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Málaga, 27/03/2002
La movida
JUAN TEBA
LLegará un día, posiblemente más temprano que tarde, que ningún alcalde andaluz encontrará argumentos pretendidamente legalistas para seguir cultivando la pasividad acomodaticia ante el fenómeno de la llamada movida. Al contenido de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), semanas atrás, en la que el Alto Tribunal recriminaba al Ayuntamiento de Sevilla su nula capacidad de intervención ante los excesos acústicos y otros efectos negativos que provoca las movilizaciones de los jóvenes a lo largo de un fin de semana cada vez más amplio, se une ahora una nueva disposición (restrictiva) de la Junta sobre horarios de bares y derivados. Una pasividad de las autoridades municipales ante el ‘botellòn’ y sus frentes asociados que es hija directa de una manera ramplona e interesada de ejercer la política, tan extendida aquí que ya ha alcanzado la consideración de ‘cultura’ y que consiste en no adoptar medidas correctoras cuando se entiende que éstas pueden resultar antipopulares y, por tanto, nocivas de cara al apoyo popular vía urnas electorales.Pero no es únicamente entre unos representantes políticos progresivamente más mediatizados por una percepción brucratizante y utilitarista del cargo electo. Porque no son pocos, igualmente, entre las clases profesionales de mediana edad y opinantes en tertulias mediàticas que siente vértigo de verter la más mínima crítica a los excesos de la movida y las movilizaciones masivas de jóvenes urbanos ante la posibilidad de ser tachados reaccionarios y carrozones.
Señala el consejero de Gobernación, Alfonso Perales, al comentar esta nueva disposiciòn del Ejecutivo andaluz, que «hay comunidades que tienen normas muy restrictivas que luego no se llevan a la práctica». No es necesario que el consejero mire al exterior. En cuanto a materia de ruidos en la vía pública, las ordenanzas municipales lo tienen todo previsto. ¿Y qué?
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