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Madrid, 04/09/03
El proyecto de Ley de Ruido continua su tramitación parlamentaria a pesar de las críticas de la oposición
La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados ha aprobado el dictamen del proyecto de Ley del Ruido, en el marco de una sesión marcada por las criticas de la oposición por la falta de concreción de la iniciativa, que de acuerdo con las previsiones del PP entrará en vigor en julio de 2004.
Redacción
Como ya ocurrió al inicio de su tramitación, el proyecto gubernamental ha sido duramente criticado por los principales partidos de la oposición, IU y PSOE, y los grupos nacionalistas, que han considerado que la normativa carece de concreción, puesto que deja demasiadas cuestiones para su posterior desarrollo reglamentario.En concreto, PSOE e IU denuncian que el texto deja pendientes 10 de los 31 artículos de la normativa, lo que a su entender convierte la futura ley en "inaplicable". Desde filas socialistas se considera que la ley necesita una mayor concreción puesto que no define ningún tipo de objetivo.
Desde IU, por su lado, se ha considerado que la futura normativa, que tiene como principal objetivo prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica en el Estado español, es una "translación imperfecta" de los mínimos europeos que únicamente pretende cubrir el expediente.
Este comentario se refiere al hecho que el proyecto de Ley del Ruido, que por primera vez recoge la consideración del ruido integral como fuente emisora, significará la transposición al Ordenamiento Jurídico español de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, relativa a evaluación y gestión del ruido ambiental.
Las transposición de la directiva comunitaria implicará, entre otros muchos aspectos, las creación de las Zonas de Servidumbre Acústica, las cuales se situarán en torno de las infraestructuras y equipamientos públicos.
Otros de los aspectos destacables de la normativa se refieren a la confección de mapas de ruido, los cuales serán elaborados por las autoridades competentes, quienes dispondrán de información uniforme sobre los distintos niveles de contaminación acústica, así como la definición del grado de exposición de los ciudadanos al ruido.
Asimismo, el texto, que persigue evitar los riesgos y daños que provoca este tipo de contaminación en el entorno, establece un régimen sancionador que contempla multas de hasta 300.000 euros en los casos más graves, que pueden llegar incluso a cerrar las instalaciones emisoras de ruido, así como los nuevos límites máximos de ruido en el interior de las viviendas. Éstos se reducirán de los 80 decibelios actuales hasta los 65.
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