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Granada, 19/04/2001

Prohibida la venta de alcohol en horas nocturnas en tiendas y gasolineras.

El Parlamento andaluz modifica la Ley para poner barreras a 'los botellones'.

Isabel Morillo • Sevilla
Los diputados andaluces aprobaron ayer por unanimidad la modificación de la Ley de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas con la que se pretende poner freno a la alta incidencia de consumo de alcohol entre los jóvenes, así como implicar a los Ayuntamientos de manera más directa en el control de las polémicas «botellonas». A partir de la entrada en vigor de los nuevos artículos, tan sólo los bares y establecimientos autorizados en los que esté permitido el consumo de alcohol podrán venderlo una vez que lleguen las diez de la noche.

Medidas a tomar

Multas hasta 100 millones:
Con la ampliación de la norma los ayuntamientos podrán imponer multas de 2,5 a los 100 millones de pesetas a los establecimientos que incumplan les reglas. Incluso si un establecimiento acumula sanciones puede ordenar su suspensión.
Impuesto para vendedores:
El consejero de asuntos sociales, Isaías Pérez Saldaña, solicitará el establecimiento de un impuesto especial que grave a quienes quieran vender alcohol de más de 20º, para igualar España a otros países Europeos.
Los andaluces podrán obligar a su corporación a consultarles sobre cualquier asunto de competencia local, salvo las contrarias a la ley, que reduzcan la facultad de decisión de los órganos y las materias de hacienda, según la Ley de Regulación de Consultas Populares aprobada ayer por el Parlamento.

La ley, que cuenta con 27 artículos y fue aprobada por unanimidad, da cumplimiento al principio del artículo 9,2 de la Constitución y al 12,1 del Estatuto de Autonomía, en el sentido de facilitar la participación de los ciudadanos en la vida política en los asuntos de competencia municipal y de carácter local. El comienzo del procedimiento puede efectuarse por la propia corporación municipal, mediante mayoría simple a propuesta de un partido o de un grupo de vecinos, cuyo porcentaje dependerá del número de habitantes, y si el procedimiento es vecinal. éstos deberán designar a un representante. En municipios de hasta 5.000 habitantes se necesitaría la firma del 10 por ciento de los mismos; en los de hasta 50.000 habitantes, el número de firmas será de 500 más el siete por ciento de los habitantes que excedan de 5.000; en los municipios de entre 50.000 y 100.000, 3.650 más del 5 por ciento de los que excedan de 50.000 mientras que los de más de 100.000, se necesitarán 6.150 firmas más el 3 por ciento de los que excedan de 100.000. Se recoge en dicha norma que la consulta popular no podrá ser convocada en el periodo que media entre la convocatoria y la celebración de elecciones generales, autonómicas, locales, europeas, o de un referéndum cuando afecten al territorio de la consulta.

El consejero de Gobernación, Alfonso Perales, definió la ley como una norma que «engrandecerá» a los que la pongan en marcha en los ayuntamientos, y destacó, además del consenso logrado entre los grupos, que la aportación de los agentes sociales ha propiciado «una ley mejor» que la aprobada por el Consejo de Gobierno. Todos los grupos de la Cámara autonómica coincidieron en la necesidad de endurecer la ley de drogas aprobada en 1997. «Un avance importante en la regulación de la normativa», según afirma el texto de la proposición que insta a la modificación de la norma, y que pretende conseguir «un cambio de hábitos» entre los consumidores de alcohol, especialmente en la juventud. Con esta intención se extiende la prohibición de vender, distribuir o suministrar alcohol en horario nocturno a las tiendas, a los quioscos de carácter ambulante, que con frecuencia hacen su agosto en las zonas de movida y a las gasolineras.

Los 'telebotellones'.
De igual modo se prohíben los «telebotellones», un negocio de venta a distancia y a través del teléfono que facilitaban en gran medida la compra de alcohol por parte de los jóvenes y su consumo en la vía pública. De este modo tan sólo los bares o restaurantes en los que esté permitido su consumo, podrán vender alcohol una vez que el reloj marque las diez de la noche. La ampliación del artículo 26 de la ley, que recoge las nuevas prohibiciones, pone pues múltiples barreras al consumo de alcohol en la calle dificultando la venta de botellas, que en la mayoría de las ocasiones ya se vendía en «lotes» con refresco, hielo y vasos incluidos, todo dispuesto para convertir la vía pública en una improvisada barra al aire libre.

Los ayuntamientos.
En un intento de asestar otro golpe mortal al «botellón», la ley amplia igualmente la facultad de sancionar a los ayuntamientos, que a partir de ahora podrán controlar y multar de manera directa cualquier incumplimiento en materia de drogas. Una capacidad que antes estaba reservada a las delegaciones y la consejería de Asuntos Sociales, y que con la intención de poder establecer controles más ferreos y eficaces implica también a las administraciones municipales.

Los ayuntamientos andaluces adquieren pues potestad para sancionar a los establecimientos que incumplan la normativa, y además están libres para emitir ordenanzas municipales que prohíban el consumo de alcohol en lugares públicos. De igual modo el endurecimiento de la ley de drogas prohíbe a las universidades, centros sanitarios, dependencias de la administración pública e instalaciones deportivas, la venta y el consumo de bebidas alcohólicas «fuertes», superiores a 20 grados centesimales. Tampoco en las gasolineras o en las estaciones de servicios colindantes con carreteras, autopistas o autovías será posible adquirir alcohol de alta graduación.

Pacto por la noche
La puesta en marcha de estas nuevas medidas supone un paso adelante en el acuerdo institucional alcanzado en 1997 y que se denominó Pacto por la noche. Se trata de un acuerdo que nacía al amparo de las administraciones públicas, las organizaciones de jóvenes, vecinos y empresarios, con la intención de buscar soluciones a la costumbre juvenil de invadir la vía pública durante los fines de semana. Una cultura del botellón que al margen de los problemas de suciedad, ruidos y destrozo del mobiliario urbano que suele ocasionar, contra los que los vecinos de las zonas de movida de todos los pueblos andaluces claman sin descanso, ha conseguido también disparar los índices de consumo de alcohol entre los jóvenes y el descenso de la edad de inicio en la bebida.

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