecha 19 de diciembre de 1995 Emilio Otero solicitó licencia al Ayuntamiento de Madrid para la actividad e instalación calificada como “bar de copas”. Ya entonces, cuando la Junta Municipal de Centro del Ayuntamiento de Madrid solicitó al Departamento de Contaminación Atmosférica que informasen sobre el impacto ambiental del proyecto, señaló que el local venía funcionando desde el año 1984 y que en el año 1991 los vecinos de la finca de enfrente, Santa Teresa nº 14, formularon denuncia por desarrollar su actividad con la puerta abierta. En fecha 22/02/1996 la Jefatura de la Sección de Niveles Sonoros informaba de que, al ser aplicable el régimen jurídico de Zonas Ambientalmente Protegidas, el funcionamiento de la actividad en horario nocturno elevaría sustancialmente los niveles ambientales de la zona, por lo que no se debería autorizar el funcionamiento de la misma en horario que no sea el comprendido entre las 8 y las 23 horas. Con fecha 22/10/1996 el Jefe de la Sección de Industrias propuso la denegación de la licencia puesto que, girada visita al local por parte del Departamento de Contaminación Atmosférica, se observó que la actividad incumplía la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano, concediéndose un plazo de 30 días para subsanar las deficiencias. Girada visita de inspección el día 20/10/1997, se señaló que, habida cuenta de que el aislamiento acústico del local incumplía el artículo 93.1 de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano (en adelante, O.G.P.M.A.U.) y el equipo carecía de limitación de volumen, debían de adoptarse las medidas correctoras siguientes: aumentar la protección acústica del local a fin de que el nivel sonoro de los ruidos transmitidos a la vivienda más afectada no excediera el valor de 30 dBA, garantizando un mínimo de 60 dB de aislamiento acústico, separar los altavoces de los muros de carga, apoyándolos sobre amortiguadores que evitasen la transmisión de vibraciones, limitar el volumen máximo de los equipos de música a 85 dBA, con un tope fijo no manipulable, aportar certificado de insonorización que justificase el cumplimiento de los artículos 91 y 93 de la O.G.P.M.A.U. y mantener cerradas las puertas de acceso de la actividad mientras no existiera paso de personas por ellas. El día 7/11/1997 se requirió al propietario para que en un plazo de 45 días subsanase las deficiencias descritas y otras observadas con posterioridad. Con fecha 16/04/1998 se le requirió nuevamente para que subsanase dichas deficiencias y otras (entre ellas, justificar el requerimiento de aire de ventilación). El acusado continuó con su actividad y no subsanó las deficiencias, generando constantes molestias a los vecinos de la finca sita en la calle Argensola nº 9. Por ello, éstos requirieron a la Policía Municipal y al Departamento de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Madrid que efectuase mediciones de los niveles acústicos en diferentes días y así:
Con fecha 1/07/2003 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid dictó sentencia por la que, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Comunidad de Propietarios de la calle Argensola nº 9 de Madrid contra la desestimación presunta por parte del Ayuntamiento de Madrid de la solicitud efectuada el día 24/07/2002 de que se procediera a la clausura inmediata de la actividad de bar de copas que se realiza en el local Cartoon, anulaba la resolución impugnada, declarando que el Ayuntamiento de Madrid ha incumplido su deber de velar por el mantenimiento del medio ambiente adecuado, lo que ha vulnerado los derechos fundamentales de los recurrentes establecidos en el artículo 18.1 y 2 de la C.E., debiendo proceder a acordar la suspensión y clausura inmediata de la actividad en el local que nos ocupa hasta que disponga de las preceptivas licencias. Dicha sentencia fue confirmada en parte por la dictada en fecha 9/02/2005 por la Sección II de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Girada visita de inspección el día 23/06/2003, se comprueba que ha sido instalada una nueva chimenea para la evacuación del equipo de acondicionamiento de aire, estanca, calorifugada y aislada acústicamente, se ha dotado de sistemas silenciadores a las evacuaciones de aire acondicionado y el equipo de sonido dispone de un limitador de sonido tasado a 85 dBA, con todo lo cual los niveles sonoros transmitidos al patio de vecinos no superaban los límites fijados en el artículo 89 de la O.G.P.M.A.U. Con fecha 17/10/2003 se concede a Emilio Otero licencia de Implantación de Instalación de Actividades Calificadas para la actividad de bar de copas sin actuaciones musicales en directo, estableciendo como medidas correctoras y/o prescripciones adicionales, entre otras, que no podría existir en ningún momento comunicación directa entre el ambiente acústico interior del local y el exterior, por lo que el vestíbulo acústico debería funcionar eficazmente, que el aislamiento acústico de los elementos constructivos debería impedir la transmisión de niveles sonoros superiores a 30 dBA en período nocturno y 35 dBA en diurno a las viviendas colindantes más afectadas y que los niveles sonoros originados en el interior del local no transmitirían a las viviendas y locales colindantes valores superiores a los fijados en la O.G.P.M.A.U. Girada visita de inspección con fecha 17/12/2003, se comprueba que el aislamiento acústico aéreo y a ruido de impacto con respecto a la vivienda 1º D de la calle Argensola nº 9 cumplía el artículo 99 de la O.G.P.M.A.U., que el equipo de música disponía de un limitador registrado de 85 dB y que los altavoces se encontraban sustentados elásticamente. En nueva visita de inspección, el día 18/02/2004, se comprobó que los niveles sonoros emitidos en el local por funcionamiento del equipo de música no superaron en ningún momento el límite impuesto de 85 dB. No obstante, realizada el día 29/05/2004, entre las 5 y las 6 horas, medición por la empresa Aruvisa, se constató que en el dormitorio principal de la vivienda del piso 1º derecha de la finca sita en la calle Argensola 9 de Madrid, los niveles de ruido de inmisión transmitidos por el funcionamiento de la actividad del local Cartoon eran de 34,5 hasta 36,7, en tanto que el ruido emitido por los conductos de aire del local al patio interior de la finca sita en la calle Santa Teresa nº 9, desde la ventana del dormitorio interior del Hostal Castilla, sito en la planta 3ª izquierda, eran de 46,4. Asimismo, levantada acta de medición de ruidos el día 1/11/2004 por la Policía Municipal y comprobado que el nivel sonoro que emitía el equipo de música era de 97,9 dB, teniendo como límite máximo autorizado 85 dB, se constata que ha sido manipulado el limitador de sonido instalado, comprobándose en nueva visita el 8/04/2005 la instalación de un limitador registrador a un nivel máximo de emisión sonora de 85 dB, con el que no se transmitirían a la vivienda de la calle Argensola nº 9, 1º D ruidos cuyos niveles sonoros superen el límite de 30 dB. Como consecuencia de las actividades desarrolladas en el local del acusado, alguno de los vecinos de las fincas colindantes, como Mario López Freire, pusieron a la venta sus viviendas, otros, como Ana Clara Belio Pascual y su marido Álvaro Torrente Sánchez-Guisande, residentes en la calle Argensola nº 9, 1º D, tuvieron problemas de insomnio, fatiga crónica, angustia e irritabilidad, denunciado este último con fecha 3/06/2001 en la Comisaría de Policía del Distrito de Camberí que su hija Clara Irina, de 6 meses de edad, padecía trastornos del sueño, somnolencia diurna, irascibilidad, falta de apetito y vómitos; Blanca Sahún Artiga, que vive en la calle Santa Teresa nº 14, sufrió insomnio, teniendo que someterse a tratamiento psiquiátrico, siendo medicada con ansiolíticos e hipnóticos, teniendo que abandonar la vivienda los fines de semana, trasladándose a la vivienda de unos familiares hasta que adquirió una propia a la que trasladarse los fines de semana y Ángel Ramajo Salvador, que vive en la calle Santa Teresa nº 9, padeció insomnio. A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHOPRIMERO.- Los hechos declarados como probados son constitutivos de un delito contra el medio ambiente en su modalidad de contaminación acústica previsto y penado en el artículo 325 del Código Penal ya que, tal y como ha quedado acreditado en el acto del juicio oral a través de la prueba testifical practicada y por la documental dada por reproducida en el mismo, el acusado durante un período de tiempo prolongado a lo largo de casi veinte años ha venido ejerciendo su actividad de explotación del local denominado Cartoon, sito en la calle Santa Teresa nº 9 de esta Capital, zona declarada ambientalmente protegida por el Ayuntamiento de Madrid, provocando constantes molestias a los vecinos de los inmuebles colindantes, de la calle Argensola nº 9 y de la propia calle Santa Teresa, manteniendo su local abierto desde las 8 horas, aproximadamente, de la tarde hasta las 6 o las 7 horas de la mañana, excediendo notoriamente del horario autorizado para este tipo de locales, cuya apertura se permite hasta las 2 horas y emitiendo ruidos en un volumen muy superior al de 35 dBA autorizado para el horario diurno y de 30 dBA autorizado para el horario nocturno, según la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano. Hay que consignar, no obstante, que, a efectos del delito aquí enjuiciado, presentada la denuncia con fecha 27/05/2004, habremos de remontarnos a los tres años anteriores para determinar el período de tiempo no afectado por el instituto de la prescripción período a que se ciñe el objeto de la presente “litis”. Su actividad se desarrollaba, por lo general, con las puertas de acceso a la calle abiertas (v. folios 302, 303, 309, 312, 322), negándose a obedecer las indicaciones de la Policía Municipal de que pusiera fin a la emisión de música (a una hora como las 4,25 horas de la madrugada, según consta al folio 54 de las actuaciones), sin seguir las indicaciones que en sucesivas visitas de inspección se le daban acerca de la colocación de los altavoces de forma que evitase vibraciones y ruidos a las viviendas colindantes, de que colocase un limitador al equipo de música a fin de limitar las emisiones sonoras, de que ejerciese su actividad con las puertas cerradas, y de que insonorizase los equipos de aire acondicionado y extracción de aire, así como la chimenea de evacuación de aire caliente, a fin de evitar emisiones de ruido y calor, etc., indicaciones que sólo a partir del año 2003, cuando se dicta Sentencia en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6, comienza a observar de forma irregular e incompleta, puesto que, tras la misma, manipula el limitador de sonido y continúa emitiendo niveles sonoros muy superiores a los autorizados. Lo cual verificó, y esto sorprende grandemente, a lo largo de un período de casi veinte años, pese a las constantes protestas de los vecinos y a la carencia de las pertinentes licencias, ante la incomprensible pasividad del Ayuntamiento de Madrid. En este punto, esta Juzgadora coincide plenamente con la afirmación contenida en la Sentencia del referido Juzgado de lo Contencioso de fecha 1 de julio de 2003, cuyo FALLO señala que el Ayuntamiento de Madrid ha incumplido su deber de velar por el mantenimiento del medio ambiente adecuado, lo que ha vulnerado los derechos fundamentales de los recurrentes (los vecinos de la calle Argensola nº 9) establecidos en el artículo 18.1 y 2 de la Constitución Española, esto es, el derecho de aquéllos a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario, al someterles a una exposición prolongada a determinados niveles de ruido evitables e insoportables que dificultan gravemente el desarrollo de la personalidad. Pero hay que ir aún más allá de esta declaración, puesto que la actividad desarrollada por el acusado también afectó al derecho fundamental a la salud de los vecinos (artículo 43 C.E.). Como consta de las denuncias obrantes en las actuaciones, efectuadas por Álvaro Torrente Sánchez-Guisande con fecha 3/06/2001, en la que se señalaba que, sobre las 1 horas del referido día, en su domicilio de calle Argensola nº 9, piso 1º D, la Policía Municipal había realizado una medición sonora que había arrojado un resultado de 42 decibelios con las ventanas cerradas y 68 decibelios con las ventanas abiertas, como consecuencia de la reiteración de situaciones como la denunciada, su hija, entonces de 6 meses de edad, padecía insomnio-nocturno, somnolencia diurna, irascibilidad y falta de apetito. Del mismo modo, su esposa, Ana Clara Belio Pascual, manifestó que el bar producía ruidos hasta las 6'30 horas de la mañana, que podían oír la letra de las canciones, que tuvieron que trasladar el dormitorio al salón, que el propietario de arriba Mario López Freire, tuvo que vender la casa, que bajaban a pedir que bajaran el volumen (al bar) y no les hacían caso, que esto era lo habitual, todos los viernes y sábados y luego, también el jueves, que su casa vibraba, que han tenido problemas de insomnio, fatiga crónica y la niña, llanto fácil y angustia, que les daba pavor que llegara el fin de semana. También señaló que a los otros locales de la zona no los oían y no les afectaban. Blanca Sahún Artiga, vecina del inmueble de la calle Santa Teresa nº 14, situado frente al local de autos, señaló que vive en esa casa desde el año 90, que el local Cartoon le generaba molestias ya cuando llegó a la casa, que abría de 7 a 8 de tarde y cerraba de 6,30 a 7 de la mañana y tenía la puerta abierta, manteniendo un nivel de ruido altísimo, que los ruidos le impedían dormir, que cuando en el local veían que venía la Policía, bajaban la música y cerraban la puerta y cuando se iba la Policía, volvían a subir el volumen y abrían la puerta, que no podían estudiar (preparaba una oposición), ni dormir, que tuvo problemas de insomnio y estuvo un tiempo en tratamiento psiquiátrico, teniendo que tomar ansiolíticos y pastillas para dormir (hipnóticos), que hace unos años empezó a irse el fin de semana por la impotencia de no poder hacer nada año tras año y se iba a casa de familiares, que el resto de los locales no molestaban, que en su casa se han realizado varias veces medición de ruido y siempre ha sido superior al permitido, a pesar de realizarse con las ventanas cerradas, que en verano es inhumano tener que estar con las ventanas cerradas. Finalmente, señaló que acabaron comprando una casa en el pueblo para “huir” los fines de semana. Ángel Ramajo Salvador, vecino de la calle Santa Teresa nº 9, 3º, señaló que tiene debajo el local, que este local le ha afectado la salud bastante, sobre todo en altas horas de la madrugada, que estaba hasta las 6 ó 7 de la madrugada los fines de semana, que se escuchaba tanto la música como las vibraciones en su casa, que la salida de aires causa problemas por el ruido del extractor (que estaba a 30 cms de su ventana) que, además, una de las chimeneas alcanzaba altas temperaturas y que ha padecido insomnio porque no se podía dormir. José Carlos Nicolau Corbacho, Presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de Justicia, por su parte, señaló que en este barrio hay unos 400 locales, pero éste era el más conflictivo, que lleva muchos años de reuniones con concejales y técnicos para buscar soluciones, que ha salido a las 6 ó 7 de la mañana y el local lo ha visto abierto y con la música a todo volumen, que no puede comprender cómo no se ha cerrado antes el local, que los vecinos en general tienen sensación de indefensión ante este bar y la actuación del Ayuntamiento, que el concejal le decía que era imposible cerrarlo, sin darle razón alguna, que le gustaría saber el motivo, sobre todo ahora que sabe que el local no tenía licencia. También señaló que había estado en la casa de Ana Clara en varias ocasiones y que se escuchaba la música y la letra, así como vibraciones en el baño. También comparecieron al acto del Juicio Oral diversos agentes de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, que ratificaron las actas levantadas en diferentes días con motivo de las mediciones de ruido efectuadas y que señalaron que eran técnicos en medio ambiente, que comparecieron en muchas ocasiones llamados por los vecinos, que el local tenía deficiencias e incumplía el horario y la limitación de aforo, que se informó al propietario del local de que tenía que bajar el volumen y que, en alguna ocasión, le requirieron que cerrara, por exceder del horario, sin que les hiciera caso. Asimismo, compareció Roberto Moreno López, técnico municipal del Departamento de Inspección Ambiental, firmante de varios de los informes obrantes en autos, el cual señaló que el bar se encuentra en zona ambientalmente protegida, que si un local emite 85 decibelios, emite 10.000 u 11.000 fuentes de 40 decibelios a la vez, que cuando estuvieron midiendo el ruido en casa de la denunciante, estaba dando 36 decibelios, lo cual supera los límites permitidos, que las mediciones las hizo cuando los otros locales estaban parados, que en una de las visitas de inspección, el limitador estaba manipulado y en otra, inactivo y que el ruido perturba el descanso de las personas. Joaquín Ribera Visier, Jefe de la Sección de Industria del Ayuntamiento, señaló que el horario permitía la apertura hasta las 2 horas de la mañana, que un local no debería poder abrir sin licencia de funcionamiento e ignora por qué ha podido abrir. Avelino José López García, ingeniero industrial con especialidad en electricidad, ratificó el informe obrante a los folios 102 a 107, señalando que fue a la casa de Ana Clara a las 6 de la mañana, que el nivel era de 36,7 decibelios en el dormitorio, comprobando que la música que se escuchaba en éste era la misma que se oía en el local (Cartoon) señalando, asimismo, que el nivel máximo permitido en período nocturno es de 30 decibelios, salvo que sea zona ambientalmente protegida, en el que es de 25 decibelios y que 36,7 decibelios es más de 100 veces lo permitido. De todo ello hay que concluir, en definitiva, que en el supuesto de autos se ha incurrido en el ilícito señalado en el artículo 325 del Código Penal puesto que el acusado, contraviniendo las disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, en concreto, la O.G.P.M.A.U., realizó directamente emisiones de ruido y vibraciones a la atmósfera, poniendo así en riesgo de grave perjuicio la salud de las personas de sus vecinos. Esto justifica, en cuanto a la pena, que esta haya de imponerse en su mitad superior (artículo 325.1 in fine). En cuanto a las declaraciones del acusado, tanto las prestadas en presencia del Juez Instructor de la causa obrantes a los folios 95 y 96, como en el acto del Juicio Oral, hay que señalar que resultan sencillamente increíbles. Así, cuando señala que no superaba los límites de ruidos autorizados, que siempre ha tenido buena relación con los vecinos y que éstos nunca le han dicho que tiene ruidos excesivos, que tenía limitador de ruidos y nunca lo manipuló, que su local tiene licencia para estar abierto hasta las 3'30 horas y que a veces se ha excedido del horario hasta las 5 horas, que su bar no producía molestias a los vecinos y que siempre que el Ayuntamiento le ha pedido algo, ha acondicionado el local, puesto que la abundantísima prueba practicada en el acto del Juicio Oral y a lo largo de la tramitación del procedimiento acredita bien a las claras la inveracidad de tales argumentos. En el caso de autos, la gravedad del riesgo producido es la nota clave que permite establecer la frontera entre el ilícito meramente administrativo y el ilícito penal. Cuando la exposición continuada a unos niveles intensos de ruido ponga en grave peligro la salud de las personas, esta situación podrá implicar una vulneración del derecho a la integridad física y moral (artículo 15 C.E.). En efecto, si bien es cierto que no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implica una vulneración del artículo 15 C.E., sin embargo cuando los niveles de saturación acústica que deba soportar una persona, a consecuencia de una acción u omisión de los poderes públicos, rebasen el umbral a partir del cual se ponga en peligro grave e inmediato la salud, podrá quedar afectado el derecho garantizado en el artículo 15 C.E. Respecto a los derechos recogidos en el artículo 18 C.E., podemos concluir que una exposición prolongada a unos determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de actos u omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida, como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional 119/2001, de 24 de Mayo. El supuesto contemplado es prácticamente idéntico al recogido en la Sentencia del Tribunal Supremo 52/2003 de 24 de Febrero, que condenaba al propietario de una Sala de Fiestas cuyos equipos musicales sobrepasaban los niveles establecidos y que desobedeció las órdenes de la autoridad administrativa de corregir o suspender sus actividades. En este caso, como en el de autos, los vecinos del inmueble afectados por el ruido procedente del local del acusado han padecido, de forma reiterada y continua, durante los fines de semana, puentes y vísperas de fiestas, en un período prolongado a lo largo de casi veinte años, no sólo de una contaminación acústica que hay que calificar de grave y potencialmente peligrosa, sino que en este caso, además, esa gravedad se ha concretado en serio peligro para la integridad física y psíquica, y la intimidad personal y familiar y, es más, la afectación de los bienes jurídicos protegidos, antes mencionados, ha alcanzado la intensidad por la conducta del acusado, como responsable del local que ha determinado en niños de escasa edad problemas y alteraciones del sueño, irritabilidad, cambios de carácter, e igualmente otros vecinos mayores de edad han precisado de tratamiento hipnótico y el derivado de su irritabilidad, nerviosismo, alteración del sistema de sueño e insomnio. Por todo ello, el acusado ha creado una situación de grave peligro para la integridad física, psíquica, la intimidad personal y familiar, bienestar y calidad de vida de los vecinos del inmueble que pudieran resultar afectados por las emisiones de ruido procedentes del local de copas del que era responsable, habiéndose concretado en riesgo de grave perjuicio para la salud de esas personas. Se ha superado, pues, el umbral que separa el ilícito meramente administrativo del ilícito penal. Ello justifica también que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 327 del Código Penal, en relación con lo estipulado en el artículo 129 a) del Código Penal, y respondiendo así a lo solicitado en dicho sentido por la Acusación Particular, se acuerde la clausura del local Cartoon por un plazo de dos años. SEGUNDO.- Del expresado delito es responsable en concepto de autor Emilio Otero Lobato, por su participación material, voluntaria y directa de los hechos, conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal. TERCERO.- No concurren en el supuesto de autos circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. CUARTO.- En cuanto a las costas procesales devengadas en esta instancia, procede su imposición al condenado, a tenor de lo establecido en los artículos 123 y 124 del Código Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Vistos los artículos citados, concordantes y demás de pertinente y general aplicación al caso:
FALLOQue debo condenar y condeno a Emilio Otero Lobato como responsable en concepto de autor de un delito contra el medio ambiente, en la modalidad de contaminación acústica, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de dos años, siete meses y un día de prisión y multa de diez y seis meses con una cuota diaria de 10 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago e inhabilitación especial para la profesión y oficio que desempeñaba con relación a locales de ocio en que se desarrolle cualquier tipo de actividad musical por tiempo de dos años, debiendo, asimismo, abonar las costas procesales devengadas en esta instancia, incluidas las causadas por la acusación particular. Asimismo, decreto la clausura del local Cartoon por un plazo de dos años. Notifíquese la presente resolución a las partes, previniéndoles que, contra la misma, podrán interponer ante este Juzgado Recurso de Apelación para ante la Iltma. Audiencia Provincial de Madrid en el plazo de diez días a partir de la fecha de su notificación. Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos originales, lo pronuncio, mando y firmo.
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