Los vecinos exigen multas para reducir las 20 toneladas de basura que genera el 'botellón'

JUAN AREA

Hay tan poca educación como falta de papeleras. La plaza de la Merced continúa transfigurándose en un vertedero incontrolado cada fin de semana pese a los esfuerzos del Ayuntamiento y las constantes denuncias de los vecinos del casco histórico. «Es necesario que quien ensucie, pague», sentencia el presidente de la asociación del Centro Antiguo, Antonio Campos, harto de soportar el hedor de los detritus y los orines de los bebedores callejeros. Por eso, estos vecinos solicitan al consistorio malagueño que ponga en vigor una normativa que sancione económicamente a aquellas personas a las que se sorprenda deshaciéndose de basura en la vía pública.

«Existe una terrible falta de educación y conciencia pública. Los que ensuciamos somos todos nosotros», sostiene Antonio Campos. De este modo, el colectivo de vecinos mantiene que la norma tendría que incluir como infractores a aquellos malagueños que depositen sus detritus en los contenedores por la mañana, y a los dueños de perros que olviden recoger las deposiciones de los canes.

Por la parte que les toca en este asunto, el area de Medio Ambiente del Ayuntamiento, admite, en boca de su concejala, Carolina España, que pese a que los doce urinarios móviles que se instalan durante las noches de movida, «algo están haciendo», no se ha conseguido reducir los 20.000 kilos de basura que recogen los 41 operarios de limpieza acompañados de sus 18 máquinas cada fin de semana.

Además, el gasto de estos servicios de adecentamiento de la plaza de la Merced y sus alrededores, donde, como es sabido, se concentran regularmente miles de personas con sus miles de botellas, vasos de plástico y tetrabricks, suponen un desembolso anual de 800.000 euros, (unos 133 millones de pesetas), de las arcas del Gobierno municipal.

¿Más papeleras?

Sin embargo, son muchos los que dudan de la conveniencia de instalar más contenedores. «Podría fomentar el efecto inverso al que buscamos, es decir, que venga más gente a beber a esta zona», explica Antonio Campos. «Apenas las usan. Y menos cuando van borrachos», dice un comerciante de la vecindad. El Ayuntamiento por su parte, no tiene previsto aumentar el número de papeleras en este área.

Este mismo debate surge con los urinarios móviles. «La gente sigue meando en la calle. Es inútil poner esos baños. Lo único que sirve es poner un guardia detrás que los vigile», atestigua un comerciante.

Toda esta polémica situación se sigue reproduciendo de forma regular casi dos meses de que el ministro del Interior, Mariano Rajoy, anunciara a bombo y platillo en un congreso sobre ‘Jóvenes, noche y alcohol’ las nuevas leyes que preparaba al Ejecutivo ‘popular’ para prohibir el consumo de esta substancia en la calle.

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga se sumaron a las restricciones que anunció el Gobierno central. El consejero de Asuntos Sociales de la Junta, Isaías Pérez Saldaña proclamó que a partir de abril sólo bares y restaurantes podrán vender alcohol desde las 10 de la noche.

El concejal de Juventud y Deportes, Javier Berlanga del consistorio malagueño, por su parte, quiere multar a los propietarios de tiendas de ultramarinos y bares, que expendan bebidas alcohólicas a sabiendas de que éstas van a ser consumidas en la calle. En tanto, Antonio Campos, en representación de los vecinos del centro, cree insuficientes las medidas anunciadas por la Junta de Andalucía, que ha reiterado que la prohibición del consumo de alcohol en la vía pública «no es la solución». Por lo que desde su asociación están preparando futuras manifestaciones contra el Gobierno andaluz y su «ambigüedad y falta de proyectos contra este asunto que nos afecta a todos».

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