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Sevilla, 12/06/05
El 'botellón' que nadie asume
Sólo tres capitales han aceptado la cesión de competencias para controlar y sancionar la venta de alcohol por la noche
L. BARBERO Los alcaldes de las ocho capitales (seis del PP, uno del PSOE y una de Izquierda Unida) han lanzado un SOS para luchar contra el botellón, un fenómeno que enfrenta el derecho de los jóvenes a divertirse en la calle con el de los vecinos al descanso. En los últimos años, este debate aparece y desaparece como el Guadiana y ahora ha vuelto a la actualidad a raíz de la reunión que los ocho alcaldes de las capitales mantuvieron el pasado lunes en Antequera (Málaga) para analizar este asunto. En esa cita, los regidores demandaron al Gobierno central y a la Junta una mayor implicación (principalmente en forma de medidas legales y de dinero) para hacer frente a una realidad que lleva a miles de jóvenes, sobre todo los fines de semana, a divertirse en la calle.
El formato de la reunión no ha gustado al Gobierno andaluz, que estima que este tipo de iniciativas ha de vehicularse a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), órgano en el que están representados todos los municipios de la comunidad. El Ejecutivo autonómico teme que los alcaldes del PP instrumentalicen este tema para atacar a la Administración autonómica, que, además, entiende que el margen de maniobra que tiene con el botellón es mínimo, pero que ha mostrado su disposición a explorar las alternativas que planteen los ayuntamientos.
Algo parecido le ocurre al Gobierno central, que recuerda que sus competencias en este asunto se refieren exclusivamente al orden público. De momento, el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, ha recibido una carta del alcalde de Granada, José Torres Hurtado, en la que éste le pide una cita para abordar el botellón. Esta cita, probablemente, se produzca la próxima semana, según fuentes de la Delegación.
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M. J. ALBERT:
Las copas que los jóvenes toman en la calle son las mismas que dejan de beber en los locales. Antonio García, secretario general de la Confederación Andaluza de Hosteleros, lo tiene claro: "Las pérdidas son muy difíciles de cuantificar, pero puedo asegurar que son importantísimas. Hemos dejado que el problema del botellón se nos vaya de las manos". Las medidas que el representante de los dueños de establecimientos plantea son simples. Prohibir de forma definitiva el consumo de alcohol en la vía pública. "Lo que necesitamos es una normativa clara y unificadora en las ocho provincias, y que se haga cumplir por la Junta y los Ayuntamientos. Las autoridades deben asumir sus competencias y dejar de pasarse la pelota de un tejado a otro".
Antonio García considera que una de las razones que se han esgrimido para explicar la existencia del fenómeno del botellón, la carestía de los precios de las bebidas alcohólicas en los bares de copas, es "totalmente falsa". Tampoco la solución de los botellódromos parecen adecuada. En teoría, éstos serían espacios al aire libre donde, con las condiciones higiénicas necesarias, podrían hacerse los botellones sin molestar a los vecinos. Para García, con esta medida se quita sentido a la existencia misma de los establecimientos hosteleros. Pero deja una puerta abierta: "Al menos, pedimos que si terminan existiendo, se cierren a una hora determinada para que la última copa se tomase en los establecimientos preparados para ello". Otro de los colectivos implicados directamente en el problema del botellón es el de los vecinos. Lo primero que se pide desde la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía (CAVA) es la creación de una comisión permanente en el Parlamento de Andalucía donde pueda escucharse las voces de todas las partes interesadas. Pero a diferencia de los hosteleros, no creen que las medidas punitivas y la simple prohibición de consumir alcohol en la calle sean las soluciones. Así lo piensa su presidente, Antonio Viruez, quien añade que la única vía "pasa por un acuerdo entre todas las partes". Viruez sí contempla la idea del botellódromo como algo factible y pone como ejemplo la experiencia de Córdoba, donde se intenta crear algo así en el recinto ferial de El Arenal. "Sabemos que la gente siempre va a beber en la calle. Queremos ofrecer soluciones sin crear guetos". |
La consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, destaca que la situación "es muy compleja" y que "los aspectos legales son de competencia municipal". Naranjo añade que la Junta no está "cerrada a nada", pero que los instrumentos legales a su alcance no son muchos. Hoy día hay dos leyes autonómicas que sirven para afrontar el botellón (la ley de Drogas y la ley de Protección ambiental) y un decreto contra la contaminación acústica.
La ley de Drogas prohibió la venta de alcohol a partir de las 22.00 en los establecimientos públicos, los principales surtidores del alcohol que consumen los jóvenes en sus concentraciones. En 2002, la Junta aprobó un decreto por el que se podía ceder a los ayuntamientos el control y la sanción a los locales que incumpliesen esta norma.
Naranjo destaca que hasta la fecha sólo han firmado el convenio con el Gobierno andaluz para lograr este avance tres capitales, Sevilla, Almería y Granada, estas dos últimas cuando eran gobernadas por el PSOE en el anterior mandato municipal. "Ningún Ayuntamiento del PP en Andalucía ha firmado con la Junta convenios para asumir competencias en esta materia y para sancionar la venta de alcohol a partir de determinadas horas, por lo que no se puede ser pirómano y bombero a la vez", dijo la consejera el pasado jueves en el Parlamento.
Naranjo no es partidaria de prohibir el consumo de alcohol en la calle, una iniciativa que sí han regulado otras comunidades, pero dejando la decisión final en manos de los ayuntamientos. "Los ayuntamientos se ven desbordados, pero la Junta tampoco tiene capacidad" para hacer frente al botellón, afirma Naranjo, quien destaca que los municipios tienen la mayoría de las competencias relacionadas con este problema (tráfico, orden de la vía pública, control acústico, residuos, limpieza o mobiliario urbano).
Los seis alcaldes del PP han asegurado que no se trata de echar culpas a la Junta y al Gobierno, sino de buscar una salida entre todas las Administraciones. "No se trata de buscar culpables, sino de buscar soluciones. Lo que piden los ayuntamientos es colaboración y ayuda y que estas Administraciones no hagan dejación de sus competencias", afirma el alcalde de Jaén, el popular Miguel Sánchez de Alcázar.
Pese a que algunos alcaldes dicen lo contrario, Naranjo asegura que los municipios sí tienen potestad para ordenar la prohibición de alcohol en la calle. "No tienen ningún techo", afirma la consejera. De hecho, el Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el popular Francisco De la Torre, ha contemplado prohibir el consumo de bebidas en la calle entre las 22.00 y las 8.00 horas, además de causar ruidos como la música, cantar o gritar. Estas medidas estaban previstas en las nuevas ordenanzas en trámite contra el ruido, aunque la prohibición de beber se ha excluido de momento hasta ver qué medidas se adoptan para el ámbito de la comunidad.
Naranjo aboga por abrir un diálogo no sólo entre las Administraciones, sino a más bandas, incluidos los jóvenes que participan en los botellones. "O cuentas con los jóvenes o estás condenado al fracaso", afirma.
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