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Jaén, 28/2/2001

Unas ordenanzas de lo más variado

El País | Sevilla
Las ordenanzas municipales de las ocho capitales andaluzas divergen notablemente al cifrar las multas por exceso de ruido de los ciclomotores y motocicletas. Las más benévolas son Córdoba y Sevilla, donde la sanción por circular superando los valores de ruido considerados como razonables nunca sobrepasan las 10.000 pesetas.

En Málaga, la multa asciende a 15.000 pesetas, aunque varían los decibelios permitidos según se trate de ciclomotores -se multa a partir de 78 decibelios- o motocicletas -se permiten hasta 80 decibelios para las motos de menos de 125 cc y 86 decibelios para las de mayor cilindrada-.

En Cádiz, el importe de la sanción depende de si la infracción es considerada leve, en cuyo caso sería de entre 10.000 y 25.000 pesetas; grave, de 20.000 a 50.000 pesetas; o muy grave, entre 40.000 y 75.000 pesetas. Esta misma distinción se hace también en Almería, aunque aquí las faltas leves se castigan con 15.000 pesetas, las graves con 50.000 y las muy graves con 100.000 pesetas.

El Ayuntamiento de Granada cuenta con una ordenanza que le permite imponer multas de hasta 50.000 pesetas a las motocicletas que emitan ruidos 'intolerables'. La manipulación o ausencia del tubo de escape se penaliza con 15.000 pesetas, la misma sanción que reciben las motos que superan en seis decibelios los límites sonoros establecidos para cada cilindrada. Si el ruido se emite por la noche la penalización aumenta hasta las 50.000 pesetas.

Una de las ordenanzas teóricamente más duras es la de Huelva, que prevé multas de hasta un millón y medio de pesetas para las motos que superen los nivelespermitidos. Sin embargo, esta sanción nunca se ha aplicado porque el Ayuntamiento inmoviliza el vehículo hasta que se eliminan los elementos que potencian el ruido.

Los excesos de ruidos se sancionarán en Jaén con multas de entre uno y 25 millones de pesetas

GINÉS DONAIRE | Jaén
El Ayuntamiento de Jaén 'reprimirá' los 'comportamientos incívicos' con el endurecimiento de la normativa municipal sobre contaminación acústica que el concejal de Tráfico y Transportes, Manuel Peragón, llevará al próximo pleno. Las nuevas ordenanzas prevén multas de entre uno y 25 millones de pesetas, según la gravedad de la infracción. La medida afectará especialmente a los 10.000 ciclomotores y motocicletas matriculados en la capital. Peragón ha justificado la nueva norma en la preocupación por la 'tranquilidad y el descanso de los ciudadanos antes que cualquier otro aspecto'.

La normativa elaborada por el gobierno municipal del PP establece tres tipos de infracciones: leves, graves y muy graves. Entre éstas últimas, que estarán expuestas a multas de hasta 25 millones de pesetas, figuran la circulación de vehículos de motor y ciclomotores con el tubo de escape libre, sin el preceptivo dispositivo silenciador o bien que éste no sea homologado o expulse los gases a través de los tubos resonadores, así como superar en más de 6 decibelios los niveles acústicos tolerables (el tope máximo se fija en 78 decibelios).

Como infracciones administrativas graves -con multas de entre uno y 10 millones- se califican, entre otras, superar en más de 3 decibelios los niveles de emisión sonora, el incumplimiento de las condiciones de aislamiento acústico o vibratorio en pubs, discotecas y otros establecimientos autorizados a poner música o la manipulación de los aparatos limitadores de sonido.

Por último, en las infracciones leves -con multas de hasta un millón de pesetas- estarán sancionadas 'los comportamientos incívicos' de los vecinos: cuando desde las viviendas transmitan excesos de ruido, trascienda al exterior el volumen acústico de los equipos de música de los vehículos, se dejen abiertas las puertas de los locales musicales para captar clientes o se permita que perros u otros animales perturben el descanso de los vecinos entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana.

En el caso de las motocicletas que rebasen el nivel sonoro permitido, no sólo se inmovilizarán sino que serán trasladadas por la grúa municipal a las dependencias municipales donde permanecerán hasta que su titular acredite que ha solucionado el problema. Además, deberá hacer frente a la sanción de tráfico y a la tasa de la grúa, algo que hasta ahora tampoco sucedía.

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