Múgica acusa a Defensa de contaminación acústica

El Defensor del Pueblo le reprocha que supedite la conservación del medio ambiente a su política

OLGA R. SANMARTIN

Ya era el enemigo número uno de los antibelicistas pero tiene bastantes papeletas para convertirse también en el próximo blanco de los ecologistas. El Ministerio de Defensa no anda muy medioambiental. El Defensor del Pueblo le acusa de «contaminar primero y reparar después», de no hacer nada para reducir el ruido que sale de sus aviones y de ser «ajeno» al medio ambiente.

En el informe que cada año realiza la oficina de Enrique Múgica, las denuncias por contaminación acústica son de las más numerosas. La institución se pone de lado de los vecinos y denuncia: «Muy pocos avances encontramos en materia de ruido aeroportuario». Los culpables, dice el Defensor del Pueblo, son tres: el ente público Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea (Aena), la Dirección General de Aviación Civil y el Ministerio de Defensa.

Todos ellos «mantienen su postura contraria a admitir que las inundaciones de ruido carecen por completo de base legal y son, por tanto, fuente de perjuicios injustos». Su forma de proceder, asegura, es la siguiente: primero causan los ruidos, después los miden y, más tarde, estudian la posibilidad de repararlos, «sin previsión ambiental propiamente dicha» y provocando, «por la vía de los hechos consumados, una anticipación de la contaminación».

El problema viene, en cierto modo, porque los límites de ruido que se producen dentro de un aeropuerto o de una base aérea los fijan los mismos que se encargan de ellos. Esta situación les sirve para no tener que aplicar la Ley del Ruido -que contempla multas de hasta 300.000 euros e incluso la prohibición de volar- y para no tener en cuenta que en los alrededores de sus instalaciones los aviones también se oyen.

El Defensor del Pueblo pidió explicaciones al Departamento de José Antonio Alonso, que le respondió que tiene «una gran sensibilidad» ante la cuestión medioambiental, pero que legalmente no está obligado a evaluar el impacto ambiental de sus actividades. Más o menos vino a decirle que trataría de no sobrevolar poblaciones cuando esto «no afecte» a la función de las Fuerzas Armadas.

Y esta contestación no debió de gustarle nada al Defensor del Pueblo, que le propinó algo más que un tirón de orejas:

«El Ministerio de Defensa sigue presentando como opuestos dos conceptos: política de defensa y preservación del medio ambiente. El primer concepto es su quehacer principal y todo lo demás está subordinado a ello».

«Considera esta institución que Defensa no acaba de asumir que la preservación del ambiente adecuado es un deber de todos los poderes públicos y que no cabe en nuestro Estado una política de defensa que no contenga en cualquier fórmula, siempre y principalmente, la preservación del ambiente», añade.

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