300 vecinos denuncian un centro "antilluvia" instalado en una finca de Fuentes de Ropel

Presentan una demanda ante la Guardia Civil por entender que se «está cometiendo un delito ambiental»

Isabel Reguilón

El Ayuntamiento de Fuentes de Ropel ha comunicado a vecinos de las Dehesas de Rubiales y Valdelapuerca que está en trámites de aprobación la autorización a una instalación de un sistema generador de ondas de choque antigranizo, conocido también como cañones antigranizo en una finca de la Dehesa de Rubiales.

El sistema aún carece de permiso de funcionamiento pero, según los vecinos de la zona ya está en funcionamiento, por segunda temporada consecutiva y ocasionando, con ello, graves molestias a los residentes en muchos kilómetros a la redonda, que consideran que los cañones antigranizo son también antilluvia.

Las explosiones de ondas se dejan oir en todos los pueblos de alrededor con toda nitidez y llegan incluso a Benavente, situado a unos diez kilómetros de esa finca.

Ante esta situación, los afectados han recogido firmas, más de 300, en las localidades donde llegan las molestias ocasionadas por el ruido de los cañones; es decir, Fuentes de Ropel, Castrogonzalo, San Cristóbal y Santa Colomba de las Carabias y han presentado ayer una denuncia formal ante la Guardia Civil de Benavente para que se tomen cartas en el asunto, al entender que el sistema antigranizo ocasionará, además de daños ambientales, inconvenientes económicos para la zona.

En su denuncia, los afectados manifiestan que la petición de autorización para funcionar ante el Ayuntamiento de Fuentes de Ropel «no es una solicitud para que sean autorizadas las obras de la instalación, se trata de solicitar permiso para utilizar lo que ya está instalado» y entienden que si no existe autorización, aún no está legalizado «por lo que la continua utilización que se ha hecho en los pasados meses ha sido ilegal».

Los afectados solicitan el precintado de las instalaciones y que se impida el funcionamiento de las construcciones e instalaciones realizadas que se encuentran dotadas de todos los medios y que se advierta al Ayuntamiento de Fuentes de Ropel sobre la responsabilidad en la que puede incurrir «si de una forma atípica, ilegal o unilateral, llegase a autorizar y dar licencia de uso a un sistema tan peligroso y controvertido en la legislación española».

La instalación debe contar con la aprobación del Instituto Meteorológico Nacional

Los afectados se han informado de los trámites que debe seguir un expediente similar para contar con los permisos legales necesarios, que, evidentemente, el instalado en la finca de la Dehesa de Rubiales, aún no tiene.

Señalan «como hemos podido comprobar, analizando la legislación vigente, que la autorización de licencia municipal debería estar al final de un largo y difícil proceso administrativo, según nos ha comunicado el Instituto Nacional de Meteorología y que conlleva ue toda autorización pública o privada tendente a modificar el régimen de lluvias deberá ser aprobada por el Ministerio de Obras Públicas, a propuesta del Organismo de Cuenca».

Señalan, en otro apartado «a tal efecto, la Confederación Hidrográfica correspondiente a la vista del proyecto presentado por el solicitante, del conocimiento que exista sobre la materia, y de los posibles efectos negativos sobre las precipitaciones en otras áreas, previo informe del Instituto Nacional de Meteorología elevará la propuesta al Ministerio de Obras Públicas».

Por no tener cumplido estos requisitos, los afectados solicitan de la Guardia Civil el precintado de las instalaciones y que se impida su funcionamiento en tanto en cuanto no tiene permisos.

Los damnificados dicen que la instalación conlleva perjuicios económicos

En su denuncia, los afectados explican «este sistema tiene una gran capacidad y potencia que afecta gravemente en un radio superior a diez kilómetros. La frecuencia de las explosiones es de una por cada cuatro segundos y sistema, dado que son dos sistemas, las explosiones son cada dos segundos, lo que hace treinta explosiones por minuto. El ruido es ensordecedor, la tierra tiembla y los edificios construidos a uno o dos kilómetros de distancia hasta los cristales trepidan fuertemente».

Como vecinos y afectados denuncian que las instalaciones producen perjuicios económicos «pérdidas en los rendimientos de las cosechas por eliminación prácticamente total de las lluvias en un radio de cuatro o cinco kilómetros, disminución muy alta de la mencionada lluvia en un radio de seis a siete kilómetros y disminución importante del resto».

Los afectados suponen que las pérdidas ocasionadas en las cosechas de cereales de secano serían «de unos 1.500 kilogramos por hectárea en la primera zona, de unos 1.000 kilogramos por hectárea en la segunda y en el tercer área de 500 kilogramos por hectárea».

Consideran que también la ganadería de las fincas situadas en su radio de acción se vería afectada por las molestias que ocasiona el sistema de cañones antigranizo, ya que «existen naves acondicionadas para ganado a una distancia de menos de 400 metros que han tenido pérdidas en su producción por abortos y malestar del ganado, daños que afectan también a otras explotaciones».

Además, los afectados consideran que esta instalación pendiente de permisos para su entrada en funcionamiento supondrá para la zona una pérdida de valor de los terrenos, «dada la problemática contenida y también pérdida de ingresos por los aprovechamientos cinegéticos, dada la perturbación que estos ruidos producen en las especies autóctonas y aves migratorias, que como cotos de caza legalmente autorizados tenemos derecho».

Finalmente, consideran que ocasiona daños personales por ruidos y pérdida de sueño, además de un perjuicio para la salud de las personas que lo sufren.

Más noticias de este mes | Último mes | Índice general de noticias
Página principal de ruidos.org