La Policía retirará los vehículos que crea ruidosos sin medir su sonido

Los expertos coinciden en que la nueva ordenanza responde a las necesidades de la ciudad, pero los colectivos vecinales piden más garantías

RAQUEL GARRIDO

De acuerdo con el artículo 36.3 de la futura normativa, " en el caso de vehículos notoria u ostensiblemente ruidosos por cualquier causa, a juicio del funcionario interviniente, los agentes de la Policía Local, sin necesidad de utilizar aparatos medidores, deberán inmovilizarlos o conducirlos inmediatamente al depósito municipal".

Este artículo acaba con la ambigüedad que produce la redacción de la normativa vigente sobre ruidos, que data de 1999, y consagra la prevalencia del criterio del agente para determinar si un vehículos es ruidoso. En la ordenanza actual se establece que el agente podrá detener los vehículos que "rebasen manifiestamente los límites máximos autorizados de ruido", si bien no se precisa si estos límites máximos, que se miden en decibelios, debe hacerse en base a una medición o por el criterio del propio policía. Esta indefinición hace que los policías en la práctica sólo intervengan sin medición previa cuando el vehículo circula con escape libre o sin el coletín del tubo, infracciones también recogidas en la ordenanza.

La concejal de Medio Ambiente, Patricia Marín, confirmó ayer que la Junta de Gobierno Local podría dar el visto bueno al anteproyecto de la nueva ordenanza sobre ruido la próxima semana, aunque después deberá permanecer 30 días en exposición pública. La aprobación definitiva por parte del Pleno está prevista para el mes de julio.

Entre los aspectos que se incluyen en la norma destaca la prohibición de hacer botellón entre las 22.00 y las 8.00, la restricción de realizar tareas de bricolaje y reparaciones domiciliarias los domingos y festivos, y la limitación de las labores de carga y descarga hasta las 20.00. Así, la emisión autorizada de día en las zonas residenciales son de 65 decibelios, frente a los 55 que se permiten durante la noche.

Una de las variaciones más destacadas de la nueva ordenanza son las sanciones que se aplicarán a los infractores. Las multas oscilarán entre los 600 y los 300.000 euros en función de la gravedad.

Sin embargo, aún se puede introducir nuevos aspectos reguladores tras las conclusiones que se extraigan de las primeras jornadas sobre ruido que se celebraron ayer en Málaga. En ella, participaron técnicos, juristas y asociaciones de vecinos que expusieron sus demandas y que, según la concejal, "servirán para completar el texto de la normativa".

La mayoría de los expertos consultados por este periódico coinciden en que la nueva ordenanza responde a las necesidades de la ciudad y da respuesta a la demanda vecinal. El ingeniero industrial Manuel Rejano, que participó en las jornadas de ayer, consideró que los aspectos que se recogen en la norma son "suficientes para controlar la contaminación acústica" en Málaga. Sin embargo, advirtió que en el problema del ruido deben involucrarse todos los agentes implicados, ya que la ordenanza "sólo establece las reglas del juego". El vicepresidente de Juristas contra el Ruido, Joaquín Herrera del Rey, por su parte, señaló que la norma responde "a los principios europeos de cautela y precaución y al respeto de los derechos fundamentales de los vecinos".

Los vecinos del Centro Histórico de Málaga, los más afectados por el ruido, no opinan lo mismo. La presidenta de este colectivo, María Dolores Acosta, hizo hincapié en que la aplicación de la nueva ordenanza "exige la dotación de más medios para garantizar su cumplimiento", por lo que exigió la creación de una patrulla especializada en materia de contaminación acústica.

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