Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sección: 7

Nº de Recurso: 1204/2004
Nº de Resolución: 8509/2007
Fecha de Resolución: 26/11/2007
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Ponente: JOSE DIAZ DELGADO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiséis de Noviembre de dos mil siete.

Visto por la Sala Tercera (Sección Séptima) del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados Excmos. Sres. anotados al margen el recurso de casación número 1204/2004, que pende ante ella de resolución, interpuesto por el Procurador Don ALEJANDRO GONZÁLEZ SALINAS, en nombre y representación del EXCMO AYUNTAMIENTO DE BILBAO, contra la sentencia de 21 de noviembre de 2003, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el recurso contencioso-administrativo número 1567/03 y seguido por el procedimiento ordinario, en el que se impugnaba la desestimación presunta de la solicitud formulada el 30 de mayo de 2003 ante el Ayuntamiento de Bilbao que interesaba el cese de la emisión de ruidos provocados por las labores de limpieza municipal en horario nocturno en el entorno de su domicilio. Ha sido parte recurrida D. Pedro Jesús, representado por el Procurador Don EDUARDO MOYA GOMEZ, y el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dictó sentencia de fecha 21 de noviembre de 2003, cuya parte dispositiva dice lo siguiente: "FALLO: Que estimando el recurso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona interpuesto por D. Pedro Jesús contra la desestimación presunta de la solicitud formulada el 30 de mayo de 2003 ante el Ayuntamiento de Bilbao que interesa el cese de la emisión de ruidos provocados por las labores de limpieza municipal en horario nocturno en el entorno de su domicilio, debemos declarar y declaramos:

1º.- La nulidad de la actuación administrativa recurrida por violar el art. 18 de la Constitución.

2º.- La obligación del Ayuntamiento de Bilbao de cese de las labores del servicio de limpieza municipal en horario nocturno mediante camión baldeadora y máquinas barredoras en las inmediaciones del domicilio del actor.

3º.- La obligación de la Administración demandada a indemnizar al actor en la suma de 10.000 euros. Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas del presente recurso". La sentencia se apoya en los siguientes fundamentos jurídicos:

"PRIMERO.- Que por D. Pedro Jesús se recurre, en vía de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, la desestimación presunta de la solicitud formulada el 30 de mayo de 2003 ante el Ayuntamiento de Bilbao que interesa el cese de la emisión de ruidos provocados por las labores de limpieza municipal en horario nocturno en el entorno de su domicilio.

La demanda se basa en alegar que se vulneran los derechos a la inviolabilidad del domicilio, a la intimidad y a la integridad física.

Por su parte, el Ayuntamiento de Bilbao contesta a la demanda defendiendo la conformidad a derecho de la actuación administrativa impugnada.

Finalmente, el Ministerio Fiscal informa en el sentido de que el recurso ha de ser estimado.

SEGUNDO.- Que para resolver la cuestión litigiosa aquí planteada, hemos de partir de los siguientes hechos, que derivan del expediente administrativo y de los documentos aportados en autos:

a) Que un servicio de limpieza viaria, que se realiza en las inmediaciones del domicilio del actor sito en... , Nº ..., se realiza todos los domingos desde las 6,30 horas hasta las 8- 8,30 horas.

b) Que dicho servicio consiste en la limpieza viaria mediante máquinas barredoras (que producen ruido con su sistema de aspiración) y, fundamentalmente, mediante un camión cisterna que permanece aparcado en la calzada y al que se acopla una manguera manejada por un operario con el agua proveniente de una cisterna del camión que utiliza para ello un elemento mecánico que procede altos niveles sonoros.

c) Que un informe del técnico de Medio Ambiente municipal de 22 de enero de 2001 señala que los niveles de ruido exteriores producidos por la actividad antes indicada supera el máximo permitido en zona residencial que, en el exterior y en horario nocturno, es de 55 dBA de Leq.

d) Que constan dos informes de la policía municipal de Bilbao de 2 de junio de 2002 y de 23 de junio de 2002 en el interior de la vivienda del actor supera los límites establecidos en la Ordenanza de Protección de Medio Ambiente como consecuencia de la actividad denunciada por el actor.

TERCERO.- Que los derechos fundamentales que considera el actor que han sido violados se refieren a los de la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la intimidad y el derecho a la integridad física.

En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2003 considera el recinto domiciliario y su entorno como un ámbito inmune frente a las agresiones perturbadoras que, procedentes del exterior, no exijan el deber jurídico de soportarlas entre las que se encuentran los ruidos desaforados y persistentes aunque procedan de actividades lícitas que dejan de serlo cuando se traspasan determinados límites.

También cabe citar la sentencia del Tribunal Constitucional de 24 de mayo de 2.001 que señala que una exposición prolongada a niveles de ruido excesivos y evitables ha de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida que impidan o dificultan gravemente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de actos u omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida.

Partiendo de esta doctrina, la Sala considera correcto y adecuado el informe del Ministerio Fiscal que subraya cómo en el presente caso la Administración demandada ha conocido que una actuación a su cargo produce ruidos excesivos y puede vulnerar derechos fundamentales de los vecinos sin que haya intentado efectuar actividad alguna para tratar de evitar la producción de tales ruidos ni se haya acreditado la imposibilidad material de poner fin o atenuar la situación en la que se producen los ruidos y ello se ha producido durante más de dos años lo que, tal como se ha expuesto, vulneraría derechos fundamentales del actor.

Por otro lado, aun siendo cierto que concurre en la actividad administrativa causante del ruido un interés público como es el servicio de limpieza, no deja de ser menos cierto que no consta que no se pueda armonizar la intimidad e inviolabilidad del domicilio con el servicio público de limpieza, dotando a éste de mecanismos silenciosos o, el menos, productores de menores emisiones de ruido.

Ello lleva a que la Sala entienda que se ha producido vulneración del derecho a la intimidad domiciliaria recogido en el art. 18 de la Constitución.

CUARTO.- Que el actor solicita indemnización de daños y perjuicios en forma alternativa pero lo cierto es que en vía administrativa lo que se reclamó fue la concreta suma de 10.000 euros, que se solicita subsidiariamente en el escrito de demanda y a la que habremos de ceñirnos por ser lo reclamado ante la Administración demandada.

Habida cuenta de que los perjuicios se han sufrido sólo unas horas pero durante más de dos años, la Sala considera ajustada y prudencial la cantidad reclamada por el actor, lo que hará que esta pretensión sea acogida por la Sala.

Ello ha de ser así entendido por cuanto que en el presente caso se ha producido un daño, en los términos recogidos en el precedente fundamento jurídico, que deriva causalmente de una actuación administrativa respecto de la que, a la vista de los informes realizados por los servicios del propio Ayuntamiento demandado, cabría su efectividad sin generar tal daño. La relación causal entra actuación administrativa y daño generado se produce tanto aplicando la teoría del nexo causal como la de la matizada de la causalidad adecuada pues la actuación es idónea para provocar el daño sin tener que acudir a una responsabilidad objetiva.

Finalmente, aun aplicando el criterio de los estándares adecuados a la prestación del servicio, la conclusión de la responsabilidad de la Administración demandada se mantendría ya que, con los medios técnicos actuales, resultaba posible prestar el servicio sin causar el daño apreciado en la presente sentencia".

SEGUNDO.- Por el Procurador Don ALEJANDRO FERNÁNDEZ SALINAS, en nombre y representación del EXCMO AYUNTAMIENTO DE BILBAO, se formaliza recurso de casación, en fecha 4 de marzo de 2004, en el que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 88.1 .d) denuncia la infracción de los artículos 15 y 18, números 1 y 2 de la Constitución Española, al apreciar la sentencia recurrida de modo indebido la violación de los derechos fundamentales a la integridad física, a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio, imputada a determinadas actividades del servicio municipal de limpieza viaria, con infracción igualmente de la doctrina constitucional y legal contenida en la STC 119/2001, de 24 de mayo y en las de este Tribunal de 21 de noviembre de 2001 y 29 de Abril de 2003.

Como segundo motivo, y al amparo de idéntico precepto procesal, alega violación de la jurisprudencia, y en concreto de la Sentencia de esta Sala de 10 de julio de 1995, en relación con el artículo 106.2 de la Constitución, al condenar a la recurrente al pago de una indemnización, sin que, según ella, se hubiera acreditado que era condición necesaria para la reparación del derecho fundamental y sin haberse justificado la concurrencia de los requisitos legales de la responsabilidad.

TERCERO.- El Fiscal, tras analizar los motivos alegados por la recurrente, se opone a los mismos y solicita que no se de lugar al recurso interpuesto.

CUARTO.- Por el Procurador DON EDUARDO MOYA GOMEZ, en nombre de D. Pedro Jesús, se formaliza oposición al presente recurso en fecha 22 de noviembre de 2005, oponiéndose a los motivos alegados por el Ayuntamiento de Bilbao y solicitando la desestimación de aquel.

QUINTO.- Admitido a trámite el recurso de casación interpuesto, se ordenó que las actuaciones quedasen pendientes de señalamiento cuando por turno correspondiese, a cuyo fin se fijó para votación y fallo el día 14 de noviembre de 2007, en que tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la Ley.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Díaz Delgado,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el primer motivo de casación alega la recurrente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 88.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la infracción de los artículos 15, 18.1 y 2 de la Constitución Española, así como la infracción de la doctrina del Tribunal Constitucional, sentada en la sentencia 119/2001, de 24 de mayo y las de este Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2001 y 29 de abril de 2003.

En relación con la sentencia 119/2001 del Tribunal Constitucional sostiene la recurrente que de su doctrina se desprende que, para que exista vulneración de los preceptos constitucionales antes citados es preciso que exista una exposición continuada, unos niveles intensos de ruido y como resultado, el grave e inmediato peligro para salud de las personas, manteniendo que no se ha probado el nivel de ruidos dentro de la vivienda. Pues bien de los hechos probados por la sentencia de instancia, letra d) del fundamento jurídico segundo, antes transcrito, se desprende lo contrario. En este sentido conviene recordar nuestra jurisprudencia que establece el limitado alcance que tiene la valoración de la prueba en casación, dada la soberanía del juzgador de instancia para fijar los hechos, debido a la naturaleza nomofiláctica de dicho recurso, limitado a depurar la corrección procesal del juicio sustanciado y las infracciones de normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia en que hubiese podido incurrir aquél al pronunciar la sentencia o resolución susceptibles de tal recurso (Sentencias de 1 de julio e 2003, de 25 de marzo, 19 y 23 de diciembre de 2000, recursos de casación 9683/95, 3368/96 y 5994/96 , entre otras).

SEGUNDO.- La sentencia recurrida no sólo esta conforme con lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio Europeo de Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales de 1950, sino que es igualmente acorde con los artículos 18.1 y 2 de la Constitución (la sentencia sólo acoge la violación del derecho a la intimidad del domicilio) y con el artículo 45 de esta misma norma fundamental.

Debe subrayarse que la competencia para la vigilancia de este derecho fundamental viene establecida por el artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local para el Municipio, todo ello en relación con lo dispuesto en los artículos 6, 36 y 37 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, existiendo aprobada por el Ayuntamiento de Bilbao una Ordenanza de Protección del Medio Ambiente.

En efecto, como sostiene el Fiscal en sus alegaciones, de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 21 de febrero de 1990 (Caso Powell y Rainer contra el Reino Unido); 9 de diciembre de 1994 (Caso López Ostra contra el Reino de España); 19 de febrero de 1998 (Caso Guerra y otros contra Italia); y 16 de noviembre de 2004 (Caso Moreno Gómez contra España), y de la doctrina del Tribunal Constitucional, recaída en la sentencia 119/2001, o la jurisprudencia de esta Sala recogida en sentencia 10 de abril de 2003 o 29 de mayo del mismo año y las citadas por la sentencia recurrida, se llega a la conclusión del acierto de ésta, en tanto considera infringido el derecho a la intimidad del domicilio de la parte recurrida, puesto que el Tribunal de instancia considera acreditada la concurrencia de un servicio de limpieza viaria en las inmediaciones del domicilio del actor, todos los domingos, entre 6'30 y 8 horas, realizado mediante máquinas barredoras y baldeadoras que se estiman fuentes productoras de excesos sonoros, dando por buenos los informes del Técnico de Medio Ambiente Municipal y de los Policías Municipales que consideran se superan los decibelios admitidos como máximo, tanto en el exterior como en el interior de las viviendas. Es evidente que la persistencia durante dos años de estos ruidos periódicos, siguiendo lo dicho por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia de 16 de noviembre de 2004, puede producir al ser humano un estado de crispación, que a todas luces le altera psíquicamente con obvias repercusiones físicas y le ocasiona la imposibilidad del disfrute de su domicilio y la dificultad de mantener unas mínimas condiciones para el desarrollo de la intimidad personal y material, sin que el Ayuntamiento de Bilbao, haya corregido esta situación.

Es de destacar que, en el expediente administrativo, a los folios 40 a 43, el Informe del Jefe de Negociado de Limpieza Pública, sostiene que los vehículos utilizados "porter" o de baldeo, representan un importante ahorro de agua, pero a cambio, generan algo más de ruido que otros sistemas, pues se sirven de la propia transmisión del motor del vehículo. Pues bien, es evidente que escoger la solución más económica por las Administraciones Públicas no sólo es posible, sino aconsejable, pero no cuando dicha elección supone poner en riesgo la salud o la intimidad del domicilio de los ciudadanos, de tal suerte que, es al Ayuntamiento como competente, a quien corresponde compatibilizar el servicio público que presta, con estos derechos fundamentales, y pese al excesivo tiempo transcurrido, no lo ha hecho. En consecuencia no procede sino confirmar, con la sentencia recurrida, que efectivamente se ha producido una violación del derecho a la intimidad de D. Pedro Jesús .

TERCERO.- El segundo motivo de casación, con fundamento también en el artículo 88.1.d de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se basa en la supuesta infracción de la doctrina contenida en la Sentencia de este Tribunal de 10 de julio de 1995, en relación con los artículos 106.2 y 139 de la Constitución, al condenar la sentencia al recurrente al pago de una indemnización sin haberse acreditado que la misma era condición necesaria para la reparación del derecho fundamental supuestamente vulnerado y sin que se hubiera justificado la concurrencia de los requisitos legales para que la Administración incurra en responsabilidad patrimonial objetiva. En el fundamento jurídico cuarto se analiza por la sentencia recurrida, quizá de forma escueta, pero acertada y suficientemente la presencia de los requisitos necesarios para asegurar que nos encontramos ante un servicio público, una actuación ilegal de la Administración y un daño, existiendo una evidente causalidad entre éste y la acción de la Administración. En consecuencia, y siendo ajustada la indemnización concedida, procede desestimar este motivo de casación.

CUARTO.- La completa desestimación del presente recurso conlleva la condena en las costas procesales a la recurrente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 139, y a tenor de lo que en el mismo se dispone, se fija en 2000 euros la cantidad máxima a satisfacer en concepto de honorarios de la parte recurrida.

FALLAMOS

1º.- No ha lugar al recurso de casación número 1204/2004, interpuesto por el Procurador Don ALEJANDRO FERNÁNDEZ SALINAS, en nombre y representación del EXCMO AYUNTAMIENTO DE BILBAO, contra la sentencia de 21 de noviembre de 2003, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el recurso contencioso-administrativo número 1567/03

2º.- Ha lugar a hacer condena en las costas procesales del presente recurso a la parte recurrente, hasta la cantidad máxima por honorarios de la recurrida de 2000 euros.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. José Díaz Delgado, estando constituida la Sala en audiencia pública en el día de su fecha, lo que, como Secretario de la misma, certifico.

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