Las medidas contra la contaminación acústica siguen relegadas al control local

Blanca Lozano

No faltan normas, pero el control de los ruidos vecinales sigue siendo municipal, lo que no resulta eficiente si los ayuntamientos hacen oídos sordos a las denuncias.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en una Sentencia de noviembre de 2007, da razón a los recurrentes contra la inactividad del ayuntamiento en materia de control de la contaminación acústica.

Los tribunales se muestran favorables a reconocer el derecho a la tranquilidad en el hogar, hasta el punto de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que los ruidos y vibraciones, al igual que afecciones ambientales como humos u olores, pueden vulnerar el derecho fundamental a la intimidad familiar y a la inviolabilidad del domicilio.

Pero cabe preguntarse si el proceso judicial es el modo más adecuado para pedirle a un vecino que baje el volumen de la música. Parece como si los poderes públicos, que tan en serio se toman la lucha contra la siniestralidad vial o el tabaquismo, considerasen que los padecimientos que causan los ruidos, en especial los nocturnos, fuesen una molestia menor.

Normas para luchar contra el ruido no faltan, pero la propia Ley del Ruido de 2003 excluye de su ámbito de aplicación el vecinal, que sigue relegado a las regulaciones y controles locales, como si este ruido, el que más nos afecta, no exigiera una ley básica.

Las medidas contempladas en esta norma, como indicadores acústicos, mapas de ruido y planes de acción, pretenden lograr que los sectores dedicados a uso residencial mantengan buenos índices de calidad acústica, pero ¿para cuándo? ¿De qué servirán si los ayuntamientos siguen haciendo oídos sordos a las denuncias de los vecinos?

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