EL ALCALDE DECLARA POR UN DELITO CONTRA EL MEDIOAMBIENTE, DE PREVARICACIÓN Y OMISIÓN DEL DEBER

Vilanova: "Adopté medidas para acabar con los ruidos"

Un informe de Novotec dice que no se puede saber el foco del zumbido

Los demandantes alegan que el alcalde no hizo nada para erradicar el problema

OSCAR TOMASI

Vilanova aseguró haber adoptado "medidas generales para acabar con el problema de los ruidos", como encargar mediante concurso público un estudio a la empresa Novotec (la única que se presentó) y enviar una carta a algunas empresas de Vila-real para solicitarles que hiciesen todo lo posible por limitar sus emisiones acústicas.

Sin embargo, según los demandantes, de este estudio existen dos copias: uno de diez páginas, del que no se tiene constancia oficial (aunque ellos sí que han presentado una copia que les otorgó el alcalde) y otro mucho más extenso, elaborado posteriormente. En el primero, hecho con el cogenerador apagado, se extraía la conclusión de que no se puede conocer el foco de los ruidos; mientras que en el segundo, la medición sí se realizó con el cogenerador encendido, si bien el informe concluía con el mismo dictamen.

Por su parte, el representante legal de la empresa presuntamente generadora de estos ruidos, Rocersa, reconoció no tener licencia para poseer en sus instalaciones un cogenerador, el cual sirve para producir energía. A pesar de eso, este mismo representante destacó que la empresa realizó una medición de sonido en la puerta del chalé de los afectados, y ésta demuestra, según él, que la frecuencia del ruido que se aprecia en su domicilio es diferente a la que emite el cogenerador de la fábrica.

Los demandantes, Antonio Flich y Concepción Capella, afirmaron no poder dormir desde 1991 hasta principios de 1996, cuando decidieron cambiar de casa para poder descansar, a causa de un ruido, que, según ellos, lo genera la citada empresa.

El fiscal ha solicitado ocho años y medio de inhabilitación para Vilanova, mientras que la acusación particular pide para él seis años de prisión y cuatro y medio de inhabilitación por delito medioambiental, uno y medio de cárcel por prevaricación y otro año de inhabilitación por omisión del deber.

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