El juez cita a Tarrés como imputado por la cantera de Can Capità

Además del alcalde, el anterior dueño de la industria también deberá comparecer ante el juez Juan Carlos Torres el día 28. Según las diligencias, hay indicios de un presunto delito contra el medio ambiente

M. M. / j. ll. f.

La imputación de Tarrés había sido solicitada por el fiscal de medio ambiente para que el alcalde aclare por qué mantiene abierta esta explotación pese a carecer de licencia municipal. El juez Juan Carlos Torres interrogará a Tarrés y al anterior propietario de la cantera -que fue vendida este mes de enero- el próximo día 28 a las diez de la mañana.

La comparecencia del anterior dueño se explica por el hecho de que, de existir responsabilidades penales de tipo medioambiental y de haberse causado daños ecológicos, todo ello se habría producido antes de la venta de la instalación.

Aparte de estas comparecencias, la fiscalía ha solicitado también la práctica de otras pruebas documentales, como un reportaje fotográfico de la zona, el expediente de esta cantera y otras diligencias destinadas a comprobar con la mayor exactitud posible el estado legal de dicha explotación, que viene operando desde el año 1962 sin disponer de las preceptivas licencias municipales.

En 1997, cuando era alcalde Enrique Fajarnés (PP), el Ayuntamiento ordenó la paralización de la actividad de la cantera, al tiempo que le concedía un plazo de dos meses para legalizar su situación.

Sin embargo, la empresa explotadora presentó un recurso ante el Ayuntamiento contra el decreto de paralización, demanda que fue aceptada por el equipo de gobierno. La paralización fue revocada mediante un nuevo decreto y se concedía a la empresa explotadora un plazo de 45 días para solicitar la licencia de instalación y apertura de la cantera.

La empresa Readymix, que ya había denunciado la cantera anteriormente, presentó un recurso contencioso-administrativo contra la revocación de la paralización. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) desestimó, sin embargo, ese recurso y estableció en su sentencia que el decreto de revocación no contradecía el ordenamiento jurídico establecido.

«Controles periódicos»

El actual Ayuntamiento de Eivissa asegura que de forma periódica viene realizando controles de ruido y emisiones de polvo. Pese a ello, las pruebas sonométricas practicadas durante la instrucción de las presentes diligencias judiciales han revelado la existencia de niveles de ruido por encima de los autorizados por la normativa vigente.

El equipo de gobierno del Pacto Progresista emitió recientemente un comunicado en el que manifestaba su «convicción de la legalidad de todas las actuaciones llevadas a cabo por el Consistorio en relación a la cantera de es Canal de Can Capità, y por tanto, considera que no hay motivos para la imputación de ninguno de sus miembros».

En la actualidad, el Ayuntamiento ha empezado a tramitar la concesión de licencia.

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