La discoteca Chapó funciona ya con normalidad después de tres años de cierre judicial por ruidos

El establecimiento ha reabierto sus puertas al finalizar la pena impuesta por el Tribunal Supremo La sentencia fue la primera dictada en España por un delito contra el medio ambiente en la modalidad acústica

J. M. D.

Fachada de la discoteca Chapó, en la calle Obispo Nicolás Castellanos

La discoteca Chapó funciona ya con normalidad en las noches de los viernes y los sábados, una vez que se hayan cumplido los tres años de cierre decretados por el Tribunal Supremo por superar con su música los niveles de ruido permitidos durante las horas nocturnas.

Los tres años de suspensión de la actividad se cumplieron el pasado 4 de mayo, por lo que el actual propietario del establecimiento, Carlos Gutiérrez, ha procedido a reabrir las puertas de este local, que en el momento del cierre se había convertido en uno de los más populares de las noches de los fines de semana palentinos.

El empresario había anunciado su intención de poner en funcionamiento la discoteca en cuanto se cumpliera el tiempo fijado por el Supremo, siempre que no recibiera ninguna orden en contra de las autoridades judiciales.

Carlos Gutiérrez decidió esperar unos días antes de reabrir la discoteca, y el pasado 12 de mayo volvieron a encenderse las luces de la pista y la música llenó de nuevo el local.

Baile para banquetes

Los propietarios de la discoteca han anunciado que la Chapó volverá a funcionar con total normalidad las noches de los viernes y los sábados, además de servir de servir de complemento a las celebraciones de banquetes que se sirvan en el restaurante anejo. Precisamente, fue en este aspecto en el que más pérdidas económicas ocasionó el cierre de la discoteca, puesto que ante la imposibilidad de contar con sala de baile se suspendieron numerosos contratos.

La discoteca Chapó se cerró en mayo del 2003 por orden judicial, aunque ya antes, en 1998, el Ayuntamiento de Palencia había decretado un cierre cautelar de un mes, también por exceso de ruidos.

Niveles superados

La Audiencia Provincial, en primera instancia, y posteriormente el Tribunal Supremo, condenaron al anterior propietario del establecimiento, José García de Juan, a dos años y tres meses de prisión como responsable de un delito contra el medio ambiente en la modalidad acústica, ya que los niveles de ruidos emitidos por la discoteca superaban notablemente los índices máximos permitidos.

La sentencia reconocía expresamente que los ruidos de la sala de fiestas habían provocado numerosos problemas de salud a los vecinos del edificio, especialmente a los niños.

Finalmente, el Gobierno concedió un indulto a García de Juan y le rebajó la pena de dos años y tres meses a un año de cárcel

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