La Junta asumirá el control del ruido si no actúan los ayuntamientos

El nuevo decreto que prepara el Gobierno andaluz puede estar listo en verano

Medio Ambiente atenderá las denuncias de los vecinos e impondrá sanciones

QUICO CHIRINO

INTERVENCIÓN. Agentes de la Policía Local durante un control en la zona de la movida . / JUAN ORTIZ

DATOS Tráfico: Los turismos provocan el 50% del ruido y las motocicletas cerca del 20%. En total, el tráfico terrestre acumula el 80,9%. La calle: La conversaciones causan el 2,9% del ruido, el 1,6% los gritos y el 1,9% los niños jugando. Ocio: Los bares y discoteca provocan el 3,5% de la contaminación acústica y las actividades deportivas sólo el 0,1%.

Acabar con los coches de la movida El nuevo decreto de ruido también se propone acabar con los molestos coches-discoteca que se han hecho populares en la movida nocturna. Se trata de lo que los expertos denominan actuar contra los «efectos acumulativos del ruido», por ejemplo, aquel que provocan las concentraciones que acuden al reclamo de los bares de moda y montan en su entorno botellones y vehículos con equipos de música a todo volumen. Es una materia complicada que exige coordinación con los ayuntamientos. Se trata de locales legales, que se adaptan a las ordenanzas, pero que son un germen de ruido. La intención es incluir en el decreto medidas para poder exigir obligaciones a los propietarios de los establecimientos para que tengan en cuenta este tipo de fenómenos. Pero no todo es el ruido externo, también se aumentará el nivel de aislamiento de la nuevas edificaciones. Aunque no es especialmente relevante, la radio, la televisión o la música en el interior de una vivienda provoca cerca del 1% de la contaminación acústica.

Según ha anunciado a este periódico la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, la Junta de Andalucía está dispuesta a asumir «subsidiariamente las competencias» en materia de ruido cuando haya «inactividad por parte de los ayuntamientos». Es decir, será la propia Consejería de Medio Ambiente la que tramite las denuncias que los vecinos hagan ante la Policía Local si los ayuntamientos no hacen nada para garantizar el descanso de los ciudadanos, aunque en realidad son los municipios los que tienen las competencias.

«Es un tema conflictivo pero es fundamental actuar, en una región ruidosa, sobre todo en la época estival. Todo esto hay que conjugarlo con el descanso de los ciudadanos», expresa Coves. Sin embargo, los ruidos de las terrazas de verano o de la movida no son más que una anécdota en un problema coyuntural de peso. Según los últimos datos del Instituto Andaluz de Estadística, el 80% de la contaminación acústica que padecen las ciudades lo origina el tráfico terrestre. «Los problemas de tráfico tienen que tener una solución porque el tema de la movilidad urbana genera una parte importante de gases invernaderos», sentencia la consejera. En esta línea, la Junta está promocionando el uso de los transportes públicos de viajeros en el marco del programa Ciudad 21 , del que ya forman parte 111 ayuntamientos andaluces.

El problema del ruido ha motivado, en la antesala del verano, que el Defensor del Pueblo Español se haga eco de las quejas vecinales y alerte sobre el control de las licencias a las terrazas de verano en algunas zonas de Andalucía. También el fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón, ha mostrado su preocupación y se ha comprometido a perseguir los casos graves de emisión de ruidos.

Baile de competencias

Un decreto de ruido ambicioso que todavía tiene algunos aspectos por pulir. Por ejemplo, si el documento legal incluirá aspectos concretos sobre las mediciones y cómo realizarlas, como pretenden las asociaciones vecinales. Sin embargo, esta materia es más propias de las ordenanzas municipales. El decreto aportará el marco legal. Dará herramientas y recursos económicos a los ayuntamientos para que actúen contra el ruido y atiendan las denuncias de los vecinos.

«Todos los problemas medioambientales de los municipios no son homologables. Hay que hacer un diagnóstico porque no es lo mismo Sevilla que Motril», resume Fuensanta Coves. En esta línea, la nueva directiva obliga a los ayuntamientos a elaborar mapas de ruidos y planes de acción con la participación de los ciudadanos.

El decreto, que puede pasar al Consejo de Gobierno en junio y aplicarse este verano, viene a desarrollar la Ley de Protección Ambiental de 1994 y el Reglamento de Calidad del Aire de 1996, donde se contemplan sanciones de hasta 300.000 euros -50 millones de pesetas-. Una normativa que también completará el proyecto de Ley de Ruido del Gobierno central, remitido en abril al Congreso. También el Código Penal recoge las emisiones de ruido como un delito medioambiental. Ya existe una sentencia del Tribunal Supremo en Madrid que condena a pena de cárcel al propietario de una discoteca que no dejaba dormir a los vecinos.

Más noticias de este mes | Último mes | Índice general de noticias
Página principal de ruidos.org