Juicio a la noche

Irse de copas por la noche en Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en casi una odisea. Ya no tanto porque el Ayuntamiento haya decidido en serio hacer una cruzada contra el ruido que lleva décadas sin dejar dormir a los vecinos, haciendo valer un derecho que vale lo mismo que el de disfrutar del ocio nocturno, sino porque las costumbres de los ciudadanos mayoritariamente jóvenes están cambiando por unilateral decisión municipal. Así al menos lo plantean colectivos juveniles, empresarios y fuerzas políticas. El hecho es que desde que el gobierno del PP decidió, nada más reeditar la mayoría absoluta en 1999, acabar con los excesos de decibelios a base de bloques de cemento, primero, y de clausuras y precintos, después, se ha generado una fuerte controversia que envuelve a propietarios de bares, pubs y discotecas, a los residentes, a los usuarios y a la propia Corporación en una especie de juicio sumarísimo al que también se suman algunos de los candidatos a suceder a José Manuel Soria en la Alcaldía el 25 de mayo.

El debate sobre el derecho al descanso en contraposición al ruido que genera la gente que sale de copas por las noches, está claro, se abrió en el otoño de 1999, cuando la actual mayoría de gobierno municipal tenía apenas seis meses. La operación bloque fue una batida policial que consistía en poner ladrillos y cemento en las puertas de los establecimientos que el Ayuntamiento consideraba ruidosos, una quincena, atendiendo a unas quejas vecinales que no resultaban nuevas. A partir de aquel momento, y más cuando la Concejalía de Gobernación que dirige Cristina Reyes impuso el cumplimiento de los horarios de cierre, centenares de personas que viven en Santa Catalina, el distrito más afectado por la movida nocturna, se dieron cuenta de que la prevalencia de su derecho era al fin posible.

Pero probablemente la imposición de horarios, que obligaba a cerrar los bares a las dos de la madrugada (a las tres los fines de semana), y las discotecas a las cuatro y las cinco, ha traído como consecuencia un efecto contrario: la mayoría de clientes sale en tropel cuando llega el momento de apagar la música y las luces. “¿Usted se imagina lo que es escuchar a un montón de gente en la calle gritando y yendo de un lado para otro, caminando o buscando taxis»”, cuestionaba hace tres meses Amparo Colomer, presidenta de la comunidad de propietarios del edificio que ganó al Ayuntamiento el pleito por los mogollones del carnaval.

Esa circunstancia ha podido influir en otras medidas arbitradas por el Ayuntamiento para cerrar bares a pesar de que cumplían con los mínimos de decibelios que marcan las ordenanzas. Fue el caso, por ejemplo, de la discoteca Paraninfo, clausurada hace dos semanas por supuesta tolerancia en el consumo de drogas y la presencia en el local de un menor de edad, según consta en la denuncia policial.

En realidad, como relataron a este periódico tres vecinos que sufren las consecuencias de que ese local siga abierto (un juez levantó la clausura cinco días después), los ruidos no han cesado en la calle Nicolás Estévanez como consecuencia de los jóvenes que se apiñan en la puerta, los gritos o las peleas, que de todo hay. “Pero el empresario no es responsable de lo que ocurra en la calle, porque es un problema de orden público”, advierte el propietario del establecimiento. Otro ejemplo del celo policial con los bares del puerto es el de un establecimiento de la calle Joaquín Costa, que el mismo día en que su dueño pagó una multa de 6.000 euros al Ayuntamiento por excederse en los límites legales de los decibelios sufrió otra denuncia de una pareja de guardias urbanos porque, dijeron, habían desprecintado sin avisar el equipo de música. Casualidad o no, es algo que no ocurre normalmente.

Pero los vecinos se siguen quejando y no les faltan razones. Frases como “llevo seis años viviendo aquí [en la calle Nicolás Estévanez] y no puedo dormir”, o “me da igual que se droguen, que se emborrachen y que se peleen, pero que se vayan de aquí” muestran el grado de desquicie que sufren estas personas. Pero el caso es que decisiones como cerrar un local por consumo de estupefacientes en el interior (dos personas fumando un porro, según reconocieron a este periódico fuentes de la Policía Local) o tapiarlos a base de ladrillos y cemento se han encontrado sistemáticamente con la oposición judicial. La inmensa mayoría de los casos han sido perdidos por el Ayuntamiento, probando por lo tanto la ineficacia de la medida por una simple cuestión legal.

Del bar a la terraza

Sea como sea, y aunque el Ayuntamiento persista en su intención de seguir cerrando negocios que no respeten las ordenanzas municipales, el derecho al descanso se topa de bruces con otro derecho, el de divertirse y vivir la noche. “Nos están cambiando las costumbres”, denuncia Ricardo Cabrera, miembro del Sindicato de Estudiantes Canarios (SEC), para quien el gobierno municipal “ha cambiado el ambiente nocturno de toda la vida, con posibilidades para todos, por un tipo de locales para gente con dinero y bien vestida que puede pagar ocho euros por una copa”.

Más radical en ese pensamiento por su condición de afiliado a Juventudes Socialistas es Miguel Montero, miembro de la Asociación Sindical de Estudiantes Progresistas (ASEP). “Soria tiene una estrategia bien definida, que es cargarse todos los sitios de marcha que no sean los de sus amigos empresarios, donde van él, su gente y los de Nuevas Generaciones [del PP]”. Este dirigente estudiantil asegura que el partido en el que milita trabaja en un documento denominado Pacto por el Ocio en el que se apuntan alternativas de divertimento nocturno sano, tipo cine y teatro, a precios asequibles.

Montero se refiere a las terrazas de copas que, al contrario que muchos establecimientos del puerto, permanecen indemnes a cualquier intento de agresión externa, policial o administrativa si viene del Ayuntamiento. Y lo mismo ocurrirá con la nueva que se abrirá en el aún no nato centro de ocio El Muelle. Todo ello a pesar de que una de ellas, situada precisamente en las inmediaciones del Ayuntamiento, causa molestias a vecinos de las viviendas cercanas. Este periódico conoce los casos de al menos tres residentes que aseguran escuchar los fines de semana el clásico tumulto del gentío que habla más alto de la cuenta y hasta el ruido de vasos al estrellarse contra el suelo. Eso sí, por allí la Policía Local no aparece.

“Si yo fuera el alcalde...”

El debate ocio nocturno–descanso ha alcanzado tales grados de trascendencia que las formaciones políticas que concurrirán a las elecciones locales del 25 de mayo trabajan en alternativas para conjugar ambos derechos. Este periódico pidió la opinión a los tres cabezas de lista que ya se han declarado candidatos a la Alcaldía: Josefa Luzardo (PP), Arcadio Díaz Tejera (PSC-PSOE) y María Bernarda Barrios (Red Compromiso por Las Palmas de Gran Canaria). De ellos, sólo la aspirante popular renunció pronunciarse.

Díaz Tejera, en cambio, propone alternativas casi radicalmente contrarias a las conocidas desde 1999. “Los empresarios del ocio, la pequeña empresa, necesita un marco cordial que ahora no hay”, dice. El candidato socialista denuncia que “el grupo de gobierno del Ayuntamiento está matando al pequeño y mediano empresario y hacen falta medidas que conjuguen los dos derechos, el del descanso de los vecinos y el de las personas a disfrutar”. Para el aspirante del PSC-PSOE, “la noche está hecha para disfrutarla, para vivirla, como ha sido siempre en Las Palmas de Gran Canaria y ahora no ocurre, ahora es gris y triste”. Arcadio Díaz Tejera, si fuera alcalde, sentaría a empresarios, vecinos y usuarios en la misma mesa para buscar soluciones “en un marco de diálogo que ahora no existe”, pero también alentaría a la Policía Local para que fuera “pedagógica, no represiva. La represión sólo puede usarse cuando se han agotado todos los recursos, nunca antes”, argumenta.

María Bernarda Barrios coincide con Díaz Tejera en la necesidad de recuperar “la ciudad alegre y divertida que siempre fue”, para lo que propone “la declaración de Las Palmas de Gran Canaria como zona turística y un plan con los pequeños y medianos empresarios de Las Canteras, desde La Puntilla a Santa Catalina, para regenerar la zona de ocio, pero contando también con vecinos y usuarios” de los bares. La representante de la Red no olvida la seguridad. “Los problemas de orden público se arreglan con presencia efectiva de la policía, con parejas de guardias que pasen con frecuencias cortas, de media hora, por el mismo sitio”, plantea.

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