Cádiz, 14/06/05

Sólo Algeciras y La Línea asumen la lucha contra la venta de alcohol a menores o fuera de horario

Estos dos consistorios del Campo de Gibraltar son los únicos de la provincia que han respondido al ofrecimiento de la Junta para responsabilizarse de estas competencias La Administración autonómica interpuso en Cádiz 123 expedientes sancionadores en 2004

BEATRIZ REVILLA

ALGECIRAS. Dos jóvenes haciendo botellón en Algeciras./ ANDRÉS CARRASCO

Esta norma autonómica, que ha vuelto a la actualidad por el debate sobre la prohibición del botellón reclamada por diversos consistorios, contempla la posibilidad de que la Junta de Andalucía delegue en las corporaciones locales «la iniciación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores» contra actuaciones relacionadas con la venta de alcohol y tabaco a menores, fuera de horario o en lugares no autorizados. Esta descentralización a favor de los ayuntamientos está permitida desde junio de 2002, cuando entró en vigor un decreto que desarrollaba dicha ley, aprobada en 1997 y reformada en mayo de 2001.

Esta baja receptividad de Cádiz contrasta con la mayor demostrada en provincias como Sevilla, donde 27 localidades han asumido esta atribución; Jaén, que registra veinte; Málaga, con 16; o Granada, con diez; mientras que Córdoba, Almería y Huelva -la única por debajo de Cádiz- están por debajo de la decena con siete, cuatro y un municipio, respectivamente. En total, 87 ayuntamientos, el 11% de los 770 existentes en la Comunidad, se han responsabilizado de esta medida de control del consumo de alcohol y tabaco.

Mayor control

La Administración regional ha reiterado en numerosas ocasiones, hasta el punto de centrar la discusión parlamentaria, la necesidad de que los consistorios asuman esta facultad sancionadora. La vocación de esta descentralización es conseguir un mayor control y efectividad tanto en la labor correctora como en la de prevención y reinserción de los afectados, ya que, como ocurre en muchos ámbitos, la administración más cercana es la verdadera conocedora de la problemática y, por lo tanto, de las fórmulas para atajarla.

En este sentido se manifestó esta semana la consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, que recriminó que «ningún Ayuntamiento del PP en Andalucía ha firmado con la Junta convenios para asumir competencias en esta materia y para sancionar la venta de alcohol a partir de determinadas horas, por lo que no se puede ser pirómano y bombero a la vez».

PP y PSOE: ejemplo

De esta forma, Naranjo respondía a regidores andaluces que, como Teófila Martínez, o el granadino José Torres Hurtado han reclamado una ley que frene la proliferación del botellón.

Sin embargo y pese a que la escasa respuesta patente en la provincia, la afirmación de Naranjo no puede aplicarse a la realidad gaditana: de los dos ayuntamientos que sí han aceptado esta descentralización administrativa, uno es socialista, el algecireño, gobernado por Tomás Herrera; y otro es popular, el linense, regido por Juan Carlos Juárez, lo que demuestra que no siempre los colores políticos determinan la elección municipal.

Más allá de esta razón, fuentes de la administración regional apuntan como posible causa de la negativa municipal al coste de personal que supone la aplicación de esta ley, que no puede compensarse con los beneficios, más sociales que económicos, que puede reportar.

El procedimiento habitual para aplicar esta legislación tiene un inicio común, la Policía Local, que es la competente para señalar las infracciones y trasladarlas a la administración para iniciar una investigación y abrir expedientes sancionadores en los casos que proceda.

En este punto del proceso es donde divergen los caminos: en Cádiz, al igual que en el resto de municipios que no han asumido esta competencia, es la Junta de Andalucía, a través de la Delegación para la Igualdad y el Bienestar Social, la encargada de tramitar e interponer sanciones tanto económicas como administrativas a los infractores.

Actuación regional

La aplicación de esta normativa por parte de la Junta en Cádiz se tradujo en 2004 en la apertura de 123 expedientes sancionadores, de los cuales 22 han sido resueltos y tipificados como graves y 79 se han considerado leves, mientras que no se detectó ninguno muy grave.

Según la ley, infracciones leves son, por ejemplo, la venta y suministro de alcohol y tabaco a menores de 18 años, así como su consumo por mayores en centros sanitarios o docentes. Mientras, entre las graves figuran el consumo de estos dos tipos de droga por menores en el interior de un establecimiento y la publicidad de ambas en colegios, centros sanitarios y locales dedicados al uso infantil o juvenil.

Considerando que las primeras infracciones pueden alcanzar una sanción de 3.000 euros y las segundas de 15.000, el Ayuntamiento de Cádiz podría haber ingresado por las 101 multas impuestas por la Junta el año pasado hasta 567.000 euros (93,4 millones de pesetas).

Distribución por tipo

Por el tipo de falta, la más castigada es la relativa a la instalación de máquinas expendedoras fuera de un recinto, con 51 sanciones, mientras que llama la atención que sólo se interpusiera una por venta de tabaco a menores.

Frente a esta actuación autonómica, los 87 consistorios que han asumido las competencias son los responsables de su aplicación así como de la recaudación de las multas, que deberán destinar a la financiación de acciones dentro del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones.

Además, la Junta de Andalucía reconoce en la ley la posibilidad de establecer convenios con las corporaciones locales para aportarles «los medios necesarios para la financiación de las competencias delegadas», junto a los que reserven los propios ayuntamientos.

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