Carnavalada consistorial

Tierra Baja Ángel Isidro Guimerá Gil

El alcalde de Santa Cruz ha protagonizado la primera carnavalada del año 2007. Resulta intolerable que se alarme a la población manipulando con mala fe las resoluciones judiciales. El Bando de la Alcaldía, publicado en la contraportada de todos los periódicos el pasado viernes, es una proclama demagógica y electoralista, impropia de una ciudad y un alcalde serios.

Nadie ha suspendido el carnaval en la calle. Ni el Tribunal Superior de Justicia, a través de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ni tampoco el Juzgado de lo Contencioso. La pasada semana, el Tribunal Superior de Justicia dictó una Sentencia, a mi juicio jurídicamente modélica, en la que sustancialmente desestimaba la reclamación de los vecinos para que se prohibiese el Carnaval en la calle. Entendía el Tribunal que la lesión de los posibles derechos de los vecinos recurrentes no podía vulnerar el interés general que representa la fiesta del Carnaval para toda la isla, y su natural y espectacular desarrollo en las calles de la Ciudad.

Nadie levantó entonces la voz contra esta Sentencia, y el Ayuntamiento la aceptó con todas sus consecuencias. Una de ellas era el mandato de que se mantuviese el ruido por debajo de los 55 decibelios, (en los pisos de los edificios, no en el salón de la rueda de prensa, como demagógicamente pretendió medirlo el otro día el alcalde).

Pero el Ayuntamiento, acostumbrado a no cumplir sus propios mandatos plenarios, ni tan siquiera se ha sentado con los vecinos afectados a negociar la forma más adecuada de llevar a cabo la resolución judicial. Prefirió considerar letra muerta y papel mojado lo que no le gustaba de la Sentencia. El Ayuntamiento lleva años sin hablar con nadie sobre este asunto. Una auténtica irresponsabilidad, similar a la que ahora ejercita.

Como es natural, y ante esta situación de negativa a colaborar, el abogado de los vecinos solicitó al Juzgado de lo Contencioso la ejecución de la sentencia recaída y la adopción de diversas medidas cautelares. La medida adoptada por el Juzgado no ha ido más allá de suspender tres días, es decir, desde el pasado viernes hasta mañana lunes un carnaval que aún no ha comenzado. Sencillamente eso ha sido todo. ¿Y el lunes qué pasará, habría que preguntarse? El lunes no pasará previsiblemente absolutamente nada. Lo que hay señalado por el juez es una simple comparecencia, determinada por la Ley cuando concurren razones de urgencia, para que el Ayuntamiento determine las medidas que piensa adoptar en relación con el ruido en la calle.

A mi juicio, sería suficiente con impedir el paso y establecimiento de grandes altavoces, con una potencia desmesurada, instalados en diversas clases de vehículos. Adoptada tal medida, todos estaríamos felices y contentos. Y el carnaval, naturalmente y como siempre, en la calle.

¿Por qué ha creado entonces el alcalde esta alarma social? ¿A qué vienen las convocatorias de asociaciones de vecinos y el mundo del carnaval, como si estuviese en juego su desaparición? ¿Quién y dónde ha impedido la cabalgata anunciadora del Carnaval y los conciertos y bailes populares en la Plaza de España y aledaños? ¿Se puede desinformar con más mala fe? ¿Cómo puede decir Miguel Zerolo, en un Bando que lo descalifica por la burda manipulación que contiene, que la justicia ataca el corazón, los sentimientos y la historia de Santa Cruz de Tenerife? ¿Todo vale, incluso la creación artificial y engañosa de un ambiente hostil, para obtener réditos electorales el próximo mes de mayo? Me avergüenza de corazón que ocurran estas cosas en la ciudad donde vivo.

Estoy seguro de que los ciudadanos de Santa Cruz celebrarán finalmente su carnaval en las calles con la alegría de siempre. Nadie, por mucho que lo pretenda, podrá enfrentar nunca al pueblo de Santa Cruz con la Justicia. Ese problema lo tienen otros.

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