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Barcelona, 10/4/2000

Las asociaciones de víctimas del ruido se agrupan y piden una ley que las ampare

La nueva federación de entidades explora la vía penal contra los ayuntamientos que no actúan contra la contaminación acústica

ANTONIO CERRILLO
BARCELONA. - Las asociaciones de víctimas de los ruidos han decidido federarse en España. Se unen para denunciar el incumplimiento y la insuficiencia de las normativas sobre contaminación acústica en nuestro país, el desamparo en que se encuentran los afectados por el problema y la inacción con que, según ellos, actúa la mayoría de los ayuntamientos, a quienes compete básicamente esta cuestión. Más de 30 entidades de todo el país acaban de constituir la Federación Española de Asociaciones contra el Ruido y las Actividades Molestas. Una de sus primeras demandas es la aprobación de una ley general sobre contaminación acústica, una promesa incumplida hasta ahora por el Gobierno. (El próximo miércoles, 12 de abril, se celebra el día internacional contra el Ruido.)

Sus víctimas quieren que se asuma que los ruidos producen mucho más que simples "molestias" y que sus demandas no son manías de gente más o menos irascible. A los efectos que ocasiona en la salud (estrés, irritabilidad, daños auditivos) se une la multiplicación de conflictos vecinales (ruidos de coches, "movidas" y bares nocturnos), todo lo cual demuestra que la legislación es insuficiente. Francisco Morales, secretario de esta federación de asociaciones, argumenta que la solución debe ser abordada considerando que el ruido es una agresión personal, una violación del domicilio y una invasión de la intimidad, como se ha sentenciado judicialmente. "La Guardia Urbana debería poner las multas por ruido con la misma inmediatez con que pone las de tráfico", sentencia Leonor Lozano, portavoz de la Associació Catalana contra la Contaminació Acústica (Accca).

La legislación es tecnocrática e inútil, dicen los interlocutores. Las denuncias a las policías municipales se suceden en las grandes ciudades, pero generan gran frustración pues rara vez dan frutos. Es la queja mayoritaria. Siempre cuesta demostrar que se rebasan los límites permitidos y, cuando llega el funcionario con su sonómetro, a veces ya reina un silencio cómplice. Las normativas regulan hasta la saciedad cómo medir el ruido. Pero resulta que los funcionarios que lo deben medir sólo trabajan de día cuando el conflicto se da, sobre todo, de noche.

Uno de los objetivos de la federación es explorar "la posibilidad de recurrir a la vía penal contra las administraciones que no controlan los ruidos", explica Morales. La asociación Granada contra el Ruido presentó el año pasado una denuncia ante el Tribunal Superior de Andalucía contra el Consistorio granadino por no hacer nada contra las motos ruidosas, y el colectivo de vecinos del Puig de Sant Pere en Palma de Mallorca llevó al Ayuntamiento mallorquín a los jueces para pedir el adelanto del cierre de bares en el ruidoso barrio de Sa Llotja.

Denuncia en Barcelona
La Accca ha presentado un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la ordenanza general de medio ambiente aprobada el pasado año por el Ayuntamiento de Barcelona, por juzgar que es muy permisiva con los ruidos. Leonor Lozano, su portavoz, argumenta que la referida ordenanza deja extensas zonas de la ciudad como "territorios sin ley", sin límite de ruidos. Además, no fija los límites de ruido para las sirenas de los vehículos de urgencia durante el día.

También se trata de un serio problema de salud. La población que está expuesta a un nivel de ruido por encima de los 65 decibelios tiene un riesgo un 20% mayor de sufrir ataques cardiacos que el resto de los ciudadanos, ha advertido la Agencia Alemana de Medio Ambiente. El dato tiene su relevancia, puesto que el porcentaje de población europea expuesta a niveles de ruido por encima de los 65 decibelios (el listón máximo recomendable por la OMS) es del 26% (datos de 1990), según recuerda Isabel López Barrios, investigadora del CSIC.

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