Rubí acusa a Fomento de desoír la queja contra el ruido de la A-7

• La alcaldesa pide la misma solución que se aplica en el tramo de Sant Cugat

ANTONIA PEÑA

La asociación de vecinos de Can Vallhonrat y la Coordinadora Rubinenca d'Associacions de Veïns (CRAV) denunciaron ayer "la discriminación que el Ministerio de Fomento hace a Rubí con respecto a Sant Cugat en la instalación de pantallas acústicas en la A-7". La presidenta de la asociación de vecinos, Guadalupe Pérez, atribuyó la negativa a colocar las medidas reclamadas por el municipio "a una actitud personal" del responsable del Ministerio de Fomento en Catalunya, Vicenç Vilanova, "contra la alcaldesa de Rubí, Núria Buenaventura", de ICV.

PROTESTA SILENCIOSA

Un grupo de 40 personas, convocadas por ambas entidades, se concentraron ayer por la mañana frente a la delegación del Ministerio de Fomento en Barcelona y entregaron un texto con las reclamaciones y los argumentos que las sustentan. Según Pérez, el coste de las pantallas "es una menudencia frente al presupuesto millonario de la actual ampliación de la A-7". La casualidad quiso que Vilanova coincidiera con Pérez en la oficina y que aquel le dijera que "la alcaldesa se niega a dialogar y moviliza a los vecinos".

La avenida de la Electricitat, la entrada a Rubí desde la A-7, está cortada al tráfico desde el pasado día 10 para presionar a Fomento. La alcaldesa tomó la decisión después de que un conductor atropellara a cinco personas el día 7, durante una protesta vecinal. Pérez opinó que Vilanova "no está en condiciones de ocupar el cargo porque hace pagar a los vecinos una animadversión personal".

Tras una reunión urgente con los vecinos, la alcaldesa recordó que Rubí "siempre se ha ofrecido a colaborar con Fomento" y explicó que desde que se cortó la avenida "sólo se ha recibido un fax del ministerio manteniendo el proyecto", que no responde a las demandas de la sociedad civil. El plan es, según la alcaldesa y los vecinos, "insuficiente" porque prevé pantallas en 200 metros, no en un kilómetro como en Sant Cugat. Rubí espera la mediación de la Generalitat.

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