La ley del silencio ya tiene precio

La futura normativa sobre el ruido arma legal para que 28 millones de españoles luchen contra los excesos que sufren

Antonio Corbillón

Una afirmación, gestada a principios de los años noventa, asegura que España es el segundo país más ruidoso del mundo tras Japón. Una frase que, aunque se ha repetido mil veces, nadie ha demostrado que sea cierta. «Resulta curioso, y muy extraño, que se aventuren cifras de contaminación acústica para ciudades o para países, cuando no hay detrás una medición precisa y rigurosa que lo justifique o avale», acusan Benjamín García y Francisco Javier Garrido, autores de 'La contaminación acústica en nuestras ciudades', para el Servicio de Estudios de La Caixa. «España sería el primero (más ruidoso) si se tuviera en cuenta el bullicio nocturno de muchas ciudades», sentencia el presidente de la Federación de Plataformas contra el Ruido, Ignacio Sáenz de Cosculluela.

En todo caso, todo el mundo sospecha que, cuando haya una lista 'objetiva', España ocupará plaza en este poco plausible 'medallero'. Si la España estentórea, en la que muchos cascos históricos se han convertido en 'histéricos' (al menos para sus sufridos e impotentes vecinos) es o no una gran fábrica de decibelios, sólo se sabrá cuando se aplique de verdad el proyecto de Ley de Ruidos, que acaba de aprobar el Consejo de Ministros.

Ruidosos vocacionales

La escasa conciencia pública y privada y la impotencia y casi nulo eco hacia quienes han tratado de exigir que se cumplan las normas (que, por cierto, ya había desde 35 años) han convertido las demandas por ruidos en un trámite de mínimo valor. ¿Quién no conoce, ha sufrido o tenido cerca un caso en el que un local genera todo el ruido del mundo durante años sin mayores contratiempos para sus dueños? Parte de la respuesta la comparte toda la sociedad. Según la última encuesta del CIS, España es, con mucho, el país de Europa al que menos le preocupa la contaminación sonora. Entre los aspectos medioambientales, ocupa el último lugar por detrás de la suciedad de las calles y a larga distancia de los incendios forestales y la contaminación.

El nuevo texto contempla mapas de ruidos con carácter prioritario (en todo caso con plazo hasta junio de 2007) en las capitales mayores de 250.000 habitantes, una mayor presencia y medios de las 'policías ambientales' de los municipios, y multas a los infractores que pueden llegar hasta los 300.000 euros o clausuras de cinco años de los locales implicados.

Para unos, un paso adelante, para otros, va por detrás de la demanda real y de actitudes más beligerantes como las de los jueces que ya firman penas de cárcel por delito medioambiental. En todo caso, deberá ir acompañada de otras medidas. Un informe de la organización de consumidores OCU demostró que un 60% de las casas incumple las normas de aislamiento acústico. ¿Cómo criticar al vecino porque habla alto? El próximo miércoles, el Día de la Concienciación Mundial contra el Ruido, tratará de abrir más el debate para establecer la responsabilidad de cada cual.

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