LA FEDERACIÓN VECINAL ESTUDIA DEMANDAR AL CONCELLO POR LAS OBRAS TRAS UNA SENTENCIA DE MADRID

La batalla del ruido

Los tribunales han declarado proscrito al ruido, uno de los grandes problemas medioambientales de Vigo, que registra niveles de contaminación acústica nocivos para la salud, según los primeros datos del mapa sónico de la ciudad que elaboran la Universidad y Zona Franca.

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid ha abierto el camino judicial para que los vecinos puedan demandar a ayuntamientos y constructoras por los ruidos en la vía pública.

El fallo, publicado la pasada semana, fija una indemnización de 2,5 millones de pesetas para los 16 vecinos de un inmueble madrileño afectado por la construcción de un edificio anexo. La comunidad necesitó cinco años de pleitos hasta lograr la sentencia favorable. Desde 1996, cuando comenzaron las obras, sufrieron durante 18 meses índices de decibelios por encima de los permitidos y efecturaron hasta 25 denuncias ante el Ayuntamiento de Madrid sin ningún éxito. En 2001, llegó por fin la resolución judicial, que considera el silencio "un bien que debe ser preservado", compensa a los vecinos y abre la vía para futuras demandas similares en toda España.

¿Qué consecuencias puede tener esta nueva vía en una ciudad tomada por las obras en la calle y un tráfico ensordecedor?

"Todas las consecuencias; recurriremos a esta vía cuando sea necesario y estamos en un momento tan caótico de obras que lo estudiamos ahora mismo". Lo dice alguien importante en esta cuestión: José Sánchez, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, organismo al que no le temblaría el pulso para demandar al Concello y a todas las operadoras de gas y cable ante el panorama de obras que vive la ciudad.

"La vía de la demanda judicial existe y podemos estudiarla-afirma Sánchez- porque estamos hartos de denunciar que las calles son un caos y que da la impresión de que las obras las controlan las propias compañías; mandan ellos, mientras el Concello deja hacer y esta falta de control provoca molestias y ruidos insoportables".

La federación vecinal ya tiene experiencia en demandas por ruidos. En 1998, presentó una querella criminal contra el entonces alcalde, Manuel Pérez Álvarez, al que acusaban de no intervenir frente a las denuncias por ruidos en el Casco Vello. La denuncia, por la vía penal, fue admitida a trámite y aún está pendiente de que se celebre el juicio contra el hoy eurodiputado.

"Estamos esperando que se celebre la vista porque pedimos que el Concello sea declarado responsable civil subsidiario de los padecimientos de los vecinos del Casco Vello ocasionados por bares contra los que nunca se actuó, pese a que se presentaron decenas de quejas y denuncias ante el Ayuntamiento".

Para aquella primera demanda, la federación vecinal tomó ejemplo de una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia. En la ciudad levantina un vecino demandó en 1996 a su ayuntamiento por permitir los ruidos de un bar próximo a su domicilio. El tribunal falló que la autoridad municipal había faltado a su responsabilidad de hacer cumplir la ordenanza sobre ruidos. La sentencia fijó una indemnización de tres millones de pesetas, a pagar a medias entre el Ayuntamiento y el bar que provocó los ruidos.

"Nos inspiramos en este fallo para plantear nuestra demanda -explica el líder vecinal vigués- ahora, barajamos presentar nuevas querellas, porque estamos cansados de denunciar lo que ocurre con las obras en la vía pública".

El concejal responsable, Uxío González, se defiende de posibles protestas asegurando que su departamento y él mismo vigilan los ruidos por obras de gas, saneamiento y cable. "Ya hemos paralizado obras, como ocurrió en Sanjurjo Badía, donde yo mismo mandé parar las máquinas porque hacían un ruido infernal -afirma González- buscamos un sistema alternativo para evitar molestias y lo volveremos siempre que haya quejas".

El Concello debe esmerarse porque los tribunales se han puesto a favor del silencio.

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