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El Puerto, 27/04/05

Chamizo contesta a las quejas de los vecinos de Bajamar

El Defensor del Pueblo les envía una copia de las recomendaciones que remitió su Oficina al Ayuntamiento en 1998, cuando ya incluyó el asunto en el Informe Anual al Parlamento
Carlos Benjumeda
El Defensor del Pueblo no ha tardado mucho en responder a la carta que los vecinos de los pisos de La Pescadería (Micaela Aramburu) le remitieron hace escasas fechas, donde le trasladaban su malestar al sentirse "totalmente abandonados ante los excesos de la motorada", quejándose de que "las leyes que amparan al ciudadano dejan de existir durante esas fechas, transformándose El Puerto en una ciudad sin ley".

José Chamizo ha remitido a los vecinos una carta de 1998, una fecha en la que el malestar por la forma en que se organiza el evento motero era tan grande como ahora, y cuando el asunto ya fue denunciado por vecinos y entidades. El Defensor del Pueblo recuerda que el escrito de queja que le ha enviado el presidente de la comunidad de vecinos, Tomás Bretón, ya fue tramitado en el año citado, cuando ya su Oficina remitió al Ayuntamiento varias recomendaciones que evidentemente no fueron atendidas, siendo posteriormente incluido el asunto en el Informe Anual que José Chamizo envía cada año al Parlamento Andaluz.

Hace ya siete años , José Chamizo afirmaba que la contaminación acústica y atmosférica "cabe incluso enlazarla con el derecho de nuestra Carta Magna, que garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar en el propio domicilio". Chamizo enviaba a Alcaldía cuatro recomendaciones. La primera, que "a la mayor brevedad se proceda a adoptar las medidas que se acuerden, procurando superar las deficiencias o carencias puestas de manifiesto en anteriores planes de actuación". La segunda recomendación instaba al alcalde Hernán Díaz a "dotar a la Policía Local de medios suficientes para que pueda prevenir y denunciar los incumplimientos detectados en las vías urbanas". Seguidamente, instaba a la Alcaldía a que adoptara las medidas de policía y control necesarias para prevenir o impedir el funcionamiento de las actividades que acrecienten los problemas medioambientales (...) y que los niveles de emisión-inmisión de ruidos y humos se adecuen a los reglamentariamente fijados". Por último, recomendaba al Ayuntamiento adoptar alguna iniciativa para la posible reubicación de estas reuniones y para que se cuente con la participación ciudadana. El Defensor del Pueblo, le recordaba al alcalde que la Constitución "reconoce el derecho a la protección de la salud y a disfrutar de un medio ambiente adecuado".

Por su parte, el alcalde respondió a las recomendaciones del Defensor del Pueblo con el compromiso de adoptar una serie de medidas que fueron consideradas insuficientes por la Oficina de José Chamizo.

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