Sentencia de la AP Asturias de 28.02.2000
Contaminación visual y sonora producida por un tren entre dos factorías de Aceralia SA.
Indemnización de daños morales (2.000.000 pesetas) e indemnización por depreciación de inmuebles (2.500.000). Obligación de instalar paneles de insonorización adecuados y suficientes como para evitar el daño producido por las vibraciones del tren [Confirmada sustancialmente por STS de 31/05/07]

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Sentencias

 

Audiencia Provincial de Oviedo
Sección: 1
Nº de Recurso: 158/1999
Procedimiento: CIVIL

Ponente: D. Guillermo Sacristán Represa
SENTENCIA NUM. 105/2.000

ILTMOS. SRES.
PRESIDENTE
D. Jose Antonio Seijas Quintana
MAGISTRADOS
D. Guillermo Sacristán Represa
D. Rafael Martín del Peso

En Oviedo, a veintiocho de Febrero de dos mil.

VISTOS, por la Sección Primera de esta Audiencia Provincial los presentes autos de Juicio de MENOR CUANTIA nº 0024/98, Rollo nº 0158/99, procedentes del Juzgado de 1ª Inst e Instruc nº 1 de AVILES ; entre partes, como Apelante D. Manuel M. G. representado por el Procurador Doña Mª. Dolores LOPEZ ALBERDI bajo la dirección de Doña Laura de CASTRO MARTINEZ, como Apelante D. José Luis representado por el Procurador Doña Mª Dolores LOPEZ ALBERDI bajo la dirección letrada de Doña Laura de CASTRO MARTINEZ, como Apelante ACERALIA CORPORACION SIDERURGICA S.A. representado por el Procurador Doña Mª Isabel FERNANDEZ FUENTES bajo la dirección letrada de Don Julio Cesar ALONSO GONZALEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Se aceptan los de la sentencia apelada.

SEGUNDO: El Juzgado de 1ª Inst e Instruc nº 1 de AVILES, dictó en los referidos autos Sentencia de fecha 30 de Diciembre de 1.998 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: Estimando parcialmente la demanda formulada por el procurador Sr. Muñiz Artime, en nombre y representación de Don José Luis , contra Aceralia, Corporación Siderurgica, S.A., debo codenar y condeno a la citada demandada al cese en la utilización del nuevo trazado ferroviario que une sus factorías en Avilés y Gijón si en el plazo de seis meses a partir de la firmeza de la presente resolución no ejecuta las obras necesarias para evitar las inmisiones dañosas en la forma señalada en el fundamento jurídico noveno de la presente resolución. Igualmente se condena a la demandada a abonar a Don José Luis la suma mensual de veinte mil pesetas desde el mes de enero de mil novecientos noventa y siete hasta la cese de la inmisiones nocivas, cantidad que se determinará en la fase de ejecución de sentencia. Se desestima tanto la citada demanda en lo restante, como la formulada por el procurador Sr. Muñiz Artime, en nombre y representación de Don Manuel M. G. , absolviendo a la demandada de tales pedimentos, todo ello sin hacer un especial pronunciamiento respecto de las costas procesales causadas.

TERCERO: Notificada la anterior sentencia a las partes, por la representación de D. Manuel M. G. , D. Juan María y ACERALIA CORPORACION SIDERURGICA S.A. interpusieron recurso de apelación en ambos efectos y admitido a trámite se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial donde se personaron las partes con las aludidas representaciones, y cumplidos los oportunos traslados se señaló para la vista del recurso el día quince de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, en cuyo acto las partes apelantes instaron la revocación de la sentencia.

CUARTO: En la tramitación de es curso se han cumplido las correspondientes prescripciones legales.

QUINTO: En la tramitación de este recurso se solicitó diligencia para mejor proveer con el resultado que consta en autos.

VISTOS: Siendo Ponente el Iltmo Sr. Magistrado, Don Guillermo Sacristán Represa.

Fundamentos de Derecho

Primero.- Tres son las peticiones que contiene la demanda de don José Luis y don Manuel M. G. frente a Aceralia Corporación Siderúrgica, SA: indemnización por dos conceptos vinculados con la construcción y posterior explotación de un ferrocarril entre las factorías que la entidad demandada explota en Gijón - Veriña y en Avilés, para el transporte de arrabio (hierro colado), por depreciación de sus propiedades y por daño moral; y adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación del daño, eliminando, o reduciendo en lo posible, los ruidos y vibraciones derivados del paso de los trenes por la vía construida.

La sentencia desestima íntegramente la demanda de don Manuel por falta de ilegitimación activa, al no tener la residencia en la vivienda de su propiedad sita en el lugar litigioso, y estima parcialmente la de don José Luis fijando una cantidad indemnizatoria de veinte mil pesetas mensuales hasta el cese de las inmisiones nocivas, sólo en concepto de daño moral, y acordando el cese de la utilización del nuevo trazado ferroviario si no se adoptan medidas para eliminar o reducir los ruidos y vibraciones.

Las dos partes litigantes se alzan contra la sentencia. La actora en su recurso olvida la petición b) de su demanda, la relativa a la indemnización del daño moral, pues acepta la cuantificación de la concedida a don José Luis y desiste de tal petición para el otro actor. Sin embargo, mantiene las otras dos respecto a don Manuel M. G., y tan sólo la del apartado a), es decir la de la depreciación de sus propiedades respecto a don José Luis.

La demandada insiste en todas sus excepciones y en la completa oposición de fondo planteada en la primera instancia, es decir defecto legal en el modo de proponer la demanda, incompetencia de jurisdicción y litisconsorcio pasivo necesario dentro de aquéllas, y en el marco de la segunda, inexistencia de indemnización alguna a favor de los actores por haber sido realizada la obra que se considera lesiva para las propiedades de aquéllos en atención a su utilidad social, que ha de imponerse a los intereses privados, adopción de todas las medidas protectoras del medio ambiente necesarias desde el punto de vista de la insonorización y de la evitación de otras contaminaciones, e inexistencia de los perjuicios por depreciación. En su recurso añade incongruencia en la sentencia al haber concedido algo no pedido por los actores, como es el cese en la utilización del nuevo trazado ferroviario, y señala como inadecuado en el ámbito civil que el Magistrado establezca, en el fundamento de derecho noveno, que el nivel de contaminación acústica no supere determinados límites que fija.

Segundo.- Por coherencia, se procederá a resolver en primer término el recurso de la parte demandada, comenzando por la cuestión de la posible incongruencia.

En los fundamentos de derecho segundo y noveno se trata de explicar la adopción de la medida del cese de la actividad. En este último se expone que tal medida es solicitada en la demanda "aun en términos que suscitan cierta confusión ", y tras tal afirmación continúa diciendo: "...nada obsta a que se acordase, en este orden y en el conocimiento de la acción que los demandantes ejercitan, el cese de la actividad que produce el daño...", cita a continuación la STS de 30 de mayo de 1997, y concluye con medida análoga a la que fijó en dicha resolución, acordar el cese si en el plazo de seis meses desde la firmeza de la sentencia no se ejecutan las obras necesarias para evitar las inmisiones dañosas.

La congruencia de una resolución supone que lo que se decide forma parte de las peticiones recogidas en demanda y contestación, o, dicho en otros términos, la consonancia entre lo resuelto y lo que se pide puesto en relación con la causa de pedir, ya que en el ámbito civil el juzgador carece de autonomía para decidir aspectos no manejados por las partes, y ello aunque pudieran entenderse más adecuados para los intereses de cada una de ellas. En el caso presente, la causa de pedir en la demanda tiene la triple formulación anteriormente reseñada, y por lo que hace a la condena de hacer, se expresa de la siguiente forma "se condene a la entidad demandada a adoptar las medidas necesarias para evitar la continuación del daño, eliminando, o reduciendo en lo posible, los ruidos y vibraciones derivados del paso de los trenes por la vía construida ".En ningún momento se menciona dentro de la súplica la supresión o la suspensión de la actividad. Ciertamente podría haber sido contenido de la solicitud y, en consecuencia, pese a poder ser "drástica y desproporcionada " -en términos de la citada STS de 30 de mayo de 1997-, de haberse pedido su adopción estaría dentro de la congruencia más exquisita (al margen la discusión sobre su procedencia). Lo que sucede es que puesto que no se pidió, ni se trasluce de ninguno de los párrafos de la demanda en su planteamiento subsidiario, esta Sala debe concluir que al adoptarse como condena se incurrió en un exceso, en definitiva en incongruencia.

Tercero.- La incompetencia de jurisdicción no puede aceptarse. En efecto, el TS es constante en su doctrina sobre la materia. Cuando se ejercitan acciones como las nacidas de los arts. 1902 y 1908 del Código Civil, que son las aquí traídas, con claridad se están ejerciendo acciones civiles. Y el hecho de que las indemnizaciones de que se trate estén vinculadas con daños y perjuicios causados por actividades industriales que han contado con un planteamiento administrativo y con unas medidas precautorias reguladas por aquella autoridad, no elimina desde luego la posibilidad de la causación de perjuicios a terceros, así como del posible planteamiento y resolución en esta vía civil de las correspondientes indemnizaciones. Por todas, puede citarse la sentencia que cita la de instancia del TS de 16 de enero de 1989, que viene a reiterar la doctrina consistente en afirmar que en la zona de tangencia entre la jurisdicción civil y la contencioso-administrativa debe distinguirse entre lo que atañe a la propiedad privada, ya su protección que tiene carácter civil, y lo que afecta a los intereses generales o públicos, de inequívoca naturaleza administrativa (S. de 12 de diciembre de 1980), encuadrándose lo aquí discutido en el primero de esos ámbitos, el civil.

Cuarto.- El litisconsorcio pasivo necesario ha de seguir idéntico camino desde el momento en que se trata de acción de responsabilidad extracontractual determinante de la solidaridad y consiguiente eliminación de aquél.

Y en cuanto al defecto legal en el modo de proponer la demanda tampoco puede admitirse, pues cumple todos y cada uno de los requisitos del art. 524 LECiv conteniendo en el suplico tres concretas peticiones frente a una perfectamente identificada demandada, con lo que no tiene cabida la excepción del núm. 6 del art. 533 LECiv, en la rigurosa interpretación establecida por la jurisprudencia del TS (SS. de 16 de diciembre de 1971 y 15 de noviembre de 1974).

Quinto.- El aspecto que se refiere a la falta de legitimación de don Manuel para solicitar el cese de las inmisiones y la adopción de las medidas necesarias para conseguirlo, lo relaciona la sentencia de instancia con la residencia en el inmueble, tras desligarlo del título dominical, mientras la demanda, y el recurso, lo vinculan entendiendo que el propietario puede pedir, por las atribuciones que le concede el art. 348 CC que cesen las conductas lesivas para el lugar en donde se sitúa la edificación. Y ésta parece ser la decisión más correcta. En efecto, una cosa es el daño moral en sentido estricto, que en la situación de don Manuel no le afectaría, y sí, en su caso, a los arrendatarios que ocupan su vivienda, y otra distinta la acción que tiene el titular de un derecho de propiedad sobre un bien inmueble situado en el lugar en donde se producen las reseñadas inmisiones para exigir que desaparezcan o se atenúen en la medida de lo posible, y que consecuentemente cesen las causas de la depreciación de tales inmuebles, pues en definitiva tiene interés inmediato por cuanto el entorno se ve negativamente afectado, con lo que ello supone de perjuicios para el propio mantenimiento del contrato de arrendamiento suscrito con los actuales ocupantes, e interés inmediato en relación con el precio de venta de dicha vivienda o con un hipotético retorno a la misma, una vez finalizado aquél.

La propia Sentencia del TS de 6 de mayo de 1997, pese a decidir la falta de legitimación del accionante, viene a constituir un decidido apoyo al reconocimiento en el caso enjuiciado, dadas las significativas diferencias entre uno y otro supuesto. En efecto, la carencia de interés del demandante en aquel supuesto se asentaba en que la base de su petición era exclusivamente la causación de daños en la producción agrícola de la finca de su propiedad, finca que estaba arrendada. Es supuesto al daño moral reclamado ahora, que se desestima respecto de quien no vive en la casa, pero nada tiene que ver respecto de la acción indemnizatoria por depreciación del entorno, inmueble incluido, y de la que pretende se realicen las medidas necesarias para que las inmisiones cesen.

En definitiva, debe reconocerse la legitimación activa de don Manuel M. G., con independencia de no tener fijada su residencia en el lugar litigioso, para peticiones que hace en su demanda, una vez rechazado el daño moral.

Sexto.- A renglón seguido, debe tratarse el asunto de la culpa, es decir la aplicación al caso controvertido de los arts. 1902 y 1908 CC. Y en este momento debe traerse a colación la doctrina del Tribunal Supremo sobre inmisiones, cualesquiera que sean éstas, bien humos, gases, olores, vibraciones, ruidos, polvo, humedades, etcétera. Estrechamente relacionada con el Principado de Asturias, la sentencia de la Sala Primera de 12 de diciembre de 1980 tiene mucho que decir. En efecto, señala que el orden jurídico no puede permitir que una actividad económica, por el solo hecho de representar un interés social, se vea autorizada para suprimir o menoscabar, sin el justo contravalor, los derechos de los particulares. "El interés público de una industria no contradice la obligación de proceder a todas las instalaciones precisas para evitar los daños, acudiendo a los medios que la técnica imponga para eliminar las inmisiones, como tampoco excluye la justa exigencia de resarcir el quebranto patrimonial ocasionado a los propietarios de los predios vecinos, indemnización debida prescindiendo de toda idea de culpa, por tratarse de responsabilidad con nota de objetiva ".

En el supuesto en cuestión, claro es que la industria que ha instalado la vía férrea para transporte de arrabio tiene una importancia sustancial en el Principado de Asturias, pero con ser ello cierto, no lo es menos el derecho de los colindantes a una contraprestación por los perjuicios que ocasiona aquélla. Perjuicios existentes y que han quedado suficientemente acreditados, pues si bien la pretensión de la demandada fue en todo momento sostener que los daños sonoros ya existían en el lugar con anterioridad a ese trazado ferroviario, indudable y obvio es que una nueva fuente sonora, como es la enjuiciada, los incrementa. y este incremento ni es escaso ni se afirma sin apoyatura. Se trata de una circulación que se desarrolla sin interrupción durante las 24 horas del día, es decir también en horario nocturno, los ruidos dependen de la velocidad de los trenes, así como del estado y de la composición de las unidades ferroviarias; los transportes cruzan un viaducto elevado; no existe un sistema para impedir que la velocidad supere determinados límites, y lo cierto es que si bien en un porcentaje amplio de viajes no se superó los 10 kilómetros por hora (única limitación existente en el inicio del viaducto), también lo es que llegaron a alcanzar velocidades de 18,35, 24,5, 28,2 y 38,6 kilómetros por hora; no sólo circulan trenes compuestos por una máquina y dos vagones torpedo, sino también de catorce vagones. En cuanto a los niveles sonoros, la prueba realizada en esta segunda instancia ha sido suficiente para poder concluir, con términos del informe que "los sucesos de ruido derivados de la circulación de trenes por el viaducto generan niveles de ruido en inmisión en el punto de medida que fluctúan entre 65 y 80 dB(A) (Lmax), superando ampliamente los límites considerados molestos", Es decir, se produce una contaminación acústica que trae como consecuencia la estimación de la acción tanto en relación con la adopción de medidas limitadoras de la misma, como indemnizadoras de los perjuicios. Y esta decisión ha de adoptarse con independencia de que se cumplan las disposiciones reglamentarias en la materia (por todas SS. del TS de 16 de octubre 1989, 8 mayo, 8 y 26 noviembre 1990 y 28 mayo 1991, 24 mayo 1993 y 7 de abril de 1997, entre otras).

Séptimo.- Ahora bien, tiene razón la parte demandada en relación con que no es misión de un juez civil determinar el límite acústico, en primer lugar por tratarse de una normativa administrativa, pero en segundo término porque existen distintas disposiciones, sin que al caso en cuestión pueda aplicarse ninguna, ni siquiera el Decreto 99/1985 del Principado de Asturias. En esta dirección deberá suprimirse aquella limitación fijada, y en su lugar establecer medidas de otra naturaleza en el camino de reducir dentro de lo posible todos los excesos, petición esta que sí forma parte de la causa de pedir.

Al contestar la demanda Aceralia señaló en el fundamento de derecho IV lo siguiente: "reiterar que mi representada ya está instalando las pantallas de insonorización acústica citadas ... desde el momento en que las pantallas de insonorización estén totalmente instaladas, quedaría sin ningún objeto el apartado tercero de la súplica de los actores". Ahora bien, en los meses de diciembre de 1999 y enero de 2000, se realizó una nueva pericial como diligencia para mejor proveer, y sobre esta cuestión se formuló al perito la siguiente pregunta: "si ha concluido la instalación de las pantallas antirruido en el nuevo trazado ferroviario entre las factorías de ENSIDESA (hoy Aceralia) en Avilés y Gijón, y en concreto en el tramo Veriña - EI Valle", La respuesta fue la siguiente: " El proyecto presentado por la empresa con fecha 18 de noviembre de 1999 prevé una altura de la estructura soporte con respecto al tablero del viaducto de 5,50 metros, con una altura de apantallamiento de 4,223 metros. En la actualidad las pantallas están conformadas por 6 paneles de 0,50 metros con una altura de 3 metros en el viaducto, y por 7 paneles con una altura total de 3,5 metros en la zona de acoplamiento a la boca del túnel". Tras señalar que se carece de proyecto que permitiera determinar si la altura inicialmente proyectada era la realizada u otra mayor, concluía la previsibilidad de que se hubiese dado por finalizada la instalación "sin perjuicio de que se aumente la altura tal y como parece desprenderse del proyecto de octubre de 1999 en el que, además, se prevé aumentar su longitud hasta 254 metros",

Estas apreciaciones del perito, unidas al hecho de que, como se desprende de las fotografías unidas, los soportes de los paneles permiten que el apantallamiento se incremente sensiblemente, exige a esta Sala decidir que la entidad demandada deberá completar dicha instalación, aumentando la longitud hasta 254 metros y su altura hasta donde señala el proyecto presentado por la empresa con fecha 18 de noviembre de 1999.

Octavo.- En el examen de las indemnizaciones reclamadas, deberá separarse la relativa al daño moral y la por depreciación de los inmuebles.

En cuanto al daño moral, una vez firme, por consentida, la desestimación de esta petición ejercitada por don Manuel, procede resolver si se considera adecuada la concesión de la misma a don José Luis, así como la cuantía fijada en la instancia.

El derecho evidentemente existe con esa dimensión de daño moral, pues el entorno se ve distorsionado claramente por la construcción de la conducción ferroviaria a través de un viaducto elevado de estructura metálica y de cemento, completándose dicha contaminación estética con la sonora de desprendimiento de materiales, lo que afecta a esta dimensión, que supera la específica y concretamente vinculada al valor de las propiedades.

La cuantificación de lo indemnizable, que fija la sentencia en veinte mil pesetas mensuales desde enero de 1997, y extiende hasta el cese de las inmisiones nocivas deberá ser modificado en virtud de lo establecido en el fundamento segundo de la presente sentencia una vez que desaparece el cese de las inmisiones como acuerdo de la presente resolución, debiendo traducirse en una cantidad fija. No existen mecanismos que establezcan cuantías más o menos automáticas para determinación de los daños morales y por necesidad existe un cierto componente de subjetividad. Pero atendiendo las circunstancias que concurren, esta Sala entiende correcta la concesión de 2.000.000 de ptas. en favor de don José Luis.

Noveno.- Por último habrá de entrarse en la indemnización por depreciación de las dos viviendas de los actores. Que dichos inmuebles se ven sometidos a un proceso depreciador parece indudable. El deterioro del entorno desde un punto de vista de contaminación visual y desde otro de contaminación sonora y por desprendimientos, es un hecho probado. Ahora bien, cualquier valoración deberá contar con periciales que ayuden cuando menos a establecer líneas concretas delimitadoras de indemnizaciones correctas.

Es la del perito judicial don Galo E. P., arquitecto técnico, la que ofrece alguna respuesta a esta formulación. En efecto, en el folio 214 señala que "los edificios y propiedades objeto de este informe II han sufrido un retroceso económico importante en el mercado actual". Ahora bien, en lugar de proceder a una evaluación cuantificadora, en función de un posible valor anterior y el posterior a estas circunstancias, lo que se hace es establecer un criterio comparativo con lo actuado por Aceralia (mejor dicho, por la empresa CSI, Planos, SA) en relación con una vecina, doña Concepción M. L. El problema que se plantea en estos momentos es que la finca de aquélla fue objeto de compra parcial, indemnizándose además, con un importe de 5.946.000 ptas. por los siguientes conceptos: ocupación temporal de fincas, cosechas pendientes, pérdida de arbolado, demérito de fincas, edificaciones y construcciones en general y particularmente de la vivienda (folio 107). Además deberá ser tenido en cuenta que la distancia de las fincas de don José Luis y don Manuel se sitúan a 95 y 105 metros del viaducto, mientras que la de doña Concepción se vio invadida por el trazado, pues la compra parcial obedeció a la instalación en esa parte de los pilares del viaducto, y prácticamente queda encajonada, edificaciones incluí- das, bajo el viaducto. En consecuencia, si bien supone una enorme dificultad establecer un criterio comparativo, puesto que es el único punto de referencia ofrecido, esta Sala entiende adecuado fijar en concepto de indemnización por demérito la de 2.500.000 ptas. para cada uno de los actores, habiéndose tenido en cuenta en esta decisión un criterio valorativo aproximado tan sólo de las edificaciones (por contarse exclusivamente con las fotografías y descripciones que constan en los distintos informes), con sus circunstancias, materiales que se observan en la construcción y estado, vinculándolo con las consecuencias negativas del ferrocarril, y sin desechar, con las necesarias limitaciones y reinterpretaciones, las tasaciones que el informe acompañado con la demanda adelantaba (folios 23 y 36), que fijaba en 4.435.200 ptas. la correspondiente a cada una de ellas, si bien se hacía depender en exceso de la finca número 111, cuyas diferencias han quedado claramente expuestas.

Décimo.- En materia de costas, la parcial estimación de los dos recursos determina no se haga pronunciamiento sobre las causadas en la alzada (artículo 710 LECiv), mientras que la parcial estimación de la demanda, como continúa siendo la declaración sustancial, hace que se confirme esta última decisión, de acuerdo con el artículo 523 LECiv.

VISTOS, con los citados, los restantes preceptos de aplicación.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Oviedo, dicta el siguiente

FALLO

Con parcial estimación de los recursos presentados contra la sentencia dictada en procedimiento declarativo de menor cuantía nº 24/98 del Juzgado de Primera Instancia no Uno de Avilés debemos revocarla para en su lugar dictar otra con los siguientes pronunciamientos:

Estimamos parcialmente la demanda de D. Manuel M. G. y D. José Luis contra ACERALIA CORPORACION SIDERURGICA S.A., en el siguiente sentido:

a) Se declara el derecho de los dos actores a ser indemnizados por la depreciación que a sus propiedades ha ocasionado, tanto la ejecución como el resultado de las obras realizadas por cuenta de la demandada en la cuantía de DOS MILLONES QUINIENTAS MIL pts., para cada uno de ellos (2.500.000)

b)Se declara el derecho de D. José Luis a ser indemnizado por el daño moral ocasionado por las referidas obras, en la cantidad de DOS MILLONES pts. (2.000.000).

c) Se condena a la entidad demandada a adoptar las siguientes medidas: deberá completar la instalación de insonorización del trazado ferroviario aumentando la longitud hasta 254 metros y su al altura hasta donde señala el proyecto presentado por la empresa con fecha 18 de noviembre de 1999.

No se hace declaración en materia de costas, ni de la primera ni de la segunda instancia, como consecuencia de ser la estimación de la demanda parcial, y la de los recursos, de ambas partes parcial también.

Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


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