«El acondicionamiento acústico en la construcción está abandonado»

LYDIA TORREGROSA

PONENTE. El presidente de Aecor, Harald Aagessen, el viernes en la Escuela Politécnica Superior./ J.M. ESPARCIA

-Se considera que España es un país ruidoso, una cualidad que parece que va unida al carácter o a la cultura. ¿Es esto un obstáculo a la hora de concienciar sobre el problema del ruido como contaminación?

-Se dice que España es uno de los países más ruidosos, pero sin aportar un conocimiento real porque no tenemos datos para poder decir que una ciudad es más ruidosa que otra. Eso se va a hacer a partir de ahora, ya que hay una legislación europea común sobre el ruido. En realidad, para concienciar se necesita educar, porque en España eso de que no importa el ruido no es verdad: no nos importa hacer ruido, pero sí que nos afecte. En este sentido, las encuestas demuestran que le damos la misma importancia que le dan los alemanes o los ingleses. Quizá no estamos dispuestos a sacrificar tanto como ellos por no tener ruido, pero sí es cierto que nos molesta igual. A los españoles nos gusta hacer ruido y cuando estamos en ello nos olvidamos de que a otra persona le puede estar afectando negativamente, pero cuando estamos 'fuera' lo sufrimos igual que los demás.

-¿Qué efectos tiene el ruido para la salud de las personas?

-En el caso extremo, como podría ser el ruido que se produce en un entorno laboral, las personas afectadas pueden sufrir pérdidas auditivas o mareos, entre otras dolencias. En la vertiente ambiental, el ruido provoca estrés, insomnio... Y sin olvidar lo que acarrea sufrir este tipo de molestias, como faltas en el trabajo.

-¿Se han cuantificado las pérdidas económicas que provocan estos efectos?

-Hay un estudio bastante amplio hecho por la Unión Europea, que no suele ponerse en marcha si no existen unos datos económicos detrás. Precisamente, la Directiva Europea sobre Ruido se sustenta en estas cifras, calculándose que en los países en los que menos afecta el ruido, que suelen coincidir con los de economía más débil, las pérdidas representan el 0,2 por ciento del PIB. En el caso de los países industrializados, como es España, pueden llegar a suponer hasta el 2 por ciento del PIB. Hay que tener en cuenta que no sólo hablamos de pérdidas relacionadas con las bajas laborales, sino también de pérdida de valor de las propiedades, de posibilidades de desarrollo de unas zonas y no de otras, etcétera.

-¿Cuál es la legislación que rige en estos momentos?

-La Directiva Europea sobre Ruido Ambiental está aprobada y exige a todos los países europeos realizar valoraciones de ruido en las ciudades y elaborar unos planes de acción. En España, la Ley del Ruido se publicó en el BOE en noviembre de 2003, aunque le falta incorporar unos Reglamentos. La normativa española asume lo dispuesto en la Directiva Europea y va un poco más allá: no sólo dice que hay que hacer la 'fotografía' del ruido sino que exige unos niveles máximos en función de que se trate de zonas residenciales, docentes, hospitalarias... También exige a las autoridades correspondientes unos planes de acción para llegar a esos niveles, y les da un plazo.

-¿Cuándo se puede decir que estamos ante un caso de contaminación acústica? ¿Cuáles son los límites?

-Como decía, la Ley del Ruido va a poner una serie de límites según las zonas en las que nos encontremos. No es lo mismo una zona residencial que otra industrial. Esos límites están en fase de ser aprobados por las Comunidades Autónomas. El problema es que algunas responsabilidades estaban transferidas y ahora la nueva legislación las centraliza de nuevo, de manera que algunas Comunidades no están muy de acuerdo con esta unificación de criterios. En todo caso, parece que al final se va a poder conseguir y estaríamos hablando, por ejemplo, de 45 decibelios para zonas residenciales, y de 60 ó 65 decibelios para zonas urbanas.

-¿Qué mecanismos tiene un ciudadano que está sufriendo un problema de ruido en su casa para reclamar? ¿Funciona la vía de los ayuntamientos?

-En la actualidad, las ordenanzas municipales son las únicas que pueden defender a los ciudadanos en este sentido. Sin embargo, hay antecedentes en los que la ordenanza municipal estaba ahí, como ha ocurrido en un caso de contaminación acústica en Valencia. A pesar de la ordenanza los afectados han tenido que acudir al Tribunal europeo, con sus consecuencias de tener que esperar 12 o 14 años hasta la resolución. Estas circunstancias van a cambiar con la Ley del Ruido, porque da más poder a las Administraciones públicas para actuar e impone unas sanciones más altas, con lo cual se supone que el infractor corregirá antes. Hasta la fecha era más barato incumplir que cumplir las normas, porque las multas eran tardías y bajas.

-Entonces, hasta que no se aplique en toda su extensión la nueva normativa, ¿puede decirse que hay una situación de indefensión ante la contaminación acústica?

-Depende de los municipios, hay algunos mejor que otros. Existe un estudio del Defensor del Pueblo sobre lo que representa el ruido, la cantidad de denuncias que genera, y da pena ver que el ruido se trata todavía como la 'cenicienta' de los contaminantes porque el ruido no mata, cosa que es cierta, pero también es verdad que no deja vivir.

-¿En que situación está Castilla-La Mancha respecto a otras Comunidades Autónomas?

-El problema más grande siempre está en las ciudades más grandes. Esa es la regla. En general, cuando hablamos de ciudades como Madrid o Barcelona puede decirse que el problema es mayor y además el ciudadano, al estar más afectado por el ruido, lo siente peor. No tenemos un estudio claro al respecto, tenemos información de algunas ciudades que nos la han ido aportando, pero no de manera sistemática. Una de las cosas buenas de la Ley del Ruido es que establece que hay que tener un conocimiento de los ruidos que hay, y además de eso reconoce el derecho del ciudadano a estar informado. En la actualidad sucede que vamos a algunas Administraciones públicas y nos niegan los datos, parece como si fueran de ellos y no de los ciudadanos. Quizá no quieren aportarlos porque no son buenos.

-Estamos en un momento de auge del sector de la construcción. ¿Las edificaciones nuevas cumplen con las exigencias en esta materia?

-Todavía no ha entrado en vigor el Código técnico de la edificación, que es la nueva Ley que va a afectar a la construcción en su apartado de ruido. Esta norma va a implicar el cumplimiento de unas condiciones acústicas de edificación más estrictas que las de ahora. A pesar de ello, hay que decir que aun siendo más estricta, la normativa que está por venir es la menos estricta de toda Europa. Lo importante, de todos modos, es que se va a poder comprobar in situ si se cumplen los requisitos, porque hay Comunidades Autónomas que antes de otorgar la cédula de habitabilidad van a exigir unas comprobaciones para asegurar que, efectivamente, se cumplen las condiciones. El acondicionamiento acústico en la construcción está fatal en España; este aspecto sí que podemos decir que está muy abandonado: no se cumple.

-¿Qué actividades realiza Aecor, la asociación que usted preside?

-Aecor es una asociación sin ánimo de lucro de ámbito nacional, con más de 120 asociados. Tenemos tres comisiones para el desarrollo de nuestras actividades: una de legislación, otra de formación y, por último, la comisión de comunicación. A través de estas dos últimas organizamos o participamos en actividades formativas; realizamos estudios sobre el ruido y llevamos a cabo una labor divulgativa.Por otro lado, la comisión de legislación de Aecor ha participado en la redacción de la Ley del Ruido y, en el caso de la ley del código técnico de edificación, desde el primer momento hemos participado no sólo en la redacción, sino también con ensayos para ver si efectivamente el sector español va a ser capaz de cumplir con los nuevos requisitos, o si por el contrario van a ser difíciles o costosos. Hemos hecho un estudio del impacto económico que costaría cumplir estos requisitos, y el precio de la vivienda sólo se incrementaría en unos seis euros el metro cuadrado, con lo que cualquiera estaría dispuesto a cumplirlos. Estamos convencidos de que, con un mínimo esfuerzo, podríamos cumplir con las nuevas disposiciones sin encarecer apenas la vivienda. Lo que pretendemos con este estudio de impacto económico es asegurarnos de que no van a venir constructoras o promotoras diciendo que las nuevas condiciones van a suponer encarecer el coste de la vivienda y que el código se paralice.

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