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Tudela, 28/04/2001

El exceso de ruido en los bares podrá sancionarse hasta con medio millón

El pleno aprobó ayer la nueva normativa que regula también los niveles de ruido de motos y ciclomotores
ALBERTO GIL - Tudela
Los establecimientos abiertos al público que superen en su nivel de ruido nocturno los 55 decibelios podrán ser sancionados por el Ayuntamiento al contravenir la nueva ordenanza de protección contra la emisión de ruido y vibraciones que fue ayer aprobada por el pleno del ayuntamiento. Si la emisión superara en 4 o más decibelios este límite se consideraría una falta grave, pero si la falta fuera reiterada, es decir, que un segundo control determina iguales niveles, la sanción podría llegar hasta el medio millón de pesetas.

Así se desprende de la normativa ayer aprobada que, además de regular el nivel de ruido en bares y locales comerciales, establece los límites permitidos (y las posibles sanciones) en todo tipo de establecimientos, en trabajos de construcción y en vehículos (incluidos ciclomotores). La normativa establece dos niveles diferentes por cada actividad según se desarrolle ésta en horario diurno (8-22 horas) o nocturno (22-8 horas). Los locales comerciales (en los que se incluyen bares y discotecas) tendrán una limitación de 65 decibelios de día y 55 de noche mientras, por ejemplo los actos religiosos, deberán limitarse a 55 decibelios en horario diurno y 45 en nocturno.

La ordenanza limita también el ruido en el interior de las casas que no podrá superar los 35 decibelios en dormitorios o los 41 en oficinas. Éstas son algunas de las muchas cifras que aporta esta normativa que prevé sanciones para todos aquellos que superen los límites. En este sentido, sobrepasar de 1 a 3 decibelios el límite (sanción leve) implicará, una primera vez, el pago de multas de 3000 a 5.000 pesetas, mientras si se supera por segunda vez la sanción será de 6.000 a 8.000. Con dos decibelios la primera multa será de 4.000 a 6.000 y la segunda de 8 a 10.000 pesetas.

La comisión de una infracción por tercera vez en seis meses se considerará reiteración y, por tanto falta grave. Este tipo de faltas podrán ser sancionadas con suspensión temporal o clausura definitiva de las instalaciones causantes del ruido e implicarán multas que van de las 15.000 pesetas a las 175.000. Si hay reiteración será falta muy grave lo que implicaría la clausura definitiva de los locales o una multa de hasta medio millón.

La ordenanza aprobada ayer por unanimidad regula también el ruido producido por los vehículos, haciendo especial hincapié en motos y ciclomotores. En este aspecto los límites quedan fijados en 96 decibelios para las motos de 80 cc; 98 para las de hasta 175 cc y 101 para las de mayor cilindrada. Sobrepasar entre 1 y 4 decibelios estas cifras implicará multas de 5.000 a 7.500 pesetas (falta leve). Las graves podrán ser sancionadas con inmovilización del vehículo y multas de entre 15.000 y 40.000 pesetas. Las muy graves implicarán la inmovilización y el pago de sanciones hasta de 60.000 pesetas.

Estos niveles serán revisados a la baja de forma anual hasta equipararlos a los establecidos en la Carta Verde Europea (20 decibelios menos). La ordenanza estipula que será la Policía Municipal la encargada de medir los niveles de ruido y de imponer las respectivas sanciones. En el caso de las motos los agentes medirán los niveles de ruido en unas instalaciones especiales donde tendrá que ser trasladado el vehículo. De no acceder su dueño, se interpretará que existe anomalía y tramitará la sanción.

La nueva ordenanza fue aprobada con el respaldo de todos los grupos políticos. No obstante IU, pese a declararla como técnicamente correcta la tachó como "excesivamente permisiva" en cuanto a los niveles de las motos. Batzarre lamentó que no fuera una normativa global y que no incluyera sanciones para quienes emiten otro tipo de ruidos, nombrando el caso de los aviones que bombardean en Bardenas. Los socialistas se sumaron a las críticas de Batzarre y pidieron que se estipulen controles mensuales para determinar las principales fuentes de emisión. UPN aceptó las propuestas y se felicitó por el respaldo recibido.

Antes de entrar en funcionamientom, la ordenanza será objeto de exposición pública durante un mes. Ignacio Pérez Garde, titular de Industria, aseguró que su intención no es sancionadora y que su puesta en marcha irá precedida de sendas campañas de sensibilización entre la población.

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