|
   
|
Palma de Mallorca, 17/12/04
‘CASO MEGAPARK’ / La justicia investigara el escandalo
Un juez admite la querella interpuesta por Grosske contra Cirer y De Santos por «proteger» la discoteca ilegal de Cursach
El Juzgado de Instrucción número 1 tomará declaración a la alcaldesa y al teniente de alcalde de Urbanismo de Cort EU-EV les acusa de prevaricación por haber dejado al empresario abrir su sala de fiestas ilegal este verano desoyendo a sus técnicos
Esteban Urreiztieta
|
|
Insiste en que no quisieron cerrar la salaEl portavoz de Esquerra Unida-Els Verds, Eberhard Grosske, mostró ayer su satisfacción tras la decisión judicial de admitir a trámite la querella que interpuso el pasado 3 de diciembre. «Lo que ha quedado claro es que ha habido una clara voluntad política de proteger a un poder fáctico -en referencia al trato dispensado por Cirer y De Santos al empresario de ocio Bartolomé Cursach-».Asimismo, Grosske quiso recalcar que quienes habrían cometido un delito de prevaricación «son los políticos y no los funcionarios, que durante el pasado verano han actuado de manera ejemplar» a la hora de elaborar sus informes técnicos sobre la discoteca de la Playa de Palma. La querella argumenta en sus fundamentos jurídicos que «no podemos decir que la actuación descrita sea escasamente relevante y que no justifique la intervención penal». En este sentido recuerda que «precisamente el delito de prevaricación no trata de sustituir a la jurisdicción contencioso-administrativa en su labor genérica de control de sometimiento de la actuación administrativa a la ley y al derecho, sino de sancionar supuestos límites en que la posición de superioridad que proporciona el ejercicio de la función pública, se utiliza para imponer arbitrariamente el mero capricho de la autoridad, perjudicando al ciudadano afectado en un ejercicio de abuso de poder». Las tesis del SupremoPara sustentar esta tesis, EU-EV recurre a lo expuesto en otras ocasiones por el Tribunal Supremo. Según el Alto Tribunal, para sancionar el delito de prevaricación «hemos de hallarnos ante una infracción de la norma administrativa a la que sean inherentes las notas de evidente, patente, flagrante y clamorosa, y hasta en expresión de alguna resolución, grosera o esperpéntica».Y en este caso, según la formación política de izquierdas, nos encontramos ante un delito de prevaricación en comisión por omisión ya que «la alcaldesa y el teniente de alcalde omitieron hacer lo que por ley les venía obligado y ese hacer equivale a una denegación que entraña una patente y abierta contradicción con el ordenamiento jurídico». |
|
|
|
La admisión a trámite de una querella no significa ni presunción de culpabilidad ni siquiera que vaya a desembocar en juicio oral. Por otro lado, la prevaricación pertenece a la clase de tipos delictivos de difícil prueba, ya que debe deducirse la intencionalidad clara que subyace tras cualquier ilícito penal. Sin embargo, y al margen del curso que siga esta querella en contra de Cirer y De Santos, estamos ante un serio aviso a navegantes que sería irresponsable no tomar en cuenta. El bien jurídico protegido en el delito de prevaricación es el recto y normal funcionamiento de la Administración y su sujeto activo, la autoridad o funcionario, con facultades decisorias, que tomen o dejen de tomar una resolución, no sólo ilegal, sino, también, arbitraria e injusta. En el caso que nos ocupa, es evidente que desde el Ayuntamiento no se actuó, con la discoteca ilegal de Cursach, con la debida diligencia que reclamaban los hechos. El que esta falta de diligencia sea tipificable como prevaricación es lo que deberá decidir, con superior criterio, el juez. |
La formación liderada por Eberhard Grosske en el Ayuntamiento de Palma aplaudió ayer esta decisión judicial y recordó que conllevará la incoación de las correspondientes diligencias previas, entre las cuales estará la comparecencia como imputados de Catalina Cirer y Rodrigo De Santos.
Apesar de albergar importantes irregularidades urbanísticas; de que los planos fueran falseados por el ingeniero contratado por Bartolomé Cursach; de funcionar como una macrodiscoteca al aire libre con una licencia de restaurante de un tenedor; e incluso de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ordenara a Cort la clausura inmediata del establecimiento y de que este periódico diseccionara durante meses el escándalo, el cierre no se produjo hasta el mes de septiembre, cuando la temporada ya había tocado a su fin.
La querella destaca que «al inicio del presente mandato municipal, en junio de 2003, el nuevo Consistorio, hereda un expediente administrativo absolutamente irregular y una actuación administrativa caracterizada por su inactividad e incoherencia que vulnera derechos fundamentales de los vecinos».
Y «la explicación a tanta irregularidad», según reza la denuncia, «es simple: la personas socias de Magainver, la entidad que explota el MegaPark, son personas de gran poder económico y se dice también, con influencias en los círculos políticos». Partiendo de esta base, «los políticos no han actuado, sin dar cumplimiento a sus propias resoluciones», dándose el agravante de que «con el nuevo Consistorio esta situación ya se convirtió en un tema recurrente en los medios de comunicación, produciéndose en ellos noticias y comentarios a diario».
La reapertura
Y, «a pesar de ello», añade la denuncia, «las irregularidades en vez de solventarse, aumentaban con la condescendencia de los responsables políticos objeto ahora de esta acción penal». La primera de ellas, siendo Catalina Cirer alcaldesa de Palma, tuvo lugar al iniciarse la pasada temporada de verano.En aquel momento, «la entidad explotadora del MegaPark solicitó al Ayuntamiento de Palma la placa de distintivo de establecimiento público que, después de diversos informes de los técnicos municipales fue denegada por un decreto de finales de mayo, el cual señalaba claramente la imposibilidad de reapertura de la discoteca».
Sin embargo, «a pesar del decreto de mayo y de las reiteradas y claras actuaciones anteriores, el Ayuntamiento deja que se abra de nuevo la discoteca». Y prosigue la querella interpuesta por EU-EV que «tras la reapertura se suceden las denuncias en el ámbito mediático y particular sin que ello altere la línea de actuación del Ayuntamiento, línea que el concejal responsable de Urbanismo, en declaraciones efectuadas el 22 de julio a la prensa llega a explicitar en forma de un pacto con los responsables del MegaPark por el cual el Ayuntamiento no procedería al cierre 'mientras se respetaran los horarios y la normativa sobre ruidos' ».
Esta situación, «escandalosa por reiterada y despreciativa de la legalidad, llega a su punto álgido a resultas del recurso contencioso administrativo» interpuesto por el hotel vecino. En plena temporada, con la discoteca MegaPark abierta de par en par y funcionando a pleno rendimiento, el Tribunal Superior dictó un auto mediante el cual ordenaba a Cort «decretar la paralización y clausura de la actividad clandestina de sala de fiestas que viene desarrollándose en el establecimiento MegaPark».
Sin embargo, «la realidad es que, una vez más, el MegaPark mantiene su actividad inalterada hasta pocos días antes del final de la temporada turística». Y como prueba de ello, la formación liderada por Grosske ha aportado algunas actas de la Policía Local que daban fe de que el establecimiento de Cursach estaba abierto «con la presencia de 800 personas en el local, 325 más de las autorizadas».
Con todos estos hechos sobre la mesa, EU-EV concluye en su denuncia que «han sido los responsables políticos ahora querellados quienes, ignorando los dictámenes de sus propios técnicos, sus propios decretos, y en un ejercicio sutil de cinismo han ofendido el principio de legalidad en el ejercicio de su función pública, principio esencial, en un Estado de Derecho».
Más noticias de este mes | Último mes | Índice general de noticias
Página principal de ruidos.org