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Madrid, 30/05/03
La Ley del Ruido obligará a insonorizar las viviendas para ponerlas a la venta
La calidad acústica será un factor relevante en la clasificación del suelo de cada ciudad. La nueva norma superó su primer trámite en el Congreso con el único apoyo del PP
ARANTZA PRÁDANOS
La Ley del Ruido pasó ayer jueves con holgura su primera prueba parlamentaria. La mayoría del PP fue suficiente para derrotar la enmienda de devolución del PSOE -apoyada por IU y con la abstención de los partidos nacionalistas - y dar vía libre a la tramitación ordinaria del proyecto en el Congreso de los Diputados.La futura norma obligará al vendedor de un inmueble o una vivienda a responder y costear la reparación de posibles vicios acústicos ocultos que afloren por defectos en el aislamiento e insonorización y que vulneren los estándares de calidad vigente en cada caso.
La ley clasifica en «áreas acústicas» los espacios y los ámbitos territoriales con los mismos objetivos de calidad acústica, que se calcularán según futuros índices de emisión e inmisión (el nivel de ruido recibido en un determinado ambiente). La administración competente delimitará luego estas áreas en función del uso predominante del suelo (residencial, industrial, recreativo, sanitario, docente, infraestructuras y equipamientos públicos, o espacios naturales).
La calidad acústica será un factor relevante en las clasificación del suelo, la planificación urbanística y la edificación. A partir de su entrada en vigor, la concesión de nuevas licencias de construcción de edificios de viviendas, hospitales, centros educativos o culturales y otros de interés público estará ligada a la obtención de una certificación acústica y al cumplimiento de los niveles de calidad sonora que rijan en el área correspondiente.
Mapas de ruido
Las administraciones competentes deberán elaborar «mapas de ruido» en dos fases -una primera hasta junio de 2007, y otra para el mismo mes del año 2012-, en torno a todas las grandes carreteras, ejes ferroviarios más importantes, grandes aeropuertos y aglomeraciones urbanas de más de 100.000 habitantes; y estarán obligadas a informar a la ciudadanía sobre niveles de contaminación acústica.Se crean las «zonas de servidumbre acústica» en el entorno de las grandes infraestructuras, y las «reservas de sonidos de origen natural», aquéllas en las que el grado de contaminación acústica por actividad humana deba ser imperceptible.
La Ley del Ruido traspone una directiva comunitaria de 2002 y será una Ley básica, un marco normativo mínimo común a todas las Autonomías, sin perjuicio de que cada Comunidad establezca sus propios controles, límites y excepciones.
Fija un régimen de sanciones económicas que van desde 600 hasta 300.000 euros, en función de la gravedad de la infracción, que, según los casos, puede llevar aparejada también el cierre temporal o definitivo de instalaciones, y la revocación de permisos administrativos y licencias por un máximo de 5 años.
Atajar la contaminación
Para todos los grupos atajar la contaminación acústica, que hace de la española una de las sociedades más ruidosas del mundo, es un imperativo de bienestar y progreso. La oposición, sin embargo, detecta carencias importantes en el texto gubernamental. Entre ellas, la falta de concreción de algunas de sus principales propuestas. Tanto las áreas acústicas, como los mapas y los límites de ruido, la fijación de niveles de emisión e inmisión sonoras, se dejan a expensas de un posterior desarrollo reglamentario, sujeto -se temen los socialistas- a arbitrariedades que puedan incluso desvirtuar la Ley. Esto hace del proyecto a debate una cáscara vacía a día de hoy. «Papel mojado» para Víctor Morlán, del PSOE, o un «brindis al sol» en palabras de Jordi Martí, de CiU.Recurrirla
El portavoz convergente denunció una importante invasión competencial en los preceptos de la Ley. Tanta -dijo- que si en la negociación de las enmiendas parciales no se cambia el sesgo centralista, la Generalitat catalana no dudará e recurrir «ante el Tribunal Constitucional».La ministra de Medio Ambiente, que defendió ante el pleno la iniciativa gubernamental, negó la pretensión de invadir competencias atribuidas a las autonomías y a las corporaciones municipales. Elvira Rodríguez admitió que tal vez no se hubiese afinado lo suficiente y se declaró dispuesta a «hacer todo lo posible para que se aclare» en posteriores trámites parlamentarios.
A la otra queja del resto de los grupos, la de la financiación, se mostró menos sensible. La oposición protestó por la falta de concreción económica del proyecto. Sólo la cartografía sonora del país que propone costará, según el Ministerio, unos 30 millones de euros repartidos en dos fases; 15,4 millones hasta el 2007, y 13,8 millones hasta el año 2012.
PSOE, CiU y los demás grupos de oposición temen un nuevo ejemplo del yo legislo y tú pagas que -dicen- ha practicado el Gobierno en cuestiones como la reforma educativa y de la sanidad, entre otras. La carga económica de la Ley del Ruido recaerá también aquí sobre las administraciones competentes, es decir, CCAA y ayuntamientos, sobre el sector privado y, en último término sobre los ciudadanos.
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