SEGURIDAD

El 092 pide amparo jurídico al Concello ante las acusaciones del Ensanche

Asociación profesional y CSIF creen que la Fiscalía debe intervenir y estudian demandar a Crespo por injurias

La Voz

Agentes de la Policía Local, en la calle Pintor Joaquín Vaamonde

Manuel Aceña, portavoz de la Asociación Profesional de Policía Local y del CSIF, sindicato mayoritario entre los agentes, instó ayer a Crespo a retractarse de sus afirmaciones, que considera se basan «en mentiras, desconocimiento, datos erróneos o mal interpretados», pero que, en todo caso, «han ocasionado un daño difícil de reparar contra el trabajo de un colectivo formado por más de 300 personas» y lesiona la imagen de todo el cuerpo.

Recordó que todas las actuaciones de los agentes quedan documentadas en informes que «están a disposición de los ciudadanos», con más de una docena de intervenciones en los locales en fechas recientes. Señaló además que dos de los cuatro locales se han clausurado, siempre respetando los plazos y mecanismos legales que establece la normativa. «Si los dos negocios que quedan abren a las seis es porque la ley se lo permite -ejemplificó-. Intentaron abrir antes y fue la Policía la que se lo impidió».

La entidad profesional, que insiste en la defensa documentada de que la policía cumple de forma rigurosa con su trabajo, no descarta plantear una demanda judicial por injurias y calumnias contra el dirigente vecinal ante las acusaciones de corrupción, intención expresada a título personal ya por distintos agentes en los últimos días.

«Entendemos el malestar de los vecinos -subrayó Aceña-, comprendemos que puedan no estar satisfechos con el resultado de la acción policial, seguramente muchos policías tampoco lo estén, pero no son los únicos vecinos que tienen problemas con la movida nocturna y no nos parece admisible que por ello primero se calumnie a un colectivo diciendo que está compinchado porque se lo ha oído a un vecino y solo después de haberlo dicho se pida que se investigue».

Los representantes de los trabajadores consideran, además, que el Ayuntamiento debe intervenir a través de los servicios de la asesoría jurídica municipal en defensa de su propio personal y, en definitiva, de sí mismo y valoran también notificar lo sucedido a la Fiscalía para que intervenga de oficio.

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