A la opinión pública

Los ciudadanos de los países con cierto nivel de desarrollo vivimos inmersos en un mundo lleno de ruidos, que parecen ya inseparables de nuestra vida cotidiana. El problema es hasta cierto punto universal aunque hay notables diferencias de grado entre unos países y otros. El nuestro, por ejemplo, es el segundo más ruidoso del mundo, sólo superado por el Japón.

Se considera comúnmente el ruido como una "molestia", a veces como una grave molestia. Pero es mucho más que eso: a partir de determinados niveles puede constituir una seria amenaza a la salud, un freno al desarrollo económico y social, y una vulneración de los derechos fundamentales de la persona.

Los perjuicios de la contaminación acústica para la salud van, según estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos, desde la pérdida progresiva de audición hasta alteraciones de la presión arterial, del ritmo cardíaco y de los niveles de segregación endocrina. Ello a su vez se traduce en incrementos de hasta el 20% en la probabilidad de sufrir infartos y en estados, con frecuencia crónicos, de estrés e irritabilidad que afectan negativamente a la capacidad de concentración y aprendizaje, a las relaciones interpersonales, a la productividad, a la siniestralidad laboral y a los accidentes de tráfico.

Algunas de las fuentes más comunes de ruido (tráfico, aviones, aparatos musicales, obras y su maquinaria, etc.) se asocian con el progreso tecnológico. Otras, como las nocturnas concentraciones de ocio, con tendencias sociológicas pretendidamente inevitables. Se llega entonces a la falsa conclusión de que el ruido es un precio a pagar por el desarrollo.

Y nada hay más lejos de la realidad: en general, cuanto más desarrollado está un país, menos ruidoso es: el porcentaje de la población que soportaba en 1985 un nivel medio de ruido superior a 55 decibelios era, según la OCDE, en Alemania o en los EEUU, alrededor del 35% y en España del 84%. Y si nos referimos a ruidos superiores a 65 decibelios, ya claramente intolerables, los porcentajes son el 7% y el 23% respectivamente.

Y esto ocurre en un país en el que la Constitución protege expresamente el derecho a la intimidad personal y familiar, y el de disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, y encomienda a los poderes públicos el tutelar la salud pública a través de medidas preventivas necesarias. En un país donde el Código Penal castiga con penas de hasta 4 años de prisión a los que realicen emisiones de ruidos que ocasionen riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas.

Padecemos esta situación porque estamos en un país donde es tradicional que las leyes no se cumplan, donde los ciudadanos no exigen su cumplimiento y donde las autoridades no se responsabilizan de hacerlas cumplir.

Hacemos, pues, un llamamiento a todos los ciudadanos. A que cada uno de nosotros respete los derechos de los demás y defienda los suyos. A que seamos conscientes de que está en juego nuestra salud y nuestra pacífica convivencia. Y a que nuestras autoridades cumplan con sus obligaciones.

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