Rechazo total de varias asociaciones al Reglamento de Contaminación Acústica

GLORIA GAMITO

Un grupo de asociaciones vecinales y la entidad Juristas contra el Ruido entregó ayer en la Consejería de Medio Ambiente un escrito en contra del Reglamento de Contaminación Acústica que ha elaborado la Junta de Andalucía. Piden que se retire y que se haga uno nuevo con la participación de vecinos, médicos, abogados, psicólogos y la Policía. Tambien demandan que para la nueva redacción se espere a la publicación de la Ley Nacional sobre Contaminación Acústica para evitar contradicciones. Si no logran sus objetivos denunciarán al Gobierno autonómico ante la Unión Europea por incumplimiento del derecho comunitario.

Señalan que el Reglamento se ha elaborado sin la participación de los ciudadanos, obviando la obligación de la Administración de informar a los ciudadanos y el derecho de los administrados a conocer la tramitación y contenido de un texto legal. Emilia de la Serna, vocal de la asociación de vecinos Guadalquivir y Joaquín Herrera, vicepresidente de Juristas contra el Ruido, afirmaron que el nuevo Reglamento tiene otro espíritu y otros intereses que no son el Derecho Medioambiental Europeo. Así señalaron que ha sido redactado por una empresa de ingeniería acústica con claros intereses en el sector, por lo que está en entredicho, afirman, la imprescindible imparcialidad, base de cualquier normativa.

Indefensión de los ciudadanos

Aseguran que el Reglamento baja los niveles de protección contra el ruido, reduciendo los niveles de aislamiento acústico de 60 a 55 decibelios en los bares sin música y aumentando el exceso de decibelios necesarios para que un ruido sea considerado intolerable, de 6 a 9. Con la nueva normativa habrá menos ruidos intolerables porque la catalogación es menor.

Señalan que el Reglamento establece un sistema para el control de la contaminación que es caro, lento, ineficaz y complicado y que protege a los que contaminan, porque no establece la competencia de la Policía Local, ni medidas cautelares de aplicación inmediata como cierre o suspensión. Consideran que no hay medidas inmediatas para atajar una fuente ruidosa sino vías administrativas interminables. Denuncian también que todo se considera falta leve y que las sanciones son irrisorias, y sólo las habrá si se ha medido previamente, cuando en los casos de locales sin licencia o si ésta se infringe no hace falta medir para sancionar.

En el texto no se establece el cierre inmediato como medida cautelar ante la infracción ni la suspensión de la tramitación de una licencia para el local que abra sin ella. Denuncian, asimismo, que los aparatos de medición obligatorios son caros y complejos, propios para un laboratorio y no para la calle. Señalan que en el Reglamento se consagra la indefensión de los ciudadanos frente al ruido eximiendo a los ayuntamientos de la obligación de inspeccionar ante las denuncias reiteradas de los vecinos, y se transfieren potestades de los ayuntamientos a las «entidades colaboradoras» de ingeniería acústica, que se encargarán de realizar las mediciones que sean necesarias previo pago de los interesados. Denuncian que si el Ayuntamiento no tiene los medios para inspeccionar, actuarán las entidades colaboradoras, con lo que se privatiza y se pierde la función pública de medición de ruidos. También los empresarios contarán así con sus propias pruebas que les facilitarán estas entidades colaboradoras. Y a los vecinos les resultará muy caro el plantear sus denuncias.

El escrito presentado a la consejera se ha enviado también al Defensor del Pueblo Andaluz y a la Delegación del Gobierno.

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