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Pamplona, 17/05/2001
El Pleno del Tribunal Constitucional celebra su primera vista pública ante unas cien personas
Estudia el caso de una valenciana que pide al Ayuntamiento una indemnización por ruidos en su casa
EFE - Madrid
Más de cien personas asistieron ayer a la primera vista pública del Pleno del Tribunal Constitucional (TC), en la que se escucharon las alegaciones de las partes en un recurso de una vecina de Valencia que responsabiliza a su Ayuntamiento de los ruidos que sufría en su vivienda y que le deterioraron la salud. Pasadas las once de la mañana, hicieron su entrada en una sala de vistas casi abarrotada los doce magistrados del Pleno, con su presidente a la cabeza, Pedro Cruz Villalón; el vicepresidente, Carles Viver Pi-Sunyer, y el ponente del caso, Manuel Jiménez de Parga.Los asistentes recibieron al Pleno en pie, y tras tomar asiento los doce magistrados, dio comienzo la vista, en la que actuó como representante del Ministerio Fiscal Juan Ortiz Úrculo, actualmente fiscal jefe ante el TC y que fue fiscal general del Estado, y los abogados de la recurrente y del Ayuntamiento de Valencia.
El recurso de amparo objeto de la vista fue interpuesto por Pilar M.G., vecina del barrio valenciano de San José, contra una sentencia dictada en 1998 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) que desestimó su pretensión de que el Ayuntamiento de su ciudad la indemnizara por los ruidos que padecía y que le provocaron problemas de salud.
La denunciante estima que el Ayuntamiento hizo excesivas concesiones de licencias de apertura de locales y que los ruidos que provocaron éstos vulneraron sus derechos fundamentales a la integridad física y moral, así como el de la inviolabilidad de su domicilio.
Su abogado denunció en la vista que el Ayuntamiento de Valencia ha permitido desde 1982 la instalación de locales con actividades molestas en torno al barrio de San José, que ha tenido que ser declarado como "zona acústicamente saturada". Explicó que la misma Sala del TSJV que desestimó la indemnización de su demanda resolvió un caso similar a favor de un vecino del mismo barrio, que declaró al Ayuntamiento responsable por no adoptar medidas contra los ruidos para proteger la inviolabilidad del domicilio. Por su parte, el fiscal señaló que la documentación que obra en la causa, como los informes médicos que le fueron practicados a la mujer, no acredita que el Ayuntamiento infringiera el derecho de la denunciante a la integridad física y moral.
Por el contrario, según el representante del Ministerio Público, sí se infringió su derecho a la inviolabilidad de domicilio.
Por su parte, el abogado de la defensa, en representación del Ayuntamiento de Valencia, pidió la desestimación del recurso de amparo y la confirmación de la sentencia del TSJV.
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