Vecinos de la movida de Cáceres planean pedir daños y perjuicios por la vía judicial

Cáceres, 15/11/2001

Vecinos de la movida planean pedir daños y perjuicios por la vía judicial

EDITORIAL

La movida cacereña, en los tribunales

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en la que se condena al Ayuntamiento de Cartagena a indemnizar a una familia por el exceso de ruido de los bares próximos a su vivienda, ha animado a los cacereños afectados por la movida a entablar un contencioso para que, por la vía judicial, se les reconozca los 'daños morales' a los que están expuestos cada fin de semana. El precedente murciano ha calado en Cáceres y con toda seguridad lo hará en el resto de ciudades extremeñas que padecen el mismo problema. Detrás de la decisión vecinal se esconde una oportunidad más de presionar a las administraciones para que se sensibilicen hacia un problema que en el pasado no se ha sabido atajar y que causa serios perjuicios en el bienestar de una población que sólo reivindica su derecho al descanso.

Este primer paso debe ser correspondido por una mayor exigencia de los ayuntamientos a la hora de hacer cumplir la normativa legal. Sólo así se podrá frenar una tendencia cada día más agresiva para los miles de afectados que existen en la comunidad. No se trata de aplicar medidas punitivas que coarten las libertades de los ciudadanos, se trata de compaginar el derecho al descanso de unos y el derecho a la diversión de otros. En su equilibrio estará el éxito.

EL PRECEDENTE JUDICIAL DE MURCIA

Casi dos millones de indemnización al año por soportar el ruido de bares

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia es el 'culpable' de la nueva 'revolución' vecinal cacereña. El pasado día 7 se daba a conocer una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este tribunal, en la que se condenaba al Ayuntamiento de Cartagena a indemnizar con un millón de pesetas a un matrimonio que posee una vivienda en la plaza Virgen del Mar de Cabo de Palos, enclave donde concurren numerosos bares, por los "daños morales" causados por el ruido, según informa Europa Press. Además, el ayuntamiento debe pagar también 1,8 millones de pesetas al año "mientras exista la perturbación", dice el texto del fallo judicial.

Se trata de una sentencia 'pionera' desde el punto de vista de las obligaciones de los ayuntamientos en la protección del vecindario frente a los ruidos de bares, ya que responsabiliza a la propia Administración municipal, y no a los bares, de no aplicar las normas de protección contra los ruidos, con lo que le obliga a indemnizar con el equivalente al alquiler de todo el año del apartamento hasta que cesen las molestias.

Según la sentencia, el consistorio tenía conocimiento de las quejas vecinales. El fallo ha levantado gran preocupación en otros ayuntamientos españoles que pueden verse afectados por una lluvia de denuncias similares.

La Madrila y Zona Centro reactivan sus acciones tras una condena al consistorio de Cartagena
Las reclamaciones se presentarían contra el ayuntamiento cacereño y la Junta de Extremadura

TOÑI ESCOBERO

Ya existe un precedente. En Cartagena, hace tan sólo una semana, se dio a conocer una sentencia en la que se condenaba al ayuntamiento a pagar a unos vecinos por los "daños morales" causados por el ruido de los bares. La Asociación de Vecinos La Madrila-Peña del Cura y la Zona Centro, las dos afectadas por las molestias de la 'movida' cacereña, han tomado nota de este fallo judicial y han iniciado los contactos para abrir en Cáceres, si es posible, el mismo procedimiento seguido en esta ciudad murciana. "Queremos volver a empezar la guerra con todas las consecuencias", anuncia Miguel Salazar, presidente del colectivo vecinal La Madrila-Peña del Cura.

Zona de bares de la plaza de Albatros, en La Madrila baja.EL PERIODICO

Miguel Salazar ha confirmado a este diario que en los próximos días hablará con los presidentes de las comunidades de cada bloque de pisos y otras asociaciones vecinales para tratar el tema, y lo mismo hará el colectivo de la plaza Mayor y aledaños en una reunión convocada el viernes, según explica el presidente de esta zona, Carlos Romanos. Ambos dirigentes vecinales destacan la importancia de la sentencia dictada en Murcia. "Nos rearma de moral", dice Salazar. Sin embargo, a la hora de pasar a la acción existen algunas discrepancias. En este sentido, Salazar está decidido a iniciar acciones judiciales tanto contra el Ayuntamiento de Cáceres (en materia de ruidos) como la Junta de Extremadura (en materia de horarios de cierre), porque "su responsabilidad en este problema es compartida al 50%". Para ello, contactará en breve con el abogado que ha llevado el caso de Cartagena para poder orientar a los vecinos afectados y que quieran denunciar e, incluso, ofrecerle la representación de los casos cacereños, que aún no se ha decidido si serán individuales o colectivos.

DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS

Por su parte, el presidente de Zona Centro es más reacio a acudir a los tribunales, sólo en última instancia. "Nunca hemos pensado que fuera necesario llegar a este punto porque se ha confiado en la administración y sería lamentable ver al ayuntamiento en los tribunales, pero si no queda más remedio para la defensa de nuestros derechos, se hará", asegura.

Actualmente, según este dirigente vecinal, cuatro familias afectadas por las molestias de los bares tienen en curso denuncias en el ayuntamiento. Aún no se ha agotado la vía administrativa, pero no se descarta que si llega al final y no se ha resuelto el problema, se recurra a la justicia si así lo desean los denunciantes.

Asimismo, Miguel Salazar anunció que tratará de recabar el apoyo de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), con la que consultará los posibles procedimientos. "Esperamos que los jueces extremeños tengan la misma sensibilidad y apliquen la justicia con los mismos criterios que se han aplicado en Murcia, porque exigimos la misma protección jurídica", argumenta Salazar.

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