|
   
|
Gijón, 10/05/05
Un informe jurídico avala el cierre de muchos discobares abiertos desde el año 1992
El catedrático Sosa Wagner dice que el Consistorio no aplicó su ordenanza y desaconseja una masiva legalización «No se puede premiar ahora a quien ha infringido la normativa», asegura
A. PRESEDO Crecieron en medio de la permisividad municipal, del consentido incumplimiento de la Ordenanza Municipal de Ruidos que, desde 1992, prohibía la instalación de este tipo de negocios vinculados a la música amplificada a una distancia menor, en fachada, de 25 metros. Se trataba de evitar una concentración desmesurada que pusiera en peligro la tranquilidad ciudadana, que garantizara el sueño y el descanso de los vecinos.
Ayuntamiento y hosteleros son conscientes de que, al menos en ese aspecto concreto, no fue respetada la ordenanza y en algunas ocasiones se saltó de forma más que evidente. Quince años después, obligado por la nueva ley de espectáculos, el Consistorio tiene que aclarar el panorama, ordenar el desorden en el sector. Y tiene que hacerlo ahora, cuando decenas de los discobares afectados están consolidados y forman parte de la movida gijonesa.
El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, Francisco Sosa Wagner, a quien el Ayuntamiento de Gijón le encargó un informe jurídico sobre la nueva normativa, al que ha tenido acceso este periódico, define la situación: «Es claro que a quien conscientemente ha infringido la normativa no se le puede premiar ahora con la regularización. Los empresarios que abrieron locales después de 1992, incumpliendo el régimen de distancias, no pueden acogerse a ninguna dispensa o privilegio. Sabían de los requisitos exigidos y no los atendieron, de ahí que ahora no puedan buscar protección jurídica alguna».
Espíritu de Sancho Panza
Razona, en suma, que los hosteleros afectados no tienen, a su entender, posibilidad de defensa, pero no hace referencia alguna a la parte de responsabilidad municipal al permitir la proliferación de discobares en lugares que la propia normativa prohibía.
Eso sí, en este tema concreto, el experto jurista desaconseja una legalización masiva «porque legalizar sin mayores condiciones las actuaciones ilegales originaría considerables problemas y perjuicios: en concreto, la desautorización de la Corporación, no sólo porque durante años no aplicó una ordenanza propia, sino por entenderse como una muestra de la volubilidad del criterio municipal».
Francisco Sosa Wagner habla del «espíritu de Sancho Panza», en el sentido de que una regularización masiva de los infractores crearía un sentimiento de «desobediencia de las ordenanzas locales» y una «quiebra de confianza» de la autoridad municipal, sobre todo ante los empresarios que sí han cumplido a rajatabla las normas legales.
De esa forma, invita al Ayuntamiento a aplicar la norma con rigor, a cerrar los discobares abiertos después de 1992 que no cumplan la normativa, en concreto la relativa a la distancia exigida, y pone sobre la mesa que los empresarios afectados no tienen, en su criterio, posibilidad alguna de que sus recursos legales puedan prosperar.
El informe, de 25 folios, también se refiere a la necesidad de evitar la concentración de focos de ruido, de bares, en suma, que no estén convenientemente insonorizados y destaca la necesidad de que el Consistorio apruebe una normativa «como instrumento adecuado para la protección medioambiental».
Ayer, la Comisión de Medio Ambiente fue informada de las propuestas del PP para la nueva normativa, que hoy serán tratadas por la Comisión de Gobierno, paso previo al pleno municipal del próximo viernes.
Más noticias de este mes | Último mes | Índice general de noticias
Página principal de ruidos.org