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Andalucía, 18/07/05
ABOGA REHABILITAR ESPACIOS
La CAVA insta a los ayuntamientos a cumplir la normativa existente sobre el botellón
Ante la demanda de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) a la Administración regional de prohibir el consumo de alcohol en la calle en los “botellones” y el encuentro hoy lunes de la consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en la Mesa de Concertación Local para buscar soluciones a este fenómeno social, la Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía (CAVA), insta a los ayuntamientos a que cumplan la normativa existente en materia del botellón y ofrezcan alternativas serias que permitan conjugar el descanso de los vecinos con el ocio y diversión de los jóvenes.De esta forma, tal y como señala el presidente de la CAVA, Antonio Viruez, el fin del botellón no pasa por “prohibir el consumo libre de alcohol en la calle”. Pese a las demandas de los empresarios—confirma el responsable de la Confederación—, “la experiencia nos demuestra que ninguna de las partes aplica la normativa existente en materia de consumo de alcohol, como así ocurre con el control horario de venta de bebidas alcohólicas o con la aplicación del decreto sobre ruido en bares y terrazas”.
Así, entre las posibles soluciones al botellón en Andalucía, la CAVA defiende la puesta en marcha de experiencias similares a la desarrollada en el recinto de El Arenal de la ciudad de Córdoba desde el pasado fin de semana, lo que califica como “un premio a la coherencia de la alcaldesa Rosa Aguilar”. Por ello, según la Confederación, el traslado del botellón debe pasar por “habilitar espacios de ocio bien comunicados y con buenas infraestructuras en los que se concilien los derechos de la ciudadanía, y no como se ha desarrollado en regiones como Madrid o Extremadura que se han limitado al traslado a zonas con menor vigilancia”, concluye la CAVA.
Argumentos legales y dotación policial
Del mismo modo, otra de las soluciones defendidas por la CAVA se centra en el estudio de las posibilidades que ofrece la Ley de Grandes Ciudades para aplicar sanciones con las que resolver el problema del botellón a partir de reglamentos municipales.
En concreto, el Título X de la Ley de Grandes Ciudades —artículos 139 a 141—, contempla la tipificación de las infracciones y sanciones por las entidades locales en determinadas materias, cuyas multas oscilan entre los 750 y los 3.000 euros en función de la gravedad de las acciones cometidas.
De otra parte, la Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía se pregunta por los efectivos con los que contarán los ayuntamientos si finalmente prospera la prohibición de consumo de alcohol en la vía pública, ante las insuficientes plantillas de Policía Local en los municipios andaluces, la imposibilidad de cubrir las vacantes existentes o la situación de inseguridad que padecen determinados barrios en las ciudades y que requieren de una mayor vigilancia y control policial.
Asimismo, la CAVA se plantea si ante esta situación, los ayuntamientos exigirán a la Policía Nacional y la Guardia Civil que asuman entre sus competencias el control de esta norma y cómo será la reacción de estos cuerpos de seguridad si aplicando esta medida se incrementa su carga de trabajo con el mismo personal.
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