La oposición reclama que se pague a la familia valenciana afectada por la discoteca y pide responsabilidades

El gobierno municipal espera un informe para decidir si recurrirá la sentencia

P. MORENO

La sentencia por la que el Ayuntamiento debe pagar 150.000 euros a una familia que vendió su piso de la Gran Vía Germanías debido a los ruidos y molestias producidos por una discoteca, provocó ayer una amplia reacción entre los grupos de la oposición y la Federación de Vecinos.

La noticia, adelantada por LAS PROVINCIAS, supone un duro varapalo para el gobierno municipal, que se enfrenta a la mayor indemnización de este tipo dictada por un tribunal. Aún así, el concejal de Actividades, Vicente Igual, defendió que los servicios municipales han realizado 39 actuaciones sobre este establecimiento de ocio. Acerca de la presentación de un recurso en el Supremo, posibilidad que cabe, dijo que espera un informe de los servicios jurídicos antes de decidir, aunque no descartó esta alternativa.

El portavoz socialista, Rafael Rubio, pidió que se pague a la familia, que “malvendió su vivienda”, a la vez que pidió las responsabilidades políticas que se deriven de este caso. Dijo que cuando se condena “por inacción deberían asumirse desde el punto de vista político este tema”, en referencia a una posible dimisión en el seno del equipo de gobierno.

La concejala de Esquerra Unida María Victoria González comentó que “entendería que no se presentase ningún recurso de casación, para apoyar así a las personas que, como las que han ganado la sentencia, sufren por estas actividades”.

Abogó porque haya una mayor coordinación entre la Policía Local y Actividades. “Cuando se decide el cese de la actividad de un local, la policía pasa una vez y pone el precinto, que es roto de manera sistemática por los dueños. Debería pasar más a menudo y si se produce un incumplimiento, llevar el caso al juzgado”.

Acerca de la sentencia, dijo que los problemas de salud constatados por los médicos “no se compensan con este fallo, aunque sí la mala venta que hicieron de su vivienda.” Una agencia inmobiliaria tasó el piso y una plaza de garaje en 263.052 euros, si bien hubo de venderla su propietario por 191.957 euros, en concreto a otro vecino del inmueble, para destinarla a despacho.

En caso de que el Ayuntamiento no recurra al Supremo, el letrado de la familia afectada, Joaquín Morey, pedirá la ejecución de la sentencia para el cobro de la indemnización.

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