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Zaragoza, 15/4/2000
El Justicia pide que Aragón legisle sobre el ruido y las vibraciones
J. J. VERON Zaragoza
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, llamó ayer la atención sobre la falta de legislación sobre la contaminación acústica en Aragón. García Vicente considera que el ruido es en la actualidad un problema de salud pública y señala que sólo 14 localidades aragonesas cuentan con normativa municipal específica sobre esta cuestión. No obstante, apenas ninguna hace cumplir las ordenanzas. El Justicia ha elaborado un informe especial que presentará próximamente en las Cortes.Pese a que ni España ni Europa tienen una normativa específica sobre el ruido, Aragón tienen las competencias sobre la materia y podría legislar al respecto. El Justicia de Aragón, que señala la concentración de discobares, el tráfico y la actividad industrial como principales emisores de ruido, considera que «es precisa y urgente una regulación específica de este problema, desarrollando mediante Ley el derecho constitucional que a los ciudadanos aragoneses corresponde a vivir sin sufrir agresiones sonoras». Esta norma, explica, debería tender a exigir «el silencio y la tranquilidad que corresponde a los ciudadanos».
Según propone el Justicia, la futura Ley sobre el ruido no sólo debería contemplar medidas preventivas y sanciones, sino también medidas cautelares que aseguren, con carácter prioritario y urgente, el derecho del ciudadano. Además, solicita que se unifiquen los sistemas de medición y que se incrementen las sanciones.
Los datos expuestos por el Justicia se basan en una encuesta realizada a los 50 ayuntamientos más importantes de Aragón y en el contenido de las 196 quejas sobre ruido que ha recibido la institución desde 1988. El Justicia sólo ha recibido respuesta de 40 de estos ayuntamientos, y sólo 14 tienen normativa municipal sobre esta materia. Además, 4 localidades han incluido algunos aspectos sobre el ruido en su Plan General de Ordenación Urbana.
El Justicia no sólo destaca la inexistencia de normativa, sino que revela la falta de amparo que reciben los ayuntamientos por parte del Gobierno de Aragón y de las diputaciones provinciales. En todo momento, García Vicente considera que no se respeta el derecho de los ciudadanos y que se atenta contra su salud.
En cualquier caso, y mientras se establece el marco legal necesario, el Justicia llama la atención sobre la falta de cumplimiento del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, que sería de aplicación en estos casos. Además, García Vicente explica que los ayuntamientos no siempre exigen a los diversos establecimientos la licencia municipal para su apertura y funcionamiento. El Justicia denuncia que tampoco se desarrollan procedimientos de participación ciudadana al respecto, no se realizan inspecciones periódicas ni existe coordinación entre los distintos agentes implicados.
«Es necesario un mayor rigor, celeridad y eficacia en la tramitación, resolución y ejecución de las denuncias de los ciudadanos y el régimen sancionador aplicable, así como la adopción de medidas cautelares, ordenándose el cese de la actividad ocasionadora de los ruidos excesivos de forma inmediata y cautelar cuando se desarrolle sin la preceptiva licencia municipal o sin ajustarse a sus determinaciones», señala el Justicia con contundencia.
Para todo ello, García Vicente considera que los principales ayuntamientos deben dotarse de los recursos técnicos y humanos necesarios. Además, reclama el apoyo del Gobierno de Aragón y de las diputaciones provinciales a las localidades más pequeñas.
El Justicia propone la creación de equipos específicos de estudio y lucha contra el ruido y las vibraciones. Equipos que también realizarían una función informativa.
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