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Granada, 13/12/2001
Contra las tres administraciones
El Defensor del Pueblo admite una queja vecinal por la contaminación acústica
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha aceptado a trámite la queja planteada por colectivos vecinales de Granada contra las tres administraciones sobre los altos niveles de contaminación acústica que se registran en Granada, especialmente en las zonas denominadas de la “movida” y por el “petardeo” de las motos, según declaró a Granada Digital Francisco Morales, presidente de “Granada contra el ruido”, uno de los colectivos implicados junto a la asociación del Bajo Albaicín y a una agrupación de ciudadanos afectados por las molestias de los locales nocturnos.En palabras de Morales, 'La queja fue presentada en Madrid el 5 de Octubre pasado por Granada contra el Ruido, la Asociación de Vecinos del Bajo Albayzín y la Agrupación de Vecinos afectados por la Movida y está dirigida contra el Ayuntamiento de Granada, el Subdelegado del Gobierno en Granada y la Junta de Andalucía. El Defensor del Pueblo acaba de admitirla a trámite y ha pedido información a las tres administraciones indicadas.El objeto de la queja es la contaminación acústica y la inacción de las autoridades para corregirla, de la que se deriva, según los vecinos una constante y prolongada vulneración de sus derechos fundamentales'.
Múgica ha reclamado información sobre la situación acústica de la ciudad a la Subdelegación del Gobierno, Junta y Ayuntamiento y que, según Morales, supera en una media de quince decibelios el límite legal permitido. Las asociaciones denunciantes consideran en su queja que la “movida” es un problema de “orden público” que compete al Ministerio del Interior, critican que la Junta no “haya respondido” a la solicitud de regular el consumo de alcohol en la vía pública –como ocurre en media docena de comunidades autónomas- y entienden que el ayuntamiento tiene la responsabilidad de frenar los fuerte índices de ruidos generados en la capital. Los vecinos han mostrado su satisfacción por la actitud adoptada por el Defensor del Pueblo y esperan que las administraciones reaccionen a raíz de lo ocurrido.
Por Manuel Oña
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