Los hosteleros se rebelan contra la nueva normativa que pretende poner fin a los ruidos

Ángel Alonso

Desde hace pocas fechas la policía local está avisando a los propietarios de estos locales para que instalen limitadores de ruido que impidan sobrepasar los 60 decibelios. Una cifra restrictiva si la comparamos con las que se aplican en otras localidades, aunque «responde a las quejas de vecinos que padecen el ruido de estos establecimientos, que en la mayoría de casos no tienen licencia para tener música», asegura el concejal de seguridad, José Manuel Zapater.

Los cerca de 300 bares y cafeterías que existen en la localidad no cuentan con ningún sistema de control sobre la emisión de ruido y su adquisición supondría un desembolso de «unos 3.000 euros, coste demasiado elevado para el sector que no vive sus mejores momentos porque cada día hay más competencia y menos clientes», comenta Francisco Gil, uno de los miembros de la plataforma creada. Además, Gil no entiende la dureza de la normativa ya que «molesta más el ruido de los clientes que el de la música, y no le vamos a poner un limitador a cada persona en la boca», y pide que «se estudie cada caso y se busquen soluciones de consenso».

Por otro lado, el colectivo tiene previsto negociar con el Ayuntamiento temas como el aforo de los locales o los horarios de cierre.

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