La contaminación de una nave pone en pie de guerra a 150 vecinos de Algorós

La actividad, que consiste en pegados, aprestos con látex y resinas, causa salida de gases y humos desde hace 8 años. Desde 2000, Policía Local y Seprona han denunciado siete veces a la empresa por las molestias y no respetar la clausura

GENOVEVA MARTÍN

Según sopla el viento, el olor es más o menos intenso, pero siempre penetrante e irritante para los ojos y la garganta. Así ocurre desde 1995, cuando vecinos de la partida de Algorós, que habitan todos ellos en las cercanías del actual Colegio Carmelitas, empezaron a sufrir «nauseas, dolores de cabeza y dificultades para respirar» al poco tiempo de ponerse en marcha una nueva actividad industrial, en una nave que se construyó pegada a unos chalés. La fábrica se dedica a la industria de pegados, aprestos con látex y resinas, tal como consta en los informes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y en numerosas actas de inspecciones de la Policía Local.

La primera denuncia de los vecinos se remonta al 14 de febrero de 1995. Se presentó en el Ayuntamiento por «las innumerables molestias ocasionadas por la empresa, que carecía de licencia de actividad». Un año después llegó la segunda en los mismos términos. En mayo de 1996, el negociado municipal de Comercio, Industria y Sanidad comunicó a los vecinos que la industria no podrá ejercer actividad ninguna hasta que no aporte la documentación pertinente.

Al seguir todo igual en septiembre de 1996, los denunciantes acuden a la Conselleria de Medio Ambiente. Un mes más tarde, el Ayuntamiento declara la clausura de la fábrica y emplaza al propietario a cesar su actividad en quince días. Sin embargo, la industria no dejó nunca de funcionar, según consta en todas las denuncias. Muy al contrario, la actividad se prolongaba por las noches, agravándose las molestias por el ruido constante de las máquinas.

Las protestas y quejas no cesaron en los meses siguientes, pero la fábrica continuó trabajando y amplió las instalaciones a pesar del decreto de clausura. Desesperados, los perjudicados optaron por contratar a un letrado al considerar que «había consentimiento de la propia administración local». En junio de 1999, la Policía Local visitó el lugar y realizó un informe detallado donde hizo constar las irregularidades administrativas y la presencia de gases irritantes. No sirvió de nada.

En junio de 2000, 150 vecinos acudieron al Seprona. Un mes más tarde, la Policía Local realizó una nueva inspección en la nave, localizando un vertido incontrolado de residuos supuestamente tóxicos en una arqueta común de riegos. Con esta agua, los vecinos regaban árboles frutales y hortalizas. En febrero de 2001, la Policía Local denunció al dueño de la fábrica por realizar obras sin licencia municipal. En julio del mismo año, los agentes levantaron acta al rebasarse los límites sonoros permitidos por la ley.

Un años después, la Policía volvió a denunciar al propietario por carecer de licencia de apertura, tal como reconoce el mismo. Dos meses después se produjo otra denuncia policial por las mismas razones. Finalmente, hace pocas fechas, los vecinos presentaron una reclamación de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento por vulneración de derechos fundamentales por su supuesta pasividad.

Hace un mes, el Seprona volvió a la fábrica donde realizó unos análisis. De momento no se han dado a conocer los resultados. Pero, la espera de los vecinos se ha convertido en cansancio y enfado generalizado. No entienden como « la fábrica sigue funcionando con un colegio al lado, el de las Carmelitas, sin saberse a ciencia cierta la toxicidad de las emisiones y sus posibles efectos sobre la salud de los niños».

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