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Zaragoza, 13/05/05
El Justicia pide controles permanentes del ruido
García Vicente sugiere instalar aparatos de control en los locales de ocio
F. V. L.
 La zona de Moncasi tiene problemas de ruido. Foto:EL PERIODICO |
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| Es el tanto por ciento de casos de incumplimiento de la normativa sobre ruidos que se denuncia en Aragón, según una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas y recogida en la sugerencia planteada por el Justicia de Aragón. El hecho de que el 70% de las vulneraciones de la legislación no se pongan en conocimiento de las autoridades impide que la acción administrativa resuelva íntegramente el problema. De esta forma, una parte considerable de la población aragonesa se ve privada del derecho al descanso, que debería ser objeto de una especial protección por parte de las instituciones con competencias en la materia: el Gobierno autonómico y los municipios. |
En un documento sobre las molestias del ruido remitido a todas las instituciones concernidas, el Justicia señala que, pese a la importancia del problema y al gran número de ciudadanos afectados, "el único sistema de control que se viene aplicando es la medición in situ, que adolece de numerosos inconvenientes, entre otros el hecho de que la mayoría de los municipios no disponen ni de un sonómetro" .
Fernando García Vicente sostiene que debería instalarse limitadores-registradores de sonido con sistemas antimanipulación tanto en los establecimientos públicos que se abran en el futuro como en los que ya vienen funcionando, "para los que se puede establecer un periodo transitorio de adaptación".
Además, el Justicia de Aragón indica al Gobierno autonómico que la normativa sobre la instalación de aparatos de control puede llevarse a cabo "mediante su inclusión en una norma con rango de ley". Por este motivo propone que se aproveche el proyecto de ley reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la comunidad autónoma, que actualmente se encuentra en tramitación en las Cortes de Aragón.
ORDENANZAS MUNICIPALES En cuanto a los municipios, Fernando García Vicente mantiene que, "a través de las ordenanzas", se puede condicionar la licencia de instalación de cualquier actividad susceptible de sobrepasar los límites máximos de ruido a la presentación de un estudio sobre el acondicionamiento del local.
El Justiciazgo afirma que, si todos los establecimientos se someten al mismo tipo de control, competirán en igualdad de condiciones y no se beneficiarán aquéllos que, por ofrecer un mayor nivel sonoro, atraen a un número superior de clientes.
García Vicente se inclina por los limitadores-registradores frente a los problemas que plantean los controles esporádicos por parte de la Policía Local, de los que dice que pueden ser subjetivos, incurrir en errores de medición y ser víctimas de la picaresca de los encargados de locales que disminuyen el volumen de los equipos ante la proximidad de los agentes.
El escrito dirigido al Ejecutivo aragonés y a los municipios más importantes apunta otros inconvenientes de la medición mediante sonómetro, como la invasión de la intimidad del hogar del denunciante y la posibilidad de que la Policía haya de hacer frente a un ambiente hostil.
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