Elche, 30/05/05 Los ilicitanos 'pasan' del control obligatorio del ruido de sus ciclomotoresEl 19 de febrero entró en vigor el decreto, pero sólo 150 de los 10.000 vehículos que tienen más de 2 años de antigüedad se han revisado en la Inspección Técnica La ITV local está molesta por «la falta de cooperación municipal», que obligó a levantar la estación móvilGENOVEVA MARTÍN
El pasado 19 de agosto entró en vigor la Ley de Protección contra la Contaminación Acústica, aunque en la Comunidad Valenciana hubo que esperar al desarrollo reglamentario para su puesta en marcha. Desde el pasado 19 de febrero, todos los propietarios de ciclomotores y motocicletas, sea cual sea la cilindrada, tienen la obligación de pasar la prueba de comprobación sonora. Ésta sólo se puede llevar a cabo en la estación de la Inspección Técnica de Vehículos, actualmente de gestión privada. La tarifa es de ocho euros por vehículo, IVA no incluido, se realice el control en una ITV fija o móvil. Si es necesario una segundo revisión como consecuencia de defectos detectados, el precio se rebaja a seis euros. La periodicidad de las inspecciones será de cada dos años. Desde febrero, todos los ciclomotores con más de dos años de antigüedad deben ser inspeccionado, de forma obligatoria. El Ayuntamiento de Elche decidió en febrero pasado ofrecer una moratoria de seis meses antes de sancionar. DesidiaEl parque móvil ilicitano es extensísimo, máxime cuando se habla de vehículos de dos ruedas. Los que más abundan son los ciclomotores. Hay actualmente 11.234 matriculados, de los que más de 10.000 tienen más de dos años y, por tanto, deben someterse a la inspección sonora en la ITV. Cuando se han cumplido tres meses de la obligatoriedad del trámite legal, los datos facilitados por la directora de la estación de la ITV de Elche, Concepción Andrés, demuestran que los ilicitanos pasan completamente de la inspección. «Tirando por lo alto, han sido sólo unos cincuenta propietarios de ciclomotores al mes los que han traído su vehículo a la revisión sonora», informa la responsable de la estación. Andrés achaca la falta de asistencia a la inexistencia de una campaña informativa por parte del Ayuntamiento de Elche. Asegura que una semana después de la entrada en vigor del decreto de la Generalitat, en febrero pasado, el director provincial de las ITV mantuvo una reunión con los responsables municipales en la que «propusimos pagar la mitad de las campañas publicitarias». Pero, según la directora local, «no se ha hecho nada». Lo que sí se puso en marcha, hace justo una semana, fue una ITV móvil que se instaló cerca de la avenida de la Universidad, cerca de la antiguas instalaciones deportivas de Kelme. Aunque Elche dispone de una estación fija se optó por utilizar la móvil para facilitar a los jóvenes el control acústico de sus vehículos. El primer día, sólo ocho ciclomotores llegaron a la estación móvil. Pero, la falta de éxito no fue la razón primordial por la que, la tarde siguiente al inicio de la campaña, la responsable de la ITV decidiera levantar el control. Aseguró a este diario que dio la orden porque «el Ayuntamiento no facilitó los medios necesarios para realizarla en condiciones». Explicó que se había pedido «un punto eléctrico para enganchar los aparatos de la ITV y vallas para acotar el lugar». El lunes pasado, primer día de los controles, hubo vallas pero no luz. Al día siguiente no se proporcionaron ni vallas ni enganche eléctrico. La estación móvil tuvo que funcionar con un pequeño grupo electrógeno, con la consiguiente contaminación acústica. Concepción Andrés insistió en que se llevó la estación móvil de Elche porque «era todo un lujo» seguir con el experimento, cuando «en muchas localidades de la provincia no se dispone de ITV fija, y la móvil tiene mucho éxito». Además dijo estar «algo molesta con el Ayuntamiento de Elche» por la falta de colaboración. Precisó que esta misma semana, «el director provincial intentará reunirse con los responsables municipales del área». Hasta primeros de septiembre, el Ayuntamiento de Elche no multará a los propietarios de ciclomotores que no hayan realizado la revisión acústica de sus vehículos, según volvió a insistir en días pasados el edil de Movilidad Urbana, Federico Buyolo. Los ayuntamientos son los competentes para sancionar las infracciones leves de contaminación acústica. Los importes oscilan entre los 60 y los 600 euros. La Generalitat es laque multa en casos graves y muy graves.
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