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Zamora, 20/07/04

Más de mil vecinos apoyan la querella contra el Ayuntamiento por los ruidos

La asociación Afaruza solicita al juzgado la declaración del alcalde y senador, Antonio Vázquez
La Alcaldía decreta el precinto de un bar y un garaje, pero niega que la medida se deba a la presión vecinal
M. J. Pascual
CLAVES
2.000 folios

La querella incorpora cerca de dos mil folios con una decena de denuncias concretas de particulares y comunidades de propietarios. En algunos casos, los bares denunciados acumulan decenas de denuncias por superar el nivel de ruido permitido, que está en 30 decibelios. Ciertos locales llegan casi a duplicar el tope autorizado.

Normativa

La reincidencia en las infracciones lleva aparejada la clausura de la instalación, además de importantes sanciones. Los vecinos se quejan de que el Ayuntamiento hace dejación de funciones a la hora de hacer cumplir la normativa.

Delitos

Los querellantes atribuyen a la institución presuntos delitos contra el medio ambiente, prevaricación y dejación de funciones.

Más de un millar de vecinos y residentes de las principales zonas de 'marcha' de la capital zamorana respaldan la querella presentada ayer en el juzgado por representantes de la Asociación de Familias Afectadas por los Ruidos (Afaruza), que atribuyen al Ayuntamiento presuntos delitos de prevaricación, dejación de funciones y un delito contra el medio ambiente porque no se sanciona a bares y establecimientos que acumulan más de cuarenta denuncias por superar el límite de decibelios permitidos.

El escrito de la querella criminal detalla que, «en la mayoría de los casos, ni se incoan expedientes y los que se abren prescriben o caducan o, en otros casos, se imponen las sanciones mínimas, que ni siquiera se llegan a cobrar, con lo que el Ayuntamiento deja a los propietarios de estos locales totalmente impunes en la vía administrativa».

Ineficacia
Los afectados, que se consideran perjudicados «por la ineficaz actuación del Ayuntamiento», piden que se abran diligencias y declare el alcalde, Antonio Vázquez, y los concejales de Urbanismo y Medio Ambiente, Jesús Rodríguez y Feliciano Fernández, respectivamente. También se solicita la declaración del jefe de la Policía Municipal, Ezequiel González. La querella también está en manos de la Fiscalía. «Estamos dispuestos a llegar hasta el Tribunal Supremo, si es necesario, para que Vázquez declare», manifestó el abogado Antonio del Castillo, en relación a la condición de senador del alcalde de Zamora.
Identificación
El portavoz de la asociación y residente en una de las zonas de mayor actividad nocturna de la ciudad, señaló que será, a medida que se realice la instrucción judicial, cuando se identificara a los querellados «que han de ser las personas que tengan competencias en urbanismo y medio ambiente en el Ayuntamiento, tanto políticos como funcionarios, y especialmente en materia de ruidos: expedientes sancionadores, imposición de sanciones, responsables técnicos de los sonómetros y demás aparatos acústicos, vigilancia, control e inspecciones».

El colectivo, integrado por una treintena de vecinos de la Plaza Mayor, plaza del Fresco, Costanilla, Balborraz, Herreros y Obispo Acuña, más las comunidades de propietarios de La Marina y de tres bloques de viviendas de la avenida de Requejo, han decidido recurrir a la vía judicial por considerar insuficientes las medidas tomadas desde el Ayuntamiento para atajar un problema que les condiciona su vida diaria «de jueves a domingo».

Respuesta municipal
Desde que hace 15 días los vecinos dieran un ultimátum al equipo de gobierno del PP para que se sancionara a los locales reincidentes, la Alcaldía ha decretado el precinto de dos establecimientos, un bar y un garaje. El concejal de Urbanismo y Policía Municipal, Jesús Rodríguez, que anunció ayer el cierre cautelar de estos negocios, negó sin embargo que estas medidas estén relacionadas con la presión vecinal.

En este sentido, señaló que «se trata de expedientes sobre los que se trabaja desde hace meses y que tienen una tramitación muy compleja». El equipo de gobierno rechaza que no se trabaje desde hace años en reducir la contaminación acústica y argumenta que no se puede obviar un procedimiento que exige que se contemplen las garantías legales para los establecimientos con licencia.

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